El cambio en Estepona reabre las dudas sobre la política urbanística en 21 kilómetros de costa

El cambio de gobierno en Estepona (Málaga), donde el PP se ha hecho con la alcaldía con el apoyo de siete ex concejales del GIL, ha provocado no sólo una gran polémica política, sino que también una cierta incertidumbre sobre el futuro urbanístico de esta ciudad, que en los dos últimos años se había alejado de la filosofía de grandes moles de hormigón y tendía a un modelo horizontal. El regreso de los antiguos ediles gilistas ha hecho saltar las alarmas. El nuevo gobierno local dispone ahora de cinco millones de metros cuadrados listos para urbanizar, aunque, según algunas fuentes, el mayor peligro que acecha a Estepona es el suelo no urbanizable, que podría generar beneficios de hasta 60.000 millones de pesetas.

Sus 137 kilómetros cuadrados de superficie -es uno de los más extensos de la provincia- y 21 kilómetros de playas en plena Costa del Sol convierten al municipio malagueño en uno de los platos más deseados por las inmobiliarias.

De los ocho millones de metros cuadrados de suelo urbano, el 90% corresponden a la franja costera. En los últimos días, tanto la Junta de Andalucía como el PSOE han advertido que estarán atentos ante posibles actuaciones en suelos de especial sensibilidad. Desconfían del regreso al equipo de gobierno de los antiguos concejales del GIL, cuatro de ellos imputados precisamente en un presunto fraude urbanístico, más teniendo en cuenta que el control de las empresas públicas y sobre todo Planificación y Desarrollo Urbanístico están de nuevo en sus manos.

Ellos insisten en que su programa será ahora el del PP, partido al que se afiliaron tan sólo un día antes de que se presentase la moción de censura contra el anterior alcalde socialista, Antonio Barrientos.

La Junta de Andalucía y la anterior corporación habían iniciado conversaciones para revisar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOE) del municipio. Según el delegado provincial de Urbanismo, Enrique Salvo Tierra, el actual planeamiento, que data de 1994, se aprobó condicionado a la redacción de un texto refundido, que nunca se completó. Desde entonces ha habido hasta 57 expedientes de modificaciones puntuales de elementos, 44 a favor, dos desfavorables y el resto está pendiente de pronunciamiento.

La mayoría se solicitaron en 1998 y durante la primera mitad de 1999. 'Tantos expedientes significa que el PGOU no se ajusta a las necesidades del municipio', dice el responsable de Urbanismo en la provincia, que niega que la redacción de un nuevo documento paralice la inversión.

Gran superficie

Sin embargo, el concejal de Planificación y Gestión del Territorio, Víctor Sánchez Pinacho, antes edil del Grupo Independiente Liberal (GIL), no es de la misma opinión. Sostiene que el Plan General de Estepona no está agotado, como asegura la Junta de Andalucía, y afirma que hay mucho suelo urbanizable programado y mucho no urbanizable pendiente. 'Estepona tiene suelo. Es una de las pocas poblaciones que hoy por hoy tiene todavía capacidad para acoger proyectos que requieran una gran superficie', insiste. En cualquier caso, subraya que no buscará enfrentamientos con la Junta.

El área municipal de Urbanismo ha sido la excusa más utilizada por el Partido Popular y los antiguos concejales gilistas para justificar la ruptura del pacto antiGIL, suscrito por socialistas, populares, andalucistas e Izquierda Unida en junio de 1999.

El presidente local del PP, Manuel Sánchez Bracho, uno de los firmantes de la moción de censura, aludió a la paralización de numerosos proyectos y falta de inversiones. El anterior concejal de Urbanismo, el socialista Sergio López, lo desmiente. Detalla que su delegación ha recaudado en estos dos años 2.573 millones de pesetas por convenios y licencias de obra y ha generado otros 4.350 millones de pesetas de derechos reconocidos. 'Han utilizado la política urbanística como cortina de humo para tratar de tapar la sinrazón de la moción de censura', afirma.

López recuerda que las inversiones privadas han superado los 40.000 millones de pesetas, que existen seis hoteles de cuatro y cinco estrellas en distintas fases de ejecución, al igual que dos hospitales privados y que se prevé la creación de 895 nuevos puestos de trabajo.

Señala también que 'todos' los convenios urbanísticos fueron aprobados por los concejales del Partido Popular, y algunos, incluso, contaron con el visto bueno de los propios ediles del GIL.

Por el contrario Sánchez Pinacho dice que 'no se atendía a los inversores' y que existía 'un gran descontento'.