Hora de concretar

Uno de los principales reproches que la oposición hace al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, es su indecisión. El sustituto de Celia Villalobos acaba de dar la última muestra de sus frecuentes titubeos al anunciar que su partido, el PP, posiblemente presente alegaciones al plan especial del puerto, y ello a pesar de que nace consensuado entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria tras un año de discusiones que, según ha reconocido el presidente de ésta, Enrique Linde, resultaron 'largas y complicadas'. Las dudas de De la Torre respecto a algunas de las actuaciones previstas para recuperar el recinto portuario para uso ciudadano ya propiciaron en noviembre de 2000 la suspensión del plan anterior. Lejos de cumplirse, la vieja aspiración de los malagueños de derribar la verja que separa el centro de la ciudad del puerto parece quedar enredada en un debate interminable. Las dudas del alcalde, según el PSOE, no ayudan a su terminación.

El problema es que Málaga, ciudad en permanente definición, cuenta con numerosos proyectos de trascendencia en la cocina, algunos de los cuales deben quedar algo más que esbozados a lo largo del presente curso político, si quiera porque es el penúltimo antes de las próximas elecciones municipales y parece el momento oportuno para concretar.

Una de las principales incógnitas a resolver es el compromiso que el Ayuntamiento conseguirá arrancar al Ministerio de Fomento sobre la ansiada segunda ronda de circunvalación de la ciudad, es decir, si entra en vía preferente o toma el trayecto lento de los proyectos no prioritarios. La trascendencia de la cuestión viene porque el tráfico parece haberse convertido ya en el principal problema de la ciudad. Así lo asegura el portavoz socialista, Francisco Oliva, si bien el alcalde sostiene que la gravedad del asunto no es mayor que en otras grandes ciudades. La actual ronda, inaugurada en 1992 y sin que se hayan realizado aún todos los enlaces previstos, es escenario de frecuentes atascos y, desde el verano, ya ha quedado colapsada en tres ocasiones.

El departamento de Álvarez Cascos y el Ayuntamiento deben cerrar también en breve -se dieron de plazo hasta final de año- otro acuerdo trascendente: el soterramiento o no de las vías del tren. La cuestión afecta a la redacción del proyecto del último tramo del AVE. Para el Ayuntamiento es la oportunidad de oro para acabar con la barrera urbana que forman las vías, aunque el Ministerio sólo está dispuesto a contemplar el soterramiento si se financia con los aprovechamientos urbanísticos que se obtuvieran.

También tiene De la Torre para el presente curso retos bien concretos y sobre los que no hay discusión, como la petición unánime de todas las organizaciones y colectivos de la ciudad, y asumida por él mismo, de convertir el Palacio de la Aduana, actual sede de la Subdelegación del Gobierno, en Museo de Bellas Artes. La pinacoteca lleva ya tres años cerrada y sus fondos están embalados en un ático del edificio. El reto del alcalde, que dio un giro radical sobre la postura que mantuvo su antecesora, parece volverse ahora contra él, ya que el Gobierno accedió a ceder para uso museístico la planta baja, pero ahora es el consistorio quien no encuentra una ubicación alternativa para la comisaría de policía del distrito centro.

En el plano meramente doméstico, De la Torre, que lidera un grupo municipal fraccionado desde la marcha de Villalobos, tiene en los asuntos urbanísticos el principal flanco de ataque de la oposición. PSOE e IU aseguran que el gobierno del PP no para de beneficiar a las grandes constructoras y actúa por un afán de desarrollismo sin que esté nítidamente definido un modelo de ciudad. El otro flanco débil es el área de Medio Ambiente, tras la investigación judicial abierta al comprobarse que la empresa mixta de limpieza cobró obras no realizadas pero que certificó como realizadas. La ex concejal del área y actualmente responsable de Cultura, Ana Rico, está imputada de apropiación indebida, estafa, falsedad documental y malversación. También está en investigación por parte del propio Ayuntamiento el pago de las certificaciones a las empresas adjudicatarias del mantenimiento de zonas verdes. Pero el mayor quebradero de cabeza para el alcalde fue el laborioso procedimiento para la constitución de la nueva sociedad mixta, en la que finalmente se incluyó a las dos empresas que concurrieron al concurso público, y cuyo resultado está impugnado en los tribunales.