Los mineros quieren una indemnización por las obras de la M-45

La construcción de la autovía M-45, de 36 kilómetros de longitud, se ha topado con un inesperado problema bajo su asfalto. La empresa minera Tolsa, multinacional española especializada en la extracción de sepiolita (un material absorbente), ha reclamado a la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Urbanismo, promotora de la obra, 2.700 millones de pesetas de indemnización. Con la autovía, la extracción del material es imposible.

La empresa minera, según se explica en un documento de la Comunidad de Madrid, exige este dinero por la 'cesación en el ejercicio de sus derechos mineros para explotar la sepiolita existente bajo los terrenos del municipio de Madrid sobre los que esa nueva carretera [la M-45] habría de discurrir'. La M-45 es una autovía -de hasta 10 carriles en algunos de sus tramos- que enlazará el este y el sur de la región. Atraviesa, en Madrid, los distritos de Vicálvaro y Vallecas Villa. Discurrirá entre la M-40 y la M-50, pero Tolsa, desde los años setenta, cuenta con derechos de explotación de sepiolita precisamente en las zonas por las que pasa la autovía (ver gráfico). Esta previsto que la nueva infraestructura se inaugure a principios de 2002.

Tolsa explica en su reclamación que los 2.709 millones que exige son el 'valor actual de los beneficios líquidos que hubiera podido obtener del aprovechamiento de la sepiolita existente bajo dicho tramo de nueva carretera si la ejecución del mismo no hubiera impedido su explotación'.

En concreto, la minera señala que son dos sus explotaciones afectadas directamente por la autovía (Victoria II y Victoria V). Recuerda que de la primera se pueden extraer 571.000 toneladas de sepiolita y de la segunda 360.000. El precio de la sepiolita, 'después de ser tratado y envasado, se comercializa al precio medio de 19.294 pesetas'. Con estas premisas y aplicando una serie de factores de corrección (alquiler de terrenos, excavaciones, tipos de interés, duración de la temporal de la explotación...), los técnicos de la empresa valoran las pérdidas en los 2.709 millones citados.

Sin embargo, la sociedad concesionaria de la ejecución de dicho tramo, un grupo de empresas encabezado por FCC y que también es beneficiaria de la explotación, replica que con 'la construcción de la nueva carretera M-45 no procede abonar a Tolsa indemnización expropiatoria alguna'. Los concesionarios argumentan que como el Plan General de Madrid de 1997 calificó como urbanizables los terrenos por donde trascurrirá la autovía, 'el ejercicio efectivo de tales derechos ha quedado vacío de cualquier contenido patrimonial que hubiera de ser objeto de la indemnización expropiatoria'.

Plan General recurrido

De hecho, FCC recuerda que Tolsa tiene recurrido todo el Plan General en los tribunales desde 1998 y que los jueces aún no han resuelto el caso. Por tanto, no van los concesionarios a pagar una expropiación que los tribunales no han resuelto.

El portavoz de Urbanismo del grupo parlamentario socialista, Modesto Nolla, cree que la reclamación económica de Tolsa tiene su origen 'en la política errática del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón con los derechos de las explotaciones mineras, lo que puede dificultar la política regional de infraestructuras'.

Según el diputado del grupo socialista, el Ejecutivo regional 'ha actuado de una manera irresponsable, al no haber decretado la caducidad de los derechos de las explotaciones mineras en la zona'.

Por su parte, fuentes del Gobierno regional afirman que 'los mineros no tienen ninguna posibilidad de ganar en este contencioso, ya que no explotaban la zona y el suelo está recalificado como urbano'.

Pero Nolla replica que recientemente la Dirección General de Minas unificó todas las explotaciones de la zona, 'argumento que ha servido a los mineros para reclamar sus derechos sobre áreas que no explotaban'.

Tolsa es el líder europeo en producción y comercialización de arcillas, ya que cuenta con empresas y minas en activo en España, Francia, Italia, Bélgica, Senegal, Marruecos y Reino Unido. Es una empresa de capital español y copa el 45% del mercado europeo de sepiolita. Su fábrica principal se encuentra en Vicálvaro, donde trabajan unas 270 personas.

Por su parte, la futura M-45 es una concesión a 29 años del Gobierno regional a FCC. La Comunidad, que no ha construido esta obra, pagará a las constructoras en función del número de vehículos que la atraviesen. Es lo que se conoce como peaje en la sombra. Se calcula que por ella pasarán entre 80.000 y 100.000 vehículos diarios.

La futura M-45 tiene unos costes previstos de construcción cercanos a los 50.000 millones de pesetas. Pero éstos pueden elevarse, ya que ha sufrido grandes modificaciones a consecuencia de pasar muy cerca del aeropuerto de Barajas y de zonas muy pobladas del sur de Madrid.

Atravesará los nuevos barrios de Vallecas, Valdecarros y Vicálvaro, donde el Ayuntamiento de Madrid planea construir más de 100.000 viviendas. Para reducir el impacto de esta infraestructura, los técnicos regionales han pedido a las constructoras que levanten grandes murallones de tierra (denominados carballones) de hasta 10 metros de altura. Los carballones serán posteriormente reforestados.