Las mujeres de El Palmar no quieren que se suspenda la ejecución de pena

'Nosotras no queremos que la junta directiva de la Comunidad de Pescadores de El Palmar vaya a la cárcel pero entendemos que las condiciones para suspender la ejecución de la pena no se dan y que la sentencia que ha dado origen a esta situación sigue sin cumplirse, no nos han admitido', explicó ayer Carmen Serrano, representante de las cinco mujeres que pleitean desde hace más de seis años por su incorporación a la Comunidad en las mismas condiciones que los miembros varones. Mario Pérez, abogado de las mujeres, explicó ayer, tras casi dos horas de reunión con las afectadas, que entre el jueves y el viernes remitirá un escrito al Juzgado de lo Penal número uno de Valencia en el que expondrá las razones por las que entiende que no debe considerarse la suspensión de la pena de nueve meses de prisión que ha solicitado el abogado de los doce miembros de la junta directiva de la Comunidad de Pescadores de El Palmar, Francisco Davó.

'La suspensión, y así lo establece claramente la ley, está sujeta a varios requisitos. De ellos, la junta directiva ciertamente cumple el de no tener antecedentes y el de haber sido condenados a menos de dos años. Sin embargo, la otra condición es la de que carezca de peligro criminal, que es lo mismo que reincidencia en el delito. Es obvio, a todas luces, que han desobedecido de forma reiterada y están burlándose de la justicia', dijo el letrado.

Pérez entiende que falta el pronunciamiento del fiscal. 'Pero es muy significativo que el propio fiscal jefe, Enrique Beltrán, se haya manifestado en el mismo sentido que lo hacemos nosotros', añadió.

Requerimiento

La defensa de la dirección condenada, de la que sólo continúa en la renovada junta el presidente, presentó ante el juez un escrito en el que solicitó la suspensión de la pena por entender que el riesgo criminal no existe. Sin embargo, según el abogado de las mujeres, 'es tan cierto que existe como que la comisión judicial ha ido a El Palmar ha entregar un requerimiento a la Comunidad de Pescadores a nombre de su presidente y se ha encontrado con que allí le han dicho que no saben dónde vive, que no saben dónde trabaja en Valencia y que no pasa habitualmente por las dependencias de la Comunidad'.

El juez deberá enviar requerimiento personal al domicilio particular de cada uno de los condenados. Entre tanto, deberá resolver sobre la suspensión de la pena de privación de libertad, cuyo plazo de presentación de escritos para las partes finaliza el próximo martes. 'No está en nuestro ánimo, nunca hemos querido que la junta directiva vaya a la cárcel. Pero sí tenemos claro que las condiciones para la suspensión de la pena por desobediencia debe decidirla el juez teniendo en cuenta todos los requisitos que la ley exige. El propio magistrado dijo en una de las sentencias que la actuación de la junta directiva con respecto a la no incorporación de las mujeres era mala fe, y las mujeres, a día de hoy, siguen sin estar dadas de alta en la Comunidad a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo', concluyó Pérez.