Vizcaya suma ya 120.000 millones en impuestos pendientes de cobro

La Diputación de Vizcaya ha visto cómo se eleva hasta casi 120.000 millones de pesetas la cifra pendiente de cobro en impuestos, según constata el último informe del Tribunal Vasco de Cuentas, referido al ejercicio de 2000. El estudio señala que sólo el pasado año quedaron sin pagarse 26.300 millones, 9.000 millones más que en 1999, la cantidad más elevada en los últimos tres ejercicios.

El Tribunal de Cuentas ha vuelto a evidenciar la elevada deuda tributaria de los contribuyentes con la Diputación, que supone un 15% del total recaudado en el último año. Los 120.000 millones pendiente de cobro en Vizcaya contrastan con los 26.500 existentes en la Diputación alavesa (el 10% de lo que se recauda en este territorio). Pero supone un porcentaje relativamente inferior al de Guipúzcoa, donde, según el informe de 1999, la cantidad pendiente de cobro en impuestos ascendía a 73.600 millones, el 18% del total de la recaudación anual.

El órgano que todos los años fiscaliza la actividad económica y financiera del Gobierno vasco, las tres diputaciones y los 250 ayuntamientos indica que de los 120.000 millones no cobrados en Vizcaya, casi 92.300 se consideran ajuste financiero, término técnico que se usa para definir las deudas de difícil cobro. De esta cantidad, casi 58.000 millones de pesetas proceden de 105 contribuyentes con una deuda particular superior a los 200 millones, según el Tribunal de Cuentas. Este centenar debe a la Hacienda foral más de 71.500 millones.

Impuesto de la Renta

La deuda procede mayoritariamente de los impuestos directos (Renta, Sociedades y Patrimonio) y los indirectos, como el IVA. El hecho de que la partida más elevada sin cobrar, 35.645 millones, provenga del Impuesto de la Renta indica que una parte importante de los morosos son ciudadanos particulares. El órgano fiscalizador no hace ningún comentario sobre esta elevada deuda tributaria y se limita a aportar las cifras. La Diputación vizcaína, que en cada informe dispone de un anexo para exponer sus alegaciones a los datos y consideraciones del tribunal, tampoco dice nada al respecto.

Se incluye el aplazamiento de deudas tributarias por un importe de 4.300 millones con 'un tipo interés inferior al establecido' por la propia Diputación.

Pese a que el informe se refiere también a anomalías en los contratos públicos, tras analizar un total de 57 expedientes por un importe de 18.000 millones, se trata de problemas menores. Así, sólo se hace referencia a un caso sin publicidad ni concurrencia cuando hasta ahora la carencia de este requisito era una de las principales irregularidades. El tribunal destaca 'las mejoras en los procedimientos de gestión y el adelanto en las fechas de cierre contable', así como el 'inicio de los trámites para elaborar un reglamento de fiscalización y control de las subvenciones'.