Sanidad fijará por ley las prestaciones básicas del Sistema Nacional de Salud

Los ministerios de Administraciones Públicas y Sanidad finalizarán esta semana las reuniones técnicas que mantienen con las diez comunidades autónomas pendientes de recibir las competencias en materia de sanidad. La culminación de estas ponencias técnicas supone la recta final del proceso transferencial, que se iniciará a partir del día 1 de enero próximo. Según Sanidad, el volumen de recursos asciende a un presupuesto inicial de 1,7 billones de pesetas, 132.000 trabajadores estatutarios, 79 hospitales y 1.068 centros de salud.

El departamento de Celia Villalobos está ultimando un proyecto de Ley de Coordinación y Cooperación Sanitaria entre las distintas administraciones, que enviará próximamente al Congreso, en el que, entre otros aspectos, se fijará el catálogo de prestaciones básicas del Sistema Nacional de Salud y un sistema unificado de información que permita evaluar el funcionamiento del sistema con criterios comunes.

Fuentes cercanas a la elaboración al documento anunciaron que uno de los aspectos principales que contempla es el fortalecimiento del papel del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, infroma la agencia Europa Press. Ése es el actual foro para la puesta en común de políticas entre Gobierno central y autonomías, y como tal ha sido marco habitual de enfrentamiento entre comunidades de distinto signo político. A partir de ahora, Sanidad pretende que dicho órgano tenga 'más rigor' a la hora de formalizar, poner en marcha y hacer un seguimiento de los acuerdos que se alcanzan en su seno, a partir de la finalización del proceso transferencial. Para ello, según las mismas fuentes, los técnicos barajan establecer un sistema para hacer cumplir a las comunidades autónomas los acuerdos que salgan de este organismo. Sobre este último punto todavía no existe consenso.

Un registro unificado

Además, el Gobierno se ha marcado como objetivo sacar adelante el proyecto de ley con las aportaciones y el acuerdo unánime de los distintos grupos parlamentarios, al igual que ocurrió con la Agencia de Seguridad Alimentaria o el proyecto de ley contra la interinidad en el Insalud.

Otro de los aspectos que contemplan los técnicos, para su inclusión en ese proyecto de ley, es la elaboración de un registro unificado de historiales médicos para el conjunto del Sistema Nacional de Salud, para que mediante una tarjeta electrónica y con las pertinentes cautelas que salvaguarden la intimidad del paciente, cuaquier persona pueda ser atendida en las mismas condiciones independientemente de la comunidad autónoma en la que se encuentra.

Finalmente, el proyecto podría abrir la posibilidad de crear nuevas agencias de coordinación interautonómica, similares a la del Medicamento o Seguridad Alimentaria, en el caso de que las circunstancias y el consenso entre Administraciones lo hagan pertinente.