El fantasma de la confiscación de ahorros

Es difícil que a algún argentino no se le haya cruzado por la cabeza el viernes o ayer la imagen del ex ministro

de Economía Antonio Erman González. Este hombre, mano derecha del ex presidente Menem, también ex ministro de Trabajo y de Defensa y hoy detenido y procesado por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, se dirigió a los argentinos en la Nochevieja de 1989, un sábado, para decirles que desde el lunes 2 de enero, la mayor parte de sus ahorros se transformarían forzosamente en bonos de deuda pública.

La medida, conocida como plan bonex, se recuerda como uno de los más grandes atropellos a la propiedad de los argentinos en la historia del país. Argentina se paralizó por seis días, 144 horas en las que los bancos cerraron y en las que hubo desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos porque los comerciantes no sabían a qué precio vender. Aunque el plan lo anunció González, la mayoría de los expertos y ciudadanos de Argentina atribuyeron la idea a Domingo Cavallo, que sucedió a González poco después y que hoy es ministro de Economía con otro gobierno.

El plan bonex no consiguió aplacar la crisis del país y provocó que la gente perdiese dinero, puesto que estos bonos se reembolsaron a precio de un mercado en franco declive. El plan se puso en marcha en circunstancias parecidas a las de ahora, tras varios días en que fue imposible evitar que los argentinos corrieran a los bancos para sacar su dinero. Había entonces hiperinflación y no había paridad en el tipo de cambio. Tampoco existía una ley que impidiera este tipo de confiscaciones como la que se aprobó en agosto pasado. A pesar de las garantías de que un plan bonex nunca se repetirá, en Argentina nadie se fía.