El nuevo impuesto de gasolinas crea rechazo en los sectores productivos

La aprobación por parte del Gobierno central de un impuesto que gravará las gasolinas en España a partir del 1 de enero ha sido mal recibida por los transportistas y las organizaciones agrarias valencianas, que consideran que la subida de cuatro pesetas por litro del carburante supondrá un sobrecoste perjudicial para sus respectivos sectores. La aprobación del impuesto también contó con el rechazo de la Unión de Consumidores, que criticó una 'medida sin precedentes' que perjudica a los ciudadanos.

La intención de la Generalitat de no aplicar por el momento el tramo autonómico al que tiene opción dentro del impuesto-que aumentaría en 1,6 pesetas el litro de gasolina- fue valorado por transportistas y por el sector agrario que, sin embargo, mostró su absoluto rechazo a la subida que aplicará el Gobierno español. Transportistas y agricultores consideran que el nuevo impuesto, destinado a financiar la sanidad pública, supone un sobrecoste perjudicial para su actividad. Unos y otros volvieron a insistir ayer en la necesidad de crear un gasóleo profesional, que tenga menos carga impositiva y que abarate el precio de un producto inprescindible para su trabajo.

El presidente de la Federación Valenciana de Empresarios Transportistas, Francisco Corell, mostró su 'satisfacción' por la intención del Consell de no aplicar su tramo de impuesto, tal y como le solicitaron en una reunión mantenida esta semana con Vicente Rambla, titular de Economía. Sin embargo, el resposable de esta federación que aglutina a 1.000 empresas de transporte y 10.000 camiones, expresó su 'profundo malestar' por la decisión del ejecutivo español, que considera 'un castigo para el sector'. Corell mostró su perplejidad por la decisión de aplicar un impuesto 'que afecta a una parte' para obtener un beneficio general. El presidente de la Federación calificó el gravamen de 'muy inoportuno', por llegar en un momento de recesión. Corell, que aseguró que el sector intentará que se reconsidere la decisión, insistió en que en la coyuntura actual es 'muy complicado' trasladar el aumento de precio al cliente y cifró en 250.000 pesetas el sobrecoste que el impuesto conllevará a cada camión por año.

En la misma línea se expresó el responsable de la Asociación de Empresarios Transportistas de Valencia (Asetraval), Juan José Ramírez, quien recordó que el 30% de los gastos del sector provienen del combustible. Ramírez explicó que analizarán la subida antes de decidir las medidas que tomarán.

En el sector agrario, la decisión no fue mejor recibida. El secretario general de la Unió de Llauradors, Joan Brusca, recordaba ayer las protestas realizadas el año pasado por la subida de los carburantes y criticó que la postura del Gobierno, meses después, sea la de subir el precio de la gasolina con un 'nuevo impuesto indirecto que grave al más pequeño'. La renta de los agricultores, según la Unió, 'apenas sobrepasa la media del 50% de las rentas medias de otros sectores de la economía'. La organización opina que la nueva carga impositiva sobre el gasóleo 'hará inviable la supervivencia de muchas explotaciones'.

Por su parte, el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores, Cristobal Aguado, defendió ayer que cualquier incremento en los precios 'es negativo porque lastima la economía de los agricultores'. Aguado explicó que está a la espera de conocer más detalles, pero apostó por que se valore el impacto económico del impuesto para que 'se estudien medidas compensatorias'.

Medida sin precedentes

La Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana (UCE) también mostró su rechazo por un impuesto que el ciudadano no pagará en función de su renta sino del uso que realice del transporte. La secretaria general de la UCE, Ana Zarzuela, considera que esta medida, 'sin precedentes rompe los principios generales que debe regir el sistema impositivo de capacidad, equidad y progresividad'. Para la asociación, el impuesto recuerda a la 'tributación parafiscal de antiguos regímenes'.

La oposición política valenciana también protestó ayer por la decisión del Gobierno popular. El PSPV en las Cortes anunció la presentación de una proposición no de ley en el parlamento valenciano para 'instar al Gobierno central a que anule' la medida. Los socialistas, que rechazaron la medida en Madrid, consideran que el impuesto es consecuencia de la 'mala planificación' del Gobierno, que un mes después de presentar los presupuestos para 2002 'se encuentra con que no tiene ingresos suficientes para costear la sanidad y tiene que recurrir a impuestos indirectos'.