Militares y periodistas, la extraña pareja

Un sentimiento de frustración atraviesa las filas de las Fuerzas Armadas y de seguridad de Colombia. Lo expresó con claridad el general Henry Medina, director de la Escuela Superior de Guerra, el pasado fin de semana ante un auditorio de periodistas y militares: 'Éste no es un conflicto entre el Ejército y la subversión. Es preciso movilizar todas las voluntades del país'. En una experiencia inédita en Colombia, periodistas y militares se reunieron el pasado fin de semana en un seminario Fuerza Pública-Periodismo para debatir el papel que corresponde a cada uno ante el conflicto que desangra al país. Con cerca de 30.000 muertos anuales de forma violenta, de los que un 15% corresponden a lo que eufemísticamente se denomina 'conflicto armado' entre las guerrillas, la contraguerrilla y las fuerzas de seguridad, el país andino se interroga sobre su futuro. En el conflicto de Colombia han muerto cuatro veces más personas que en el conflicto de Kosovo.

Gómez Buendía, columnista: 'La retórica de la guerra impide la paz, y la retórica de la paz impide la guerra, y ninguna de las dos se toma en serio'

El país tiene además el récord mundial de periodistas asesinados, exiliados y amenazados, mientras el narcotráfico bombea dinero negro sobre todos los estamentos sociales y crece al amparo de una guerrilla que protege sus cultivos. El Estado se ve impotente para atajar el crecimiento del narcotráfico mientras aumenta la demanda internacional de cocaína.

Los oficiales de las Fuerzas Armadas y de la policía mostraron a lo largo del seminario algo más que confianza en sus medios materiales -que han mejorado gracias a la ayuda de Estados Unidos- y voluntad de combate. Se presentaron, con el apoyo de encuestas de opinión, como la institución más valorada por la sociedad colombiana, por delante de la Iglesia católica. En último lugar figuraban los partidos políticos. Los periodistas consultados dudaban de la exactitud del sondeo en relación con el lugar que ocupa el Ejército en la opinión de los colombianos, dada su historia de poco respeto a los derechos humanos. Pero todos coincidían en el lugar que ocupan los políticos.

El primer seminario-taller Fuerza Pública-Periodismo se abrió, en un hotel de cinco estrellas en pleno campo al borde de un bucólico lago, en Paipa, a tres horas por carretera al norte de Bogotá, a los acordes de los himnos de Estados Unidos y Colombia, toda una concesión simbólica al poderoso país del norte, que financiaba en gran parte la reunión. Washington, sin embargo, no envió a ningún participante a los debates. Oficiales del Comando Sur -el mando militar estratégico para operaciones en el sur del hemisferio- siguieron, algunos de uniforme, atentamente los debates. El evento, aunque nadie lo dijera oficialmente, se inscribe en el marco del Plan Colombia, diseñado por la Administración de Clinton y continuado por el presidente Bush, para el fortalecimiento militar de la Fuerza Pública colombiana en su lucha contra el narcotráfico y sus protectores armados, la guerrilla. En opinión de Washington, sólo desde la fortaleza del Estado, la guerrilla asumirá con seriedad las negociaciones de paz lanzadas por el presidente Andrés Pastrana.

Los medios de comunicación colombianos recibieron críticas tanto de las Fuerzas Armadas como del poder civil. El ministro de Defensa, el vicepresidente Gustavo Bell Lemus, un joven historiador formado en Oxford, se quejó abiertamente del tratamiento informativo del conflicto. 'La información no se presenta contextualizada, dejando al espectador sólo con las emociones'. Oficiales de policía se quejaban de la tendencia de los medios a enmascarar el lenguaje por temor a verse arrastrados al conflicto. 'Cuando nuestros hombres se juegan la vida para salvar la vida de un secuestrado [una floreciente industria en Colombia], desmoraliza ver que los medios de comunicación hablan de liberación de retenidos'. En el fondo palpitaba una crítica común entre funcionarios del Gobierno y militares: la prensa trivializa la violencia y la sociedad se insensibiliza ante el horror.

Con 115 periodistas asesinados en los últimos 15 años, 10 en lo que va de año, y una cifra difícil de precisar entre emigrados-exiliados, la prensa colombiana se resiste a designar como 'terroristas' a sus verdugos. Alejandro Santos, director del semanario Semana, hizo suyas algunas de las críticas formuladas a los medios. 'La gente se siente sitiada y cree que la guerrilla es cada vez más poderosa', tal vez porque hay 'una sobreexposición de los líderes guerrilleros en los medios'. Sin embargo, pidió no 'satanizar' a esos mismos líderes guerrilleros para no perjudicar el proceso de paz.

