Usos y abusos

La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado se ha convertido en la tentación permanente de Gobiernos sucesivos para colar de tapadillo y con rapidez cambios legislativos importantes a través de una especie de trámite parlamentario abreviado, que evita el control estricto del Congreso. Los Ejecutivos del PSOE utilizaron este recurso con profusión; pero los del Partido Popular llevan camino de batir un récord de abuso.

En la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos del año 2002, el Gobierno que preside José María Aznar pretende inventar un nuevo impuesto sobre los carburantes -contra el que ya se han anunciado recursos ante el Tribunal Constitucional-, aumentar el impuesto sobre las bebidas alcohólicas un 8%, encarecer con una nueva tasa los viajes por ferrocarril so pretexto de aumentar, ante la nueva situación de crisis mundial, la seguridad de los viajeros o modificar el Estatuto de Radiotelevisión Española.

El Ejecutivo se ha atrevido incluso a proponer la anulación de las subvenciones electorales al grupo político Batasuna a través de la Ley de Acompañamiento, una medida de dudosa legalidad, pero que ilustra su impulso a gobernar sin aceptar cabalmente las pautas del control parlamentario.

De esta forma se ha llegado a la situación de pretender que a través de la Ley de Acompañamiento se introduzcan modificaciones sustanciales en una ley de carácter orgánico, como es la de Financiación de las Comunidades Autónomas, con el aumento discrecional de los impuestos indirectos sobre el alcohol y el tabaco para compensar la necesidad de recursos de la sanidad autonómica.

El deterioro de los usos democráticos que provoca el recurso constante a la Ley de Acompañamiento ya sería motivo suficiente de denuncia. Pero hay otras razones de peso. El procedimiento fácil de la enmienda favorece la arbitrariedad. Decisiones económicas discrecionales e impulsivas -como las subidas fiscales en los combustibles y el alcohol- se meditarían un poco más si no fuera tan fácil su aprobación por este trámite simplificado; y aumentaría con ello la seguridad jurídica de las empresas y de los contribuyentes, hoy deteriorada por el abuso de las enmiendas por sorpresa.

Parece urgente, pues, que el Parlamento limite este recurso, degradado por años de uso caprichoso, a sus fines iniciales, que son los de complementar la Ley de Presupuestos con las medidas estrictamente necesarias para su aplicación. La oposición socialista tiene en esta batalla la oportunidad de impulsar la regeneración de la Ley de Acompañamiento, y desmentir así la especie de que a ningún partido con probabilidad de gobernar le interesa prescindir de un instrumento legal tan barato. El Gobierno del Partido Popular, por su parte, podría demostrar que es capaz de dirigir con mayoría absoluta los asuntos públicos sin recurrir a trucos que bordean el menoscabo de las reglas democráticas.