Las empresas de Martín Berrocal recibieron ayudas al aceite hasta 1999

Un juzgado de Jaén investiga el supuesto fraude a la ayudas de la UE a la producción del aceite de oliva en las campañas 1994-1995 y 1996-1997 cometido por cuatro empresas administradas por José Luis Martín Berrocal. Pero, como el control a las subvenciones se produce años después del cobro, este núcleo de empresas relacionadas con Martín Berrocal recibió fondos europeos hasta 1999. Es más que probable que la investigación judicial se amplíe hasta un supuesto fraude de cerca de 500 millones.

En las campañas que aún no han sido investigadas, las empresas Mendoza Agrícola y Ganadera (MAGSA), El Potril Olivarera, La Toledana Olivarera y Punta Mar, solicitaron y cobraron fondos europeos. En la campaña 1995-1996 (justo entre las dos que se han inspeccionado), las cuatro empresas solicitaron ayudas y las cobraron. En la 1996-1997, la Junta de Andalucía bloqueó el pago de la subvención solicitada por MAGSA, pero sí pagó las de las otras tres. Por último, en 1998-1999, ni MAGSA, ni La Toledana Olivarera pidieron ayudas, pero sí El Potril Olivarera y Punta Mar, que, además, las cobraron.

Fuentes cercanas al proceso aseguran que si el manejo de estas empresas durante estas campañas se asemeja a lo hecho en las ya investigadas, el supuesto delito rondaría los 500 millones y, si se prueba el mal hacer, la sanción administrativa podría ser hasta tres veces más.

Las subvenciones agrarias necesitan tener inmediatez para ser verdaderamente útiles al productor y contribuir a la modernización del sector. Así, las ayudas a la producción del aceite de oliva de la Unión Europea (220 pesetas por kilo de grasa) se pagan en función de los certificados emitidos por las almazaras autorizadas. Las distintas administraciones están encargadas de vigilar que las ayudas multimillonarias se paguen a quien verdaderamente las merece. Pero, estas investigaciones normalmente tardan varios años.

Por lo tanto, la necesaria inmediatez de la concesión de los fondos, cuando hay trampa, se convierte en una bomba de impacto retardado. Esto puede suceder con la investigación judicial sobre el supuesto fraude de 220 millones a las ayudas de la UE por parte de las citadas cuatro empresas.

La Agencia para el Aceite de Oliva -dependiente del Ministerio de Agricultura- vio en su inspección de 1999 indicios suficientes de delito en la campaña 1996-1997. El supuesto fraude ascendería a algo más de 63 millones. La Intervención General de la Administración del Estado también investigó las actividades de estas mismas empresas, pero las relativas a la campaña 1994-1995. Al igual que la Agencia para el Aceite de Oliva, se topó con suficientes irregularidades como para solicitar que se sancionara a las empresas y que se exigiera la devolución de los alrededor de 160 millones de ayudas que se embolsaron esa campaña. Esta inspección también tuvo lugar en 1999.

A la luz de estos informes, la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía (encargada del control de las subvenciones agrarias), acudió el pasado julio a la Fiscalía de la Audiencia de Jaén, que vio delito y trasladó el caso al Juzgado de Instrucción número 3 de Jaén.

'Hechos aislados'

'Los casos de fraude siempre ponen en peligro la continuidad de las ayudas', afirmó el pasado jueves el consejero de Agricultura, Paulino Plata, sobre este caso. 'Lo que sí quiero resaltar es que este tipo de hechos es aislado y que, en éste en particular, se ha demostrado que los mecanismos de detección de supuestos fraudes han funcionado'.

Y es que la Junta está más que preocupada por el prestigio del sector olivarero andaluz. 'Sí pediría que no se sobredimensione el caso porque el presunto afectado sea una persona conocida. Son situaciones excepcionales', insistió Plata.