Recurso de la Diputación de Barcelona contra el reparto de las ayudas Feder

La Diputación de Barcelona ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el plan de ayudas europeas Feder que distribuye la Generalitat de Cataluña entre los municipios catalanes. El organismo provincial ha iniciado una batalla judicial para forzar un reparto más ajustado al propósito de los fondos europeos, que considera mal distribuidos. El recurso forma parte de la guerra que dirimen las dos administraciones y que se traduce en un intercambio de acciones judiciales.

La Generalitat tiene impugnados, según fuentes de la Diputación de Barcelona, los presupuestos de esta entidad para el año 2001 y el último plan de ayudas Xarxa, del mismo organismo.

El Ejecutivo catalán ha repartido en Cataluña 10.785 millones de pesetas (64,8 millones de euros) de los fondos Feder en el periodo 2000-2001, unos 6.000 millones en la provincia de Barcelona, lo cual supone que junto a los programas Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), de la Generalitat, y Xarxa de la Diputación, son una de las principales fuentes de subvención a la Administración local.

En estos momentos, desde la Generalitat se está a la espera de recibir la notificación del recurso contencioso administrativo, en un momento de compás de espera tras el nombramiento de Ramon Espadaler como consejero de Medio Ambiente porque ha dejado temporalmente sin responsable a la Dirección General de Administración Local, cuyo titular era Espadaler.

Portavoces del Departamento de Gobernación admitieron ayer el conflicto con la Diputación de Barcelona, pero no quisieron realizar ningún comentario al respecto a la espera de conocer los detalles y la argumentación jurídica del contencioso presentado.

Un problema de criterios

El diputado de Cooperación de la Diputación de Barcelona, Jordi Labòria, asegura que la distribución de los fondos Feder que ha hecho la Generalitat a través de su Dirección General de Administración Local, del Departamento de Gobernación, 'es discriminatoria' hacia la Diputación y los grandes municipios, ya que mantiene que se ha dado prioridad de forma muy considerable a los proyectos de los municipios pequeños.

Además, según Labòria, algunas ayudas recibidas no se ajustan a los criterios establecidos para la concesión de los fondos, y cita como ejemplos las que son para construir centros cívicos o para mejorar y rehabilitar edificios históricos.

A pesar de que tanto la Diputación como los ayuntamientos más importantes de la provincia estén dirigidos por equipos de gobierno con mayoría socialista, Labòria no considera que la discriminación esté ligada al color político.

A juicio de Labòria, los fondos Feder deberían centrarse en la promoción económica de los municipios y en la del territorio. En los documentos de solicitud de los fondos, la Generalitat explicaba que las prioridades en el reparto atenderían preferentemente a la mejora de la competitividad, la ocupación y el desarrollo del tejido productivo, los programas del medio ambiente y los recursos hídricos, el desarrollo de la red de comunicaciones y la red de energía, y el desarrollo local y urbano.