La contradicción que vive la prensa, y la sociedad colombiana en su conjunto, procede del peculiar proceso de paz emprendido por el conservador presidente Pastrana y que, según la mayoría de las opiniones consultadas, le permitió ganar las elecciones. La concesión, contra la opinión del Ejército, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el principal grupo guerrillero, de una zona desmilitarizada de 42.000 kilómetros cuadrados -el tamaño de la comunidad autónoma de

Extremadura- ha convertido ese territorio en el mayor santuario interior que ninguna fuerza insurgente ha tenido nunca. Teniendo en cuenta que la concesión de la zona de despeje no implicaba un cese temporal de las hostilidades, las FARC funcionan en su territorio como un mini-Estado. 'Allí se financian, se abastecen, se entrenan y reclutan. Salen a combatir y regresan, sin que nosotros podamos hacer nada', se quejaba en privado un capitán de la Armada. El general Medina señalaba en privado: 'Una columna guerrillera abandonó la zona de despeje y se desplazó 800 kilómetros a través del país antes de ser interceptada por nuestras fuerzas. Ni el Ejército ni la policía recibieron información de los numerosos campesinos que les vieron pasar. La población civil que padece esta guerra no puede ser indiferente al conflicto'.

Negociaciones estancadas

Sobre el seminario-taller, que se prolongó durante un fin de semana, sobrevolaba, aunque no se formuló explícitamente, una cierta inquietud por el rumbo del proceso de paz. Estancadas las negociaciones entre el Gobierno y las FARC, el plazo de vigencia de la zona de despeje vence el próximo 20 de enero. Entre los oficiales de los tres ejércitos y las fuerzas de policía, la opinión que se podía recoger era unánime: no más concesiones a los 'terroristas'. Algún oficial expresó abiertamente su opinión de que la Fuerzas Armadas tienen hoy los medios materiales -gracias a la ayuda norteamericana- y la oportunidad -el clima internacional tras los sucesos del 11 de septiembre- para atacar frontalmente a la guerrilla en sus bases. La opinión entre los periodistas era la contraria: no hay solución militar.

Consciente de la creciente voluntad en sectores de la sociedad colombiana de enfrentarse directamente a la violencia y del firme propósito de EE UU de combatir el fenómeno del terrorismo en todos sus frentes, Manuel Marulanda, Tirofijo, el veterano jefe de las FARC, desde su escondite en la selva, ha propuesto una cumbre nacional para el próximo 15 de enero, cinco días antes de que concluya el plazo de vigencia de la zona de despeje. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), el otro grupo guerrillero, llegaba el mismo fin de semana a un acuerdo con el Gobierno en La Habana para reanudar las negociaciones de paz.

Aunque en el seminario de Paipa ninguna voz se alzó para defender explícitamente las posiciones de la insurgencia armada, Marulanda, en su petición de una 'cumbre nacional', interpelaba al presidente Pastrana con argumentos que se debatían entre militares y periodistas. El jefe guerrillero preguntaba al presidente de la República si consideraba a las fuerzas alzadas en armas como terroristas y narcotraficantes. 'Si considera que somos terroristas, no debe negociar con gente así', afirmó, en busca de una legitimidad política que cada día le niegan sectores más amplios de la sociedad colombiana.

Rafael Nieto, un joven jurista, consultor de Naciones Unidas y especialista en Derechos Humanos, hizo la intervención más militante del debate desde las filas de la sociedad civil. En su opinión está claro 'que no hay consenso en proscribir la violencia como instrumento de lucha política o como mecanismo de resolución de conflictos. De ahí la infinidad de discursos legitimadores de la violencia y, en ocasiones, el socavamiento sistemático de los pilares institucionales que soportan lo mucho o poco del sistema democrático que aún permanece en pie'.

Sin conclusiones definitivas, uno de los participantes, Hernando Gómez Buendía, el conocido columnista de la revista Semana, resumió en una frase un estado de ánimo generalizado: 'La retórica de la guerra impide la paz, y la retórica de la paz impide la guerra. Y ninguna de las dos, ni la guerra ni la paz, se toma en serio'.