Opt-in

Frente a la plaga del spam, o correo publicitario indiscriminado, caben dos posturas. Una es que cualquier persona que quiera recibir estas informaciones se apunte expresamente en una lista; en ese caso el envío de publicidad a quienes no estén apuntados constituye una infracción. En inglés se le llama opt-in.

La otra es legalizar el envío de cualquier tipo de correo a cualquiera, siempre y cuando se deje la posibilidad de que el receptor pueda darse de baja. En inglés, opt-out. Los términos no han nacido con el correo electrónico, sino que provienen de otros ámbitos.

Aparte de su uso directo en la forma inglesa (tan frecuente en muchos de estos términos en textos españoles), por la red circulan varias traducciones. Una de ellas es opción de inclusión y opción de no inclusión. También se puede leer alta voluntaria y baja voluntaria.

La legislación española (la futura Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico) se situará en la postura opt-in, pues exigirá el 'consentimiento inequívoco' del usuario para recibir información. Sin embargo, las cosas no siempre están claras: quien da sus datos en el curso de una transacción comercial ¿ya está accediendo a ser objeto de mensajes que tienen que ver con ella?, ¿y otros mensajes relacionados? Y otro elemento más para complicar la situación: ¿cómo evitar el spam que proviene de países con legislación opt-out?

La opción de opt-out puede convertirse en un arma de doble filo, porque anunciantes sin escrúpulos, que compran bases de datos que pueden llegar a tener cientos de miles de direcciones de calidad muy variable, pueden usar las respuestas de baja voluntaria para comprobar cuáles están realmente operativas.