En espera de la lista

Las expectativas más o menos razonables suscitadas el 11 de septiembre respecto a las eventuales enseñanzas disuasorias extraídas por ETA de la reacción internacional frente al terrorismo se hallan todavía insatisfechas. Por lo pronto, los efectos de intimidación no se han producido: pese a la detención en las últimas semanas de varios activistas y a la desarticulación parcial de los comandos Donosti y Madrid, ETA ha seguido matando después de los ataques contra Nueva York y Washington. La explosión de tres coches bomba (dos en Madrid y otro en Vitoria) muestra la capacidad operativa residual de la banda para realizar atentados masivos e indiscriminados. Los asesinatos del magistrado José María Lidón, en Getxo, y de los ertzainas Javier Mijangos y Ana Arostegi, en Beasain (otros dos miembros de la policía autonómica salvaron la vida tras la explosión de una bomba trampa en Bilbao), traslucen el propósito de emplear contra la magistratura y la Ertzaintza -como anteriormente contra parlamentarios autonómicos y concejales del PP y del PSOE- la estrategia del desestimiento, esto es, el vaciamiento y la desertización de las instituciones públicas del País Vasco mediante la muerte, la intimidación o el exilio de los funcionarios indóciles al chantaje terrorista. El aire desafiante y las amenazas a magistrados y periodistas lanzadas por los acusados y por los jaleadores del público en los juicios orales de la Audiencia Nacional excluyen que se sientan concernidos por la resaca del 11 de septiembre.

Algunos dirigentes del PNV mantienen que ETA no puede ser homologada con las demás organizaciones terroristas de ámbito internacional o que debería incluso quedar eximida de ese infamante adjetivo calificativo. Los criterios taxonómicos de los académicos para clasificar las distintas versiones de ese fanatismo asesino suelen ser un ejercicio bizantino. Por lo demás, los terroristas rechazan esa denominación: Bin Laden fue saludado como un luchador por la libertad por el presidente Reagan cuando Estados Unidos utilizaba sus servicios y financiaba su organización para combatir a los soviéticos en Afganistán. El sordo debate librado dentro de la Unión Europea para alcanzar un acuerdo sobre la definición del término terrorismo (sólo seis países europeos incluyen hoy esa figura delictiva en su normativa penal) y fijar la lista de las organizaciones que lo practican o que lo encubren es una buena prueba de las dificultades conceptuales de esa empresa.

El Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE y los jefes de Estado y de Gobierno tratarán de dar en diciembre una solución a esos dos problemas. Tanto la definición de terrorismo como el listado de las bandas armadas clandestinas no ofrecerán obstáculos insuperables. No será tan fácil, sin embargo, ponerse de acuerdo sobre las organizaciones legales o alegales que los terroristas controlan y dirigen para encubrirles, financiarles y servirles de portavoz político y propagandístico. En el caso de ETA, la dificultad de orden jurídico-político mayor será la inclusión de Batasuna, con representantes elegidos en las urnas para el Parlamento de Vitoria y numerosos ayuntamientos. Si el presidente Aznar forzase la máquina con el propósito de defender en solitario una iniciativa legalmente discutible y extraer así réditos electorales, daría una puñalada por la espalda al acuerdo antiterrorista suscrito por PP y PSOE. La enmienda a los Presupuestos Generales del Estado presentada ayer por el Grupo Popular en el Senado a fin de privar a Batasuna -sin citar su nombre- de las subvenciones reconocidas por las leyes orgánicas de Régimen Electoral y de Financiación de Partidos Políticos está débilmente fundamentada y parece orientada en el mismo sentido sectariamente partidista.

Por lo demás, las ayudas anunciadas por Estados Unidos y los países europeos para combatir a ETA no deberían suscitar demasiadas expectativas de eficacia a corto plazo; todavía se ignora, por ejemplo, la operatividad real de la lista de la UE. La tardanza de la policía francesa en ejecutar la orden de busca y captura del portavoz de Gestoras pro Amnistía, presente con el mayor descaro en manifestaciones y actos públicos a pocos kilómetros de la frontera, aconseja prudencia: la única forma de evitar amargos despertares es desconfiar de las recetas milagrosas.