Madrazo condiciona la creación de 'narcosalas' a que se logre un gran consenso político y social

El consejero de Asuntos Sociales, Javier Madrazo, mostró ayer en el Parlamento su disposición a poner en marcha las narcosalas y el suministro de heroína con fines terapéuticos a los drogadictos más irreductibles si logra un amplio consenso político y social para ello. Para Madrazo se trata de iniciativas positivas, pero reconoce que antes de ponerlas en práctica es precisa una labor pedagógica de concienciación entre los ciudadanos sobre sus bondades. Además, el apoyo de los partidos resulta fundamental, especialmente de PNV y EA, los socios de Gobierno de IU.

Madrazo presentó ayer a la Comisión de Acción Social de la Cámara las líneas de actuación de su departamento en materia de drogodependencias. El consejero estuvo acompañado por algunos miembros de su equipo, entre ellos el director de Inmigración, Omer Oke. Según Madrazo, la dirección de Drododependencias tiene intención de profundizar en la política de reducción de daños, que comprende la distribución controlada de heroína a los adictos y la creación de las narcosalas, espacios donde los heroinómanos marginales pueden inyectarse en condiciones de seguridad y que ya se han puesto en marcha en la Comunidad de Madrid.

El consejero recordó que la distribución de heroína se ha saldado con resultados positivos en Suiza y Holanda. En este último país, el éxito del proyecto ha estado ligado a un paquete de medidas de índole social, como la inserción laboral y la integración normalizada en la comunidad. Madrazo agregó que su departamento evaluará la necesidad de ampliar los servicios de acogida a toxicómanos con salas de consumo higiénico de heroína, cocaína y otras drogas, siguiendo el ejemplo de Madrid y el modelo de propuesto por Andalucía.

Sanidad pide más estudios

En cualquier caso, Madrazo puntualizó que todo pasa por la consecución de un amplio consenso político y social. 'No tendré ninguna reserva mental ni política para aplicar las medidas, pero es necesario que los partidos y la sociedad estén de acuerdo', recalcó a preguntas del representante socialista Jesús Loza.

El primer escollo que tendrá que salvar el consejero radica en el propio Gobierno vasco. El Departamento de Sanidad, dirigido por el PNV, reiteró ayer que antes de iniciar el suministro controlado de heroína tiene que existir la evidencia científica de que es eficaz. En ese sentido, la consejería aguardará los resultados de las experiencias que se van a desarrollar en Cataluña y en Andalucía.

Eusko Alkartasuna, el otro socio del Gabinete, apostó por 'empezar a trabajar' en estas iniciativas, aunque matizó su apoyo. Su parlamentaria Nekane Alzelai recalcó que 'hace falta un consenso amplio. EA cree en la necesidad de abrir narcosalas y de dispensar heroína, pero siempre que se consiga el respaldo social'.

Organizaciones sociales que trabajan en la rehabilitación de toxicómanos también apoyan la creación de narcosalas, pero se muestran cautelosas a la hora de dar los pasos necesarios para que se conviertas en realidad en Euskadi. Para la directora de Proyecto Hombre en Vizcaya, Estíbaliz Barrón, la sociedad está preparada para muchas cosas, pero siempre 'hay que tener en cuenta los impactos que todo este tipo de iniciativas puedan tener en el entorno'. 'El procedimiento de rehabilitación', añade, 'es una especie de escalera donde es necesario no olvidarse de ningún peldaño. Es necesario que se pongan en marcha diversos recursos asistenciales dirigidos a mejorar la calidad de vida del colectivo de drogodependientes'.

La Fundación Etorkintza basa la aplicación de estas medidas en que la evidencia médica demuestre que son positivas y que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los drogadictos y de su entorno. Su director gerente, Eduardo de la Sota, asegura que es preciso 'un debate social, sobre todo teniendo en cuenta datos técnicos. Hay que basarse en la evidencia de las investigaciones y no tanto en opiniones'.

Cualquier paso que se dé tiene que producirse como consecuencia de los estudios, sin entrar en cuestiones políticas. 'Hay proyectos que mejoran la calidad de vida de los toxicómanos, pero después la implantación de un servicio de asistencia en un barrio plantea problemas sociales. Tras la evidencia, debe haber un debate social y una aceptación de los recursos para que no generen problemas', según De la Sota.