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COLUMNA

Llueve sobre mojado

La protección por parte de la policía del cónsul marroquí ante la protesta vecinal contra la apertura de su oficina diplomática en Almería y la apertura de un queja de oficio por parte del Defensor del Pueblo ante el rechazo reiterado a dicha apertura han sido, sin duda, lo más llamativo de lo ocurrido en nuestra comunidad autónoma esta semana. Es verdad que ha habido algunas novedades en el polémico proceso de adaptación a la ley de las cajas de ahorros sevillanas, en un pleno sobre transfuguismo en el Parlamento de Andalucía y en el caso Isla Chica con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de proceder penalmente contra el alcalde de Huelva, que han tenido interés y que merecerían algún tipo de comentario. Pero no tienen, en mi opinión, la importancia de lo ocurrido en Almería.

'De lo que podemos estar seguros es de que mientras no dispongamos de una política de inmigración los acontecimientos como los de Almería o El Ejido volverán a repetirse'

Vaya por delante que soy plenamente consciente de que todos tendemos a ser muy comprensivos con los problemas que no nos afectan directamente y a la inversa. Nos resulta muy fácil, por ejemplo, criticar como xenófobas e incluso racistas las conductas de los ciudadanos que se ven directamente afectados por la apertura del consulado marroquí en Almería, sin tener conocimiento de la realidad social de la inmigración en esa provincia y sin intentar ponernos en su situación y preguntarnos qué haríamos en sus circunstancias.

Pienso que esto es lo que tendríamos que hacer todos. ¿Por qué esa resistencia a la apertura del consulado, llegando incluso al uso de la violencia, que dio lugar no sólo a que tuviera que intervenir la polícía, sino también a la apertura de diligencias judiciales? ¿Es que los ciudadanos de Almería son particularmente racistas y xenófobos? ¿Por qué la apertura del consulado marroquí en Algeciras ha sido tan extraordinariamente pacífica y la apertura en Almería está resultando tan extraordinariamente conflictiva? ¿Es que la condición de los ciudadanos de Almería es distinta de la de los ciudadanos algecireños?

Hasta que no seamos capaces de dar una respuesta razonable a estos interrogantes, todo lo que digamos será expresión de nuestros prejucios del signo que sea, pero no avanzaremos prácticamente nada para enfrentarnos con el problema de la inmigración.

Las dificultades para conseguir abrir un consulado marroquí en Almería no es más que un indicador más de la no existencia de una política inmigración coherente en nuestro país. Obviamente no se puede justificar el uso o la amenaza de la violencia, como ha ocurrido en Almería, y mucho menos para impedir la apertura de un consulado marroquí que es una necesidad evidente en dicha provincia, pero no nos podemos quedar en ese dato, porque no me parece lo más importante. Mientras no dispongamos de una política de inmigración, la violencia puede convertirse en algo recurrente. Mikel Azurmendi lo acaba de decir en su desasosegante libro Estampas del Ejido: 'Cuando en una sociedad democrática crece súbitamente una gran masa inmigrante... que exceda a la oferta de trabajo y de vivienda y que sea percibida como contraria a la seguridad ciudadana' cualquier acontecimiento que refuerce el sentimiento de inseguridad puede provocar un estallido de corte xenófobo.

No podemos hacernos la ilusión de que disponer de una política de inmigración, en cuya formulación y ejecución participen todas las administraciones implicadas, central, autonómica y municipal, evitará por completo que se produzcan resistencias ciudadanas ante medidas concretas e incluso que algunas lleguen a hacer uso de la violencia, pero de lo que podemos estar seguros es de que, mientras no dispongamos de dicha política, acontecimientos como los de esta semana en Almería o los del pasado en El Ejido volverán a repetirse. Si unos ciudadanos entienden que su contribución a la respuesta que tiene que darse al problema de la inmigración es excesiva, se opondrán a las medidas que más directamente les afecten.

O conseguimos formular y poner en práctica una política de inmigración que sea susceptible de ser entendida y considerada equitativa por el conjunto de la ciudadanía, o estaremos condenados a que se reproduzcan reacciones de protestas, que lo más probable es que vayan a peor.

El momento, además, es malo. Estamos inmersos en un conflicto con Marruecos, como la llamada a consultas del embajador hace un par de semanas ha puesto de manifiesto. Se está iniciando una desaleración económica, que va a reducir simultáneamente la oferta de empleo en nuestro país y que incrementará la presión inmigratoria, en la medida en que los países africanos se van a ver afectados por la crisis más que los europeos. Todo apunta a que van a venir más inmigrantes y que van a tener más dificultades para encontrar trabajo y vivienda. No podemos esconder la cabeza como los avestruces. Y no podemos esperar que los ciudadanos más directamente afectados acepten cargar con los costes de esta nueva situación en ausencia de una política general.

No es el momento de lamentarse otra vez de la oportunidad perdida con la ruptura del consenso en torno a la Ley de Extranjería en la legislatura anterior y la imposición por el PP de su ley tras obtener la mayoría absoluta en las últimas elecciones generales. La Ley que tenenemos es la que tenemos y con base en ella todas las administraciones tienen que poner en práctica una política que nos permita evitar lo ocurrido esta semana. De lo contrario, iremos a peor. Llueve sobre mojado

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 18 de noviembre de 2001