Ir a la 'mani' sin debate previo

Quizá en un punto puede haber un amplio acuerdo respecto al polémico proyecto de la Ley Orgánica de Universidades (LOU): el debate que ha generado ha sido hasta ahora un mal debate. Más todavía, apenas ha habido un debate público sobre aquello que el proyecto dice en realidad, sino que se ha centrado sobre las supuestas intenciones del legislador, mezclando todo ello con problemas de política universitaria general que son ajenos a lo que la ley plantea.

La responsabilidad de esta confusión es muy variada. Atañe, sin duda, a los políticos -del Gobierno y de la oposición-, a responsables universitarios -especialmente a los rectores-, a los profesores de universidad y, también, a los medios informativos. Ninguno de ellos, creo, ha estado a la altura que las circunstancias requerían. Los ciudadanos tienen mejor información y opiniones más plurales y fundadas sobre la guerra en Afganistán que sobre la LOU. No me cabe duda de que es más trascendental lo primero que lo segundo; pero, en todo caso, debatir en público una ley que reforma ciertos aspectos clave de la enseñanza superior es algo que no puede dejarse de lado si queremos construir una sociedad que participe en las decisiones políticas por conductos más amplios que el simple ejercicio del derecho de sufragio cada cuatro años.

Además, de este pésimo debate puede haber quedado una impresión en la opinión pública que sería profundamente equivocada: que la universidad pública funciona mal, que en los últimos años se ha retrocedido. Las huelgas ya celebradas y las que se anuncian en un futuro próximo tienen como consecuencia un beneficiario claro: las universidades privadas. Y sobre las universidades privadas sí debería abrirse un debate ya que, en general -y con excepciones sobre determinadas enseñanzas, en especial las escuelas de empresariales-, la calidad de la enseñanza que ofrecen es muy inferior a la de las universidades públicas y su nivel de investigación es poco más que nulo.

Por tanto, no estamos sólo ante un mal debate, sino ante una situación en la cual aquello que se quiere salvar sale altamente perjudicado. El avance de la Universidad en los últimos 20 años ha sido impresionante y hoy en día la universidad pública en España no tiene nada que envidiar a la de los países de nuestro entorno europeo, a pesar de que los medios ecónómicos de que dispone sean muy inferiores. Sin embargo, no hay dudas sobre que no todo funciona bien y ciertos aspectos necesitan ser modificados.

Que el debate sobre la LOU ha sido un falso debate se puede demostrar con algunas consideraciones generales. En primer lugar, la LOU es una ley que no puede legislar más allá de las competencias del Estado en la materia. No se le puede exigir, por tanto, que regule todos los aspectos de la política universitaria ya que tal cosa infringiría la autonomía universitaria, garantizada en el artículo 27 de la Constitución, y las competencias de las comunidades autónomas. Por tanto, ni la financiación, ni la política de tasas académicas, ni la de becas a los estudiantes pueden resolverse en la LOU. En las leyes anuales de presupuestos del Estado y, tras el nuevo sistema de financiación, especialmente en los presupuestos de las comunidades autónomas es donde deben adoptarse este tipo de decisiones políticas.

Tampoco son ciertas determinadas acusaciones a la LOU que se vienen repitiendo sin fundamento. Simplemente, no es verdad que se reduzca la participación de los estudiantes en los órganos de gobierno. Y tampoco hay ningún motivo para decir que se privatiza la universidad pública. En todo caso -si por privatización se entiende la colaboración con sectores de la empresa privada-, no lo hace en mayor medida que la ley actualmente vigente. En el mismo sentido, tampoco es cierto que la ley favorezca a las universidades privadas. Al contrario, les exige más requisitos que la ley actual, aunque el procedimiento parlamentario -en el Senado se sigue empeorando este aspecto- está liberando a las universidades privadas de alguno de estos requisitos, supongo que debido a la presión de los lobbies correspondientes. En este punto, el proyecto inicial del Gobierno establecía más exigencias a las universidades privadas -desde luego muchas más que la ley vigente- que el actual texto, lo cual es una demostración de la torpeza política de la oposición socialista en la tramitación de la ley. En definitiva, para esto han servido las insensatas descalificaciones globales de Zapatero y su equipo, que les han impedido poder pactar aspectos concretos con el Gobierno, dejando así vía libre a las propuestas de CiU y Coalición Canaria.

Todos estos equívocos han hurtado el auténtico debate sobre el fondo de un problema central: que la actual autonomía universitaria y el supuesto carácter democrático de los órganos de gobierno de la Universidad no han hecho otra cosa que ocultar el corporativismo como modelo de funcionamiento de la Universidad actual, pervirtiendo así el significado de los términos autonomía y democracia. Un lúcido artículo del profesor Luis Beltrán, de la Universidad de Zaragoza, lo argumenta perfectamente en el último numero de la revista El Viejo Topo, no sospechosa de ser afecta al Gobierno del PP. La ley vigente, la LRU, dice Beltrán, 'vino a sancionar una forma de democracia corporativa (...). La democracia corporativa sirve para asegurar los privilegios de las castas, de las corporaciones, pero es una burla simple de la participación. (...) Con la legitimidad de la LRU, la Universidad se asegura el privilegio de la inmunidad ante la sociedad en su conjunto'. Y concluye que, con todo ello, la Universidad se exime 'de la rendición de cuentas, la versión más corrupta posible de la autonomía universitaria'. Los cambios en la forma de gobierno de la Universidad, el sistema de habilitación de profesores y las funciones de la Agencia de la Evaluación de la Calidad, cambios todos ellos que la ley introduce, cuestionan los privilegios de los actuales intereses corporativos.

Ahí está el meollo de la cuestión y la razón por la cual ciertos sectores de la Universidad -especialmente el lobby de rectores- han descalificado la LOU sin explicar los motivos de tan radical oposición, ya que exponerlos a la luz pública sería, simplemente, autoinculparse. Ante ello se ha preferido algo tan antipedagógico como es evitar el debate racional y ponerse al frente de la manifestación.

Francesc de Carreras es catedrático de Derecho Constitucional de la UAB