La necesaria reforma del Senado

Los socialistas discutirán de aquí a febrero un documento sobre política autonómica para incorporarlo al programa electoral de las elecciones del 2003 y cuyo eje central es la propuesta de reforma de la Constitución para modificar las funciones y sistema de elección del Senado. Es una propuesta que se sitúa a medio camino entre el reformismo federalista de Maragall y la hasta hace poco mayoritaria resistencia a cualquier modificación constitucional.

El texto, aprobado el jueves por el Consejo Territorial del PSOE -que agrupa a presidentes de comunidades y dirigentes regionales-, no cuestiona el modelo autonómico definido en el Título Preliminar de la Constitución y tampoco el reparto competencial del Título VIII. Se limita a proponer en el título dedicado a las Cortes Generales cambios tendentes a reforzar la especialización del Senado como Cámara de representación territorial. La propuesta es prudente: con pequeños retoques en la Constitución puede convertirse al Senado en cauce para la integración de los nacionalismos sin comprometer la coherencia del Estado autonómico.

La reciente polémica a cuenta de la exclusión de candidatos avalados por los nacionalistas en la renovación de diversos organismos institucionales (sobre todo el Tribunal Constitucional) ha vuelto a poner de manifiesto la ausencia de mecanismos que garanticen la representación equilibrada de los intereses territoriales en las instituciones del Estado. Ello contradice la lógica del Estado de las autonomías, uno de cuyos objetivos esenciales es precisamente estimular la participación de los nacionalismos periféricos en la política común. Desde hace años vienen planteándose fórmulas para llenar ese vacío. Pero la propuesta federalista más radical choca con dos dificultades: que obliga a una reforma sustancial de la Constitución, incluido su título preliminar, para la que seguramente no habría el consenso necesario, y que podría no resultar funcional dado el muy diferente peso demográfico de las 17 comunidades autónomas. Precisamente, una de las características que posibilita la funcionalidad de los sistemas federales es que sus componentes suelen ser de parecida dimensión.

En 1994 se intentó una solución sin reforma constitucional: la creación (mediante una simple modificación del Reglamento del Senado) de una Comisión General de las Comunidades Autónomas, que concentrase todas las funciones reconocidas al Senado que guardasen relación con las autonomías. El invento no ha funcionado: por desinterés de los partidos y porque su sistema de elección hace que sea una réplica redundante del Congreso. Fue clamoroso el caso del Plan Hidrológico Nacional (PHN), un asunto repleto de contenido autonómico, y cuyo debate en el Senado habría estado más que justificado. Pero el Gobierno del PP demostró a la primera oportunidad que sus anunciados propósitos de realzar el papel institucional de la Cámara alta no eran creíbles.

La propuesta que ahora afinan los socialistas pretende aumentar las competencias del Senado y establece un sistema de elección en el que prime más el factor territorial. Hay fórmulas ya ensayadas en otros países perfectamente aplicables. Uno de los efectos sería favorecer las alianzas entre comunidades, con independencia de su signo político, para impulsar determinadas iniciativas, algo improbable entre partidos.

Se trata, por tanto, de una reforma viable y que podría crear el marco para otras como la de institucionalizar la relación entre el presidente del Gobierno y los de las autonomías, el establecimiento de un debate anual sobre el Estado autonómico y otras que actualmente dependen del humor de Moncloa. Por ello, tan erróneo sería que el PP la descalificara de entrada como que los socialistas olvidaran que para que se convierta en realidad y no en un mero epígrafe del programa electoral necesita como mínimo el acuerdo del otro gran partido nacional.