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¿Por qué competencias básicas?

¿Se trata de un nuevo invento pedagógico?, ¿es lo mismo de siempre vestido con otro nombre?, ¿sustituyen al vigente currículo escolar? Éstas son algunas de las preguntas que la comunidad educativa catalana se puede formular después que las competencias básicas se han convertido en uno de los temas clave de la política desarrollada por Enseñanza. La respuesta no creo que resulte difícil de comprender.

La escolarización universal hasta los 16 años, el constante aumento de los contenidos científicos y la necesaria atención a los alumnos que tienen dificultades son razones de peso para advertir que, en aras de intentar cumplir las metas curriculares, a veces la escuela no llega a prestar la debida atención a los aprendizajes que resultan más básicos y necesarios. Éstos son precisamente las competencias básicas a las que nos referimos: aquellos conocimientos, habilidades y actitudes de carácter transversal que preparan para ser un ciudadano activo y consciente, y sirven de base para seguir aprendiendo. Se trata de aprendizajes que la escuela ha de intentar lograr en todos los alumnos -a menos que tengan déficit graves de capacidad- y de modo especial en quienes no consiguen las metas óptimas que pretende el currículo. No se trata de rebajar niveles, sino de garantizar para todos lo fundamental.

¿Quién decide lo que son competencias básicas? Es un tema muy debatido en estos momentos entre autores y organismos internacionales, y a buen seguro, susceptible de permanente estudio y revisión, pero Cataluña ha dado un paso importante en este terreno. En efecto, fruto de un estudio realizado en el marco de una fundación regional europea, tenemos identificada una primera relación de competencias básicas en las áreas fundamentales del currículo, con la novedad de que han sido identificadas con la participación de toda la comunidad educativa, además de profesionales de la educación.

A partir de tales competencias y la referencia de las metas curriculares oficialmente vigentes, Enseñanza ha elaborado unas pruebas que el pasado curso se aplicaron a todos los alumnos de 10 años y este curso se aplicarán a los de 14. Con ello se obtendrán unos marcos de referencia que permitirán constatar cuál es su situación en este campo y así aplicar las medidas pedagógicas que sean precisas para mejorarla si es el caso. Las pruebas en cuestión son aplicadas y corregidas por los mismos centros y forman parte de su evaluación interna. ¿Por qué a esas edades? Porque los respectivos centros de Primaria y de Secundaria tendrán aún dos años más para insistir en el logro de las competencias menos dominadas, aunque los contenidos y actividades se adapten a las edades siguientes.

Una evaluación así es inédita en nuestro entorno, porque no pretende acreditar a los alumnos ni clasificar a las escuelas; las pruebas no pretenden identificar cuánto saben los alumnos, sino verificar si saben lo que deberían saber. Así, pues, se ha abierto un camino que ofrece marcos de reflexión para lograr el principio de la equidad, entendida como la necesidad de prestar ayuda complementaria a quienes tienen dificultades añadidas como consecuencia de vivir en entornos deprimidos o de tener menguadas sus capacidades. Este principio también es aplicable a la Administración a la hora de asignar los recursos humanos y materiales.

Jaume Sarramona es presidente del Consejo Superior de Evaluación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 01 de diciembre de 2001.

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