Ibiur, el embalse empantanado

El proyecto del embalse de Ibiur fue aprobado en el último consejo de ministros presidido por Felipe González. Hoy, la presa tenía que estar en funcionamiento para garantizar el suministro de agua potable a los 52.000 habitantes que pueblan los 12 municipios de la comarca de Tolosa y Andoain. Sin embargo, una cadena de conflictos institucionales, políticos y partidistas ha impedido siquiera el inicio de las obras.

La accidentada historia de Ibiur comienza el 5 de octubre de 1997, fecha en la que el Ministerio de Medio Ambiente, dirigido entonces por Isabel Tocino, adjudicó las obras del embalse con más de un año de retraso a las empresas Altuna y Uría y ACS por 14,7 millones de euros (2.453 millones de pesetas). Ese contrato fue rescindido tres años después porque las contructoras reclamaron algunos cambios en el proyecto de obra y la consiguiente subida económica en el presupuesto fijado en la adjudicación. Entretanto, el municipio de Baliarrain, en cuyo territorio se construirá el pantano, ha exigido una indemnización de 200 millones a la Diputación de Guipúzcoa para compensar los inconvenientes que acarreará al municipio esta infraestructura hidráulica.

El Gobierno central declaró Ibiur como una presa de interés general del Estado

Restricciones de agua

Este cruce de intereses y obligaciones, en el que se han visto implicados el Gobierno central, la Diputación y el Ayuntamiento de Baliarrain (88 habitantes), adquiere ahora un cariz acusadamente político cuando el PP, el PNV y Batasuna, respectivamente, tratan de responsabilizar al prójimo del retraso en el inicio de las obras del embalse.

El Ministerio de Medio Ambiente declaró Ibiur como una infraestructura de interés general del Estado y lo incluyó en el Plan Hidrológico Nacional. El embalse fue proyectado con un aforo máximo de 7,53 hectómetros cúbicos de agua, con una altura de presa de 62 metros y una coronación de 220 metros de longitud. Su construcción cerraría la red de embalse de Guipúzcoa, en cuya geografía se reparten actualmente nueve pantanos: Añarbe y Artikutza en Donostialdea, San Antón en el Bidasoa, Barrendiola en el Alto Urola, Urkulu en el Alto Deba, Ibai Eder en el Bajo Urola, Lareo y Arriaran en el Goierri y Axiola en el Bajo Deba.

Los alcaldes de los 12 municipios afectados han elevado su voz en varias ocasiones por los perjuicios que está produciendo la demora en la construcción del embalse, cuyos efectos son muy notables durante el verano y las épocas de escasez de lluvias.

El Gobierno central asegura que tiene presupuestados 15,5 millones de euros para costear las obras de Ibiur, pero permanecerá de brazos cruzados hasta que la Diputación y el Ayuntamiento de Baliarrain 'solucionen su conflicto por las indemnizaciones', afirma Gonzalo Quiroga, senador del PP por Guipúzcoa. 'La única responsabilidad en este asunto', prosigue Quiroga, 'corresponde a la Diputación y a Baliarrain por no llegar a un acuerdo de indemnización que haga posible desarrollar el proyecto' de Ibiur.

El alcalde de Baliarrain, Martzelino Dorronsoro, de Batasuna, exige una contrapartida de 1,2 millones de euros a la institución foral por la ocupación de terrenos y anuncia que su municipio se mantendrá 'firme' y hará 'todo lo que esté en nuestras manos para que no nos pisoteen'. Este consistorio no librará la licencia municipal, advierte Dorronsoro, hasta ingresar en sus arcas la citada reclamación económica.

Las Juntas Generales de Guipúzcoa han aprobado esta pasada semana una declaración institucional en la que solicitan al Gobierno central que apruebe y ejecute 'sin más demora' el proyecto para garantizar 'un suministro de agua en condiciones óptimas de cantidad y calidad' para la comarca. También insta a los ayuntamientos implicados a que 'allanen el camino para posibilitar' la construcción de la presa.

El senador guipuzcoano del PNV Jokin Bildarratz, por su parte, acusa al Gobierno del PP de 'no cumplir sus compromisos' y de 'castigar políticamente a una comarca en la que el PP tiene poco interés electoral'. Bildarratz afirma también que el Ministerio de Medio Ambiente catalogó la obra como de 'interés general del Estado', por lo que 'no es preceptiva la licencia municipal' de Baliarrain para comenzar las obras.

En medio de este conflicto cruzado, la Diputación ha decidido recientemente desviar los 12 millones de euros (2.000 millones de pesetas) que tenían reservados para la construcción de la estación depuradora de Ibiur a la financiación de las obras de canalización de agua en la comarca de Tolosaldea. El Ejecutivo foral considera que no tiene sentido construir la depuradora mientras el Gobierno central no construya la presa.