La paz radioeléctrica tiene marcha atrás

Las compañías de móviles han firmado la paz con el Gobierno a propósito de la tasa radioeléctrica, un impuesto oneroso por utilizar el aire como medio de transmisión que el Ejecutivo reinventó en verano de 2000 para paliar la baja recaudación obtenida -522 millones de euros- por las cuatro licencias de la nueva telefonía móvil (UMTS), frente a los éxitos multimillonarios de las subastas del Reino Unido (30.000 millones de euros) y Alemania (50.400 millones de euros).

Pero no se trata de una paz incondicional sino más bien de una tregua, con plazos y cláusulas más o menos ocultas. La primera parte del acuerdo, la que se ha hecho efectiva, incluye el pago de la tasa correspondiente a 2001 y el compromiso de no beligerancia verbal contra el Gobierno. A cambio, el Ejecutivo ha vuelto a rebajar la tasa para el año que viene dejándola en 240 millones de euros (40.000 millones de pesetas), un 75% de descuento sobre los 961 millones de euros (160.000 millones de pesetas) de 2001 y 120,2 millones de euros menos que la cantidad fijada en el proyecto de Presupuestos presentado a la vuelta del verano, tan sólo dos mes atrás.

La rectificación del Gobierno se ha visto influida por la decisión de Francia de reducir a una octava parte el coste de sus licencias

Como medida de presión, los operadores mantienen 'latentes' sus recursos contra la tasa ante la Audiencia Nacional

Además Hacienda, obsesionada por el déficit cero, se embolsó el lunes 461,5 millones de euros (76.814 millones de pesetas) que le adeudaban Telefónica Móviles y Vodafone (antigua Airtel) a cuenta del canon de este año, aunque Amena y Xfera, los otros dos operadores, prefieren seguir en la lista de morosos.

La segunda parte del pacto está aún por escenificar. Dependerá del 'grado de compromiso del Gobierno con el futuro y la viabilidad del sector', según el directivo de uno de los operadores. Es decir, dependerá de si se atienden las restantes peticiones del sector: mantener estable la tasa en los próximos cuatro años (2003-2007), con una subida similar al IPC a lo sumo; atender las peticiones de nuevas frecuencias necesarias para que las compañías ofrezcan a su vez números a sus potenciales clientes y, la más complicada de llevar a cabo, reinterpretar las bases del concurso de 'forma flexible' permitiendo a las compañías que adopten medidas que le permitan un ahorro de costes (y de inversión) como la compartición de redes.

Como medida de presión, los operadores mantienen sus recursos 'latentes' ante la Audiencia Nacional, aunque han prometido retirarlos antes de fin de año si el Gobierno es receptivo a las 'claúsulas adicionales'.

La rectificación del Gobierno español tiene un claro precedente y de hecho se ha visto muy influenciada por la medida adoptada por el Ejecutivo francés en octubre pasado de reducir a una octava parte el coste de las licencias, de 4.950 a 619 millones de euros.

La decisión se produjo días después de que Vivendi, que junto a France Télécom se había adjudicado la concesión, amenazara con no pagar el primer plazo de la licencia. Al final, Vivendi pagó y el ministro de Economía, Laurent Fabius, aceptó cerrar el pacto y redujo drásticamente el precio de la licencia, al margen de otras concesiones como alargar el plazo de la concesión de 15 a 20 años y organizar un nuevo concurso para conceder dos nuevas licencias de la telefonía móvil de tercera generación, que permitirá la conexión a Internet y la transmisión de imágenes.

El paralelismo con el ejemplo francés se hizo patente en el texto de la enmienda que el Grupo Popular presentó en el Senado a pocas horas que se cerrara el plazo y que justificaba la nueva rebaja en la 'constatación de que el valor del espectro radioeléctrico en los países europeos se está revisando a la baja'.

Pero el caso español tiene sus peculiaridades. La primera, que tanto Amena como Xfera han salido alumnos díscolos y no están dispuestos a seguir a pies juntillas los pasos de Telefónica y Vodafone porque consideran que la tasa es una ventaja competitiva para estos últimos, debido a su volumen de negocios y sus beneficios. Amena es susceptible de ceder al acuerdo, pero Xfera, con el proyecto congelado hasta al menos 2003 y un expediente de regulación de empleo para el 80% de su plantilla, no cederá salvo sorpresa mayúscula.

La compartición de redes, que se presume como la próxima conquista, es el talón de Aquiles del pacto entre operadores y Gobierno. Las bases del concurso resuelto en marzo de 2000 dejan claro que las compañías deben cumplir unos compromisos de inversión, condiciones que, a cambio de su alto precio, no contenían las concesiones de otros países como Alemania e Italia.

Una interpretación ad hoc de esa claúsula provocaría casi con toda seguridad la impugnación de los perdedores del concurso, con France Télécom y Deutsche Telekom, a la cabeza, según fuentes jurídicas. En ese dilema, se debatirá el Gobierno al menos hasta fin de año. Los operadores, por su parte, han dejado de hacer ruido pero sus reivindicaciones están en llamada en espera.