'Decir que el sistema público de pensiones va a quebrar es un disparate'

Jaime Montalvo ha asumido la presidencia del Consejo Económico y Social (CES) con el apoyo unánime de los consejeros. Este hombre, nacido en Madrid en 1942, pero con profundas raíces en Comillas (Cantabria), se considera un defensor del consenso y de escuchar a todo el mundo. El nuevo responsable del órgano consultivo del Gobierno quiere que la institución tenga un mayor protagonismo, sin que los miembros del Ejecutivo entiendan que las eventuales críticas suponen una interferencia en sus tareas.

Pregunta. ¿Necesita el CES un impulso para ganar influencia social?

Respuesta. Si quiere animar el debate sobre el marco de sociedad que, en lo económico y en lo social, queramos construir, y servir de plataforma permanente para el diálogo entre los agentes sociales, evidentemente, el consejo necesita que se impliquen más las propias organizaciones que lo componen y potenciar su área de estudios. Y probablemente tener más presencia en el ámbito internacional. Desde luego, necesita una mayor clarificación respecto de su posición institucional en el ámbito español.

'Los gobiernos tienen que asumir que la crítica es colaboración y no una interferencia'

'Las reformas laborales no pueden hacerse de espaldas a los agentes sociales'

P. ¿Debe ser el foro del diálogo social especialmente cuando las negociaciones fracasan?

R. Lo que sí que creo es que esta institución no debe pretender suplir los ámbitos normales de concertación entre los agentes sociales y de éstos con el Gobierno. Al mantener un diálogo permanente, puede coadyuvar, pero, salvo que hubiera una petición expresa de los agentes sociales demandando mayor presencia del CES, no debe interferir. No sería bueno para el consejo, ni seguramente para la propia concertación. Eso los agentes sociales lo tienen bastante claro: no quieren interferencias del consejo.

P. ¿Su actual estructura refleja bien la representación de la sociedad civil?

R. Creo que sí. Está nucleada sobre todo en los agentes sociales, sindicatos y patronales, y en el grupo tercero tiene presencia de otros sectores. Probablemente faltan exponentes de la sociedad civil, pero es tan amplia que sería difícil identificar a todos.

P. ¿Dentro de esa estructura se escucha a los representantes sindicales en los informes que se emiten?

R. Cuando se aborda un dictamen, todo el peso del debate lo llevan los consejeros, con el apoyo de un equipo técnico de bastante buena calidad.

P. En caso de grandes conflictos sociales, ¿el consejo debe tener un papel de intervención?

R. Es posible, pero al final el consejo debe tener el papel que quieran los agentes sociales. De manera coyuntural sí puede intervenir, y Federico Durán [el presidente saliente del consejo] tuvo una excelente intervención en el conflicto de Iberia, a título personal, pero era presidente del CES. El consejo es también un ámbito para identificar mejor el conflicto, e incluso las vías de solución.

P. Cuando la OCDE o el FMI emiten sus informes, que son siempre unidireccionales, ¿no debería haber una visión alternativa del CES?

R. Sí, y es una de las cosas que nos preocupan. Nuestros dictámenes a los anteproyectos de ley son importantes, pero a lo mejor menos que informes de propia iniciativa sobre algún tema fundamental que preocupa a la opinión pública. Tenemos la idea de realizar una política ambiciosa; por ejemplo, se va a analizar la situación de los jóvenes y sus dificultades de acceso a la vivienda y, desde luego, reflexionar sobre los grandes informes de las instituciones financieras internacionales o regionales evidentemente puede ser importante.

P. Cuando algunos gabinetes de estudios dicen que el sistema público de pensiones va a quebrar, ¿no debería el CES emitir su opinión?

R. Cuando se dice que el sistema público de pensiones va a quebrar, el CES, y en todo caso su presidente, debe salir al paso diciendo que es un disparate. Porque, aunque pudiera ser verdad, que de ninguna manera lo es, supone generar desconfianza en el poder público.

P. En ese tema de las pensiones, ¿sí debería salir el presidente del CES a calmar las aguas?

R. Cuando se hace esa afirmación, por supuesto. La capacidad de un sistema para dar respuesta a los gastos de protección social y de pensiones tiene que ver con el crecimiento económico. También es evidente que la consolidación de los sistemas públicos de pensiones, que son elementos esenciales de nuestro modelo de convivencia, a veces hay que defenderla de los propios defensores de los sistemas públicos y, más allá del voluntarismo, tiene que haber seriedad y rigor.

P. ¿Cree que se ha reconducido bien la mesa de reforma de la negociación colectiva con la rectificación del Gobierno?

R. En los grandes temas de reforma de las relaciones laborales no tengo ninguna duda de que no pueden hacerse de espaldas a los agentes sociales. Crear legislaciones al margen del acuerdo no va a producir efectos positivos. Los agentes sociales llevan acreditada desde el inicio de la Transición una clara capacidad de abordar estos temas, con resultados sin duda positivos para nuestro sistema económico.

P. Apuntaba antes que quieren reflexionar sobre los grandes informes de organismos internacionales y sacar más temas de iniciativa propia, ¿hay suficiente personal en el CES para eso?

R. Tenemos un gabinete de estudios de bastante buena calidad, pero insuficiente para abordar los grandes temas que presenta la sociedad. Hay varias vías de trabajo que debemos desarrollar, por ejemplo, hacer informes sobre el problema de la inmigración y el desarrollo del Tercer Mundo, que se pueden hacer en colaboración con el CES francés. Ya ha habido conversaciones en ese sentido. O con el de Bruselas y los que pueda haber en el Magreb. No descartamos que el gabinete de estudios, junto al personal fijo, esté abierto a la incorporación temporal de especialistas de fuera, con acuerdos con instituciones o universidades.

P. ¿Es bueno que proliferen los CES autonómicos y provinciales o corren el riesgo de que se les haga poco caso?

R. En la medida en que puedan desarrollar los grandes debates sociales referidos a las zonas donde se crean, eso es bueno. En la medida en que puedan generar confusión y descoordinación, es malísimo. Yo espero, sin asumir ninguna función de ordenar a nadie, llevar una tarea de articulación y coordinación.

P. ¿Qué tareas puede desarrollar el consejo para ampliar su presencia en el ámbito exterior?

R. Algunos de los problemas, y antes mencionábamos la inmigración y el desarrollo del Tercer Mundo, se pueden abordar mejor si se hace de una manera conjunta entre diferentes CES europeos, y no es malo que el consejo español pueda contribuir a marcar ciertas pautas en el debate y en la mejora del modelo de sociedad que se definió en la Cumbre de Lisboa, que opta por el pleno empleo y por definir mecanismos de protección social. Pero, además de eso, el CES tiene por lo menos otros frentes importantes, uno es el Magreb. También nos toca jugar, respetuosamente, un papel importante en América Latina, que tiene unas necesidades de crecimiento económico y de articulación social evidentes. Para esos cometidos, disponer de marcos de diálogo es necesario; también impulsar instituciones para que en torno a ellas se vayan creando auténticos agentes sociales.

P. ¿El Gobierno y la oposición hacen suficiente caso a los dictámenes del consejo?

R. Los gobiernos tienen que ir asumiendo, y se asume desigualmente según qué personas, que la crítica es colaboración y no una interferencia. Tengo el convencimiento de que los informes del CES no tienen la utilidad que podían tener, ni siquiera en el debate parlamentario. Hay una desigual aceptación; personas y ministerios que asumen con respeto las observaciones y otros que piensan que es una interferencia casi inadmisible en lo que son las tareas del Gobierno.