Cataluña acusa al Gobierno central de desvirtuar su propuesta inicial

El Ejecutivo catalán cree que si el Gobierno central se decide finalmente por aprobar el impuesto que permitirá incrementar las gasolinas en cuatro pesetas por litro en el tramo estatal, Cataluña dispondrá de escaso margen para aplicar la parte autonómica (máximo, 1,6 pesetas por litro).

Fuentes del Departamento de Economía y Finanzas recordaron ayer que su propuesta inicial era subir los impuestos de carburantes en una o dos pesetas pero nunca para 2002, sino con vistas a paliar el déficit de la sanidad pública en el futuro. Por ello, los dirigentes catalanes consideran que el Gobierno del PP ha desvirtuado su iniciativa.

El consejero de Economía, Francesc Homs, quiere que cualquier acuerdo que se tome sobre este asunto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera cuente con el consenso de todas las comunidades, tal y como sucedió con el nuevo sistema de financiación y, por tanto, todas las regiones se comprometan a aplicarlo.

No obstante, el Gobierno catalán mantiene un prudente silencio sobre el asunto no sólo por el carácter impopular de cualquier subida de impuestos -más en un producto tan sensible para los consumidores como es la gasolina- sino también porque espera conocer la decisión final del Gobierno central y la posición de las distintas autonomías hoy en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El conseller en cap de la Generalitat, Artur Mas, evitó el martes pronunciarse sobre si finalmente su Gobierno hará uso del recargo autonómico y dijo que no se tomaría ninguna decisión hasta hoy por la tarde.

A pesar de la impopularidad de cualquier medida impositiva, el Gobierno de Jordi Pujol y Convergència i Unió ven con buenos ojos un nuevo sistema que le ayude a financiar la sanidad pública catalana que, según cifras de la oposición socialista, arrastra un déficit superior a los 436.000 millones de pesetas. El Departamento de Sanidad catalán, en 2002, dispondrá de 848.000 millones de pesetas, el 34% del total del presupuesto.

El Ejecutivo catalán ha hecho un uso muy limitado de la capacidad normativa que le permite el sistema de financiación autonómica desde 1993.