Tribunos y magistrados

No es imaginable que un 'lehendakari de Oklahoma' se oponga a las decisiones de Bush contra el terrorismo alegando que 'se están invadiendo sus competencias'. El sarcasmo con que adornó su toma de posesión el nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, no ha podido ser más desafortunado.

Los nacionalistas vascos han respondido considerando que esas declaraciones 'inhabilitan' a Jiménez de Parga para el cargo. Es una exageración, pero ¿qué esperaban quienes han celebrado la ocurrencia? El PNV lleva 20 años diciendo que el Tribunal Constitucional, entre cuyas funciones figura la de dirimir los conflictos de competencias entre el Estado y las autonomías, no es un árbitro neutral. Y sale su presidente diciendo algo que fácilmente puede interpretarse como que considera legítimo que el Estado invada las competencias de las comunidades autónomas. Es una torpeza de calado que viene a agravar el negativo efecto que ha producido el reparto de cargos institucionales entre los dos grandes partidos.

De quien preside el órgano encargado de interpretar la Constitución se espera una actitud de imparcialidad ideológica. Sus ideas políticas personales no sólo no interesan, sino que interesa que no las exponga. El sentido del Estado se manifiesta en la España actual en la defensa del Estado constitucional, que garantiza una distribución territorial del poder. Es cierto que no hay Estado de derecho sin Estado, pero ligar la lucha contra el terrorismo a la posibilidad de invadir competencias autonómicas es algo que debilita, más que fortalece, al Estado. Por ello, cuanto antes rectifique Jiménez de Parga, mejor para la institución y mejor para él, un jurista de larga trayectoria democrática.

El diputado nacionalista Emilio Olabarría consideró ayer 'inadecuadas y fuera de tono' las declaraciones de Jiménez de Parga. Tiene razón, pero su opinión podría considerarse una autocrítica: cuando era vocal del Consejo del Poder Judicial realizó imprudentes pronunciamientos públicos en los que consideraba ilegal la dispersión de los presos de ETA, de acuerdo con la peculiar posición de su partido en ese momento.

Los sistemas democráticos de sociedades complejas exigen delicados equilibrios entre las instituciones, pero también una cierta contención en las personas que las encarnan. No son tribunos, sino magistrados lo que necesitan nuestros tribunales.