El adelanto de las elecciones autonómicas entra en la previsión de todos los partidos catalanes

La especulación sobre el calendario electoral ha entrado ya en las conversaciones de los diputados y los cálculos de los partidos. La aprobación de los presupuestos de la Generalitat para 2002 podría ser, en opinión de muchos diputados, el último gran servicio del PP a CiU en esta legislatura. A partir de enero, los conservadores y los nacionalistas comenzarán a pensar tanto en la estabilidad parlamentaria del Gobierno de Jordi Pujol como en sus respectivos intereses electorales. La cuestión está en si a CiU y al PP, o a una de las dos fuerzas, les conviene un adelanto electoral en Cataluña.

A estas alturas, esta pregunta no tiene respuesta concreta. La legislatura vence en otoño de 2003. Si hubiera adelanto electoral sería para la primavera de 2003, o para antes. Pero en la primavera de 2003 habrá elecciones municipales y autonómicas en 13 comunidades y el criterio de Jordi Pujol ha sido siempre no hacer coincidir las elecciones catalanas con las de otras autonomías.

Hay opiniones para todos los gustos, tanto a favor del adelanto como de agotar la legislatura. Pero hay también algunas coincidencias. Una de ellas es que tanto para los conservadores como para los nacionalistas llega ya la hora en que puede interesarles marcar las diferencias, señalar los respectivos perfiles propios tras una colaboración de seis años que ha tendido a configurarles como un bloque, sobre todo en cuestiones sociales y económicas, y ha relativizado extraordinariamente sus diferencias en clave nacionalista.

Entre los convergentes, el maridaje CiU-PP causa incomodidad desde el primer momento, el año1996, a una parte del partido. Muchos diputados y dirigentes no ocultan el repelús que les provoca el pacto con el PP. Y han presionado, en público y en privado, para que Pujol sustituyera esa alianza por otra con Esquerra Republicana (ERC).

En la otra parte, los dirigentes catalanes del PP estiman que se llevan la peor tajada en la asociación con Pujol. Aunque han procurado obtener contrapartidas que les permitieran presentarse en Cataluña como una fuerza influyente en el Gobierno de la Generalitat, son conscientes de que han carecido de margen de maniobra suficiente.

El compromiso reiteradamente sostenido por Alberto Fernández Díaz es, no obstante, que los 12 diputados del PP garantizarán la estabilidad del Gobierno de CiU hasta el final de la legislatura. La dirección catalana del PP tropieza con el obstáculo, sin embargo, de que no puede tomar por su cuenta decisiones tan importantes como la de provocar la caída del Gobierno de Pujol.

CiU y PP comparten el deseo de proceder a una paulatina separación, pero sin poner en riesgo la estabilidad del Gobierno. Para ello haría falta el concurso de los demás partidos, o de alguno de ellos. Los dirigentes de CiU piensan que ERC se prestará fácilmente a apoyar algunas iniciativas legislativas de los nacionalistas, no en vano los republicanos han convertido la equidistancia entre CiU y PSC en la guía para esta legislatura.

En cualquier caso, 2002 será un año distinto al actual porque la posibilidad de un adelanto electoral figura entre las previsiones de los partidos. Será ya un año preelectoral.