'Lizarra debe clausurarse en la Justicia vasca o no estaremos en paz con Lidón'

Juan Luis Ibarra (Sopelana, 1948) guarda en su despacho un grabado de Subirachs. Representa la imagen clásica de la Justicia, su balanza, su venda. Representa un premio que hace tres años recibió el colectivo de jueces del País Vasco amenazados por los intolerantes. Y ahora un juez vasco, José María Lidón, ha sido asesinado por ETA.

Pregunta. ¿Qué reflexión han hecho los jueces tras el atentado del miércoles?

Respuesta. Podríamos hacer tres grupos de jueces: primero, los que llevamos tiempo en el País Vasco y queremos hacer nuestra carrera aquí, que estamos entre los 40 y 60 años y tenemos una forma de ver la Justicia en el País Vasco muy perfilada más allá de las ideologías. Otro grupo tienen su destino aquí y no lo han elegido, sino que era el menos malo de los posibles, pero en todo caso poco apetecible. Van a estar al menos tres años y una parte va a continuar su vida profesional en el País Vasco y otra va a decidir que ni un día más del necesario. Y hay un tercer grupo cada vez más numeroso que son los jueces sustitutos y los magistrados suplentes que cubren las muy crecientes vacantes...

'La Justicia como poder público en el País Vasco está en una situación de transitoriedad'

P. ¿Y cómo ve la situación cada grupo?

R. Me preocupa cómo van a ser las próximas semanas para los jueces jóvenes, pero sé más bien cómo pensamos los del primer grupo. Sabíamos que esto iba a ocurrir, no el asesinato de José María Lidón, eso probablemente nadie; sabíamos que se estaban agravando las circunstancias que casi convertían en inexorable este asesinato y no estábamos siendo capaces de comunicar ni a las instituciones vascas ni al CGPJ la gravedad de la situación. ¿Cómo nos sentimos? Muy frustrados por no haber sido capaces de evitar lo que era evitable. No es evitable que haya asesinos en el País Vasco, ningún juez piensa en una sociedad sin delincuentes. Pero cuando una organización terrorista define a los integrantes de un poder público como enemigos existenciales, entonces las instituciones autonómicas debieran haber hecho lo que no han hecho: decir son los jueces del País Vasco. Ni siquiera ayer lo oímos. Ayer, para el lehendakari, fuimos los jueces que trabajamos en el País Vasco. Ni siquiera por un día para las instituciones fuimos los jueces del País Vasco. Ésta es la clave básica y no ha sido siempre así. Para los gobiernos que han precedido al de Ibarretxe no había ninguna duda de que éramos los jueces del País Vasco, más o menos incómodos o agradables, era lo de menos.

P. La falta de apoyo institucional, como ha escrito...

R. Es como si hubiéramos hecho un recorrido en círculo y hay que romperlo. En la primera mitad de los 80 estábamos así. Los jueces en Bilbao vivían todos, seis, siete, nunca había más, en un piso en que nunca se levantaban las persianas. Esto se terminó en 1987. Cuando se formula el pacto de Ajuria Enea, un grupo de jueces tuvimos una participación absolutamente personalizada en su redacción, de forma discreta, pero fuimos parte activa pues formábamos parte del entramado institucional y así se nos sentía. ¿Qué ha pasado para que ahora sólo formalmente se diga que una sociedad sin jueces no puede sobrevivir democráticamente? Ahora la propuesta de los partidos del Gobierno vasco es 'queremos un Poder Judicial propio'.

P. Idea que han repetido los últimos consejeros...

R. Lo han repetido. Y mientras sea así habremos vuelto a los 80. Una sociedad políticamente organizada necesita tener jueces legitimados institucionalmente.

P. ¿Siente que el Gobierno vasco les ha dejado abandonados o no suficientemente respaldados?

R. Nunca podemos hacer afirmaciones muy tajantes. Hemos tenido magníficos consejeros de Justicia como mi amigo, José Ramón Recalde, y el mejor, Juan Ramón Guevara, era nacionalista. El problema no es la ideología del consejero de Justicia, sino que debe tener claro cuál es la Justicia que quiere como servicio y como poder público. Como servicio, la Administración de Justicia en el País Vasco tiene un nivel claramente superior a la media española. Sin embargo, la Justicia como poder público en el País Vasco está en una situación de transitoriedad por que se nos ha colocado en esa situación por el anterior y por el actual consejero de Justicia. Y se nos ha colocado así porque están esperando a otros jueces que no somos nosotros y es imposible que no notemos que somos sentidos como ajenos.

P. ¿Cree que el Gobierno vasco es consciente de que lo que se plantea es un desafío que puede quebrar un pilar del Estado?

R. Creo que no se es consciente de eso. Si esta conversación pudiera ser fielmente transmitida al lehendakari, estoy seguro de que se escandalizaría. Nunca le diría esto al lehendakari si no hubieran asesinado a José María Lidón. Tengo que decírselo porque le han asesinado y a quien se lo hubiera debido decir es al consejero de Justicia y a los vocales del CGPJ que tenían constitucionalmente encomendada defender nuestra independencia. Al lehendakari no le reprocho nada, pero algún día tenemos que decir las cosas como son. La época de Lizarra debe clausurarse en la Justicia del País Vasco; si no, no vamos a estar en paz con José María Lidón. Si queremos ajustar las cuentas con nuestra memoria, con la memoria que para nosotros representa José María Lidón, tenemos que clausurar la proyección del pacto de Lizarra sobre la Justicia. Y esa proyección es actuar como si los jueces en el País Vasco fuéramos un poder transitorio en atención a algo que habrá de venir.

P. ¿Y el respaldo social?

R. Decir que la sociedad vasca nos ha mimado es poco. Nos ha más que mimado. Hablo desde Bilbao, que es lo que conozco. Los jueces del País Vasco no tenemos absolutamente ningún problema con el tejido social. La sociedad vasca que yo conozco estoy seguro de que no está dispuesta a renunciar a sus jueces. Un juez constitucional puede tener futuro en el País Vasco y la sociedad quiere que tengamos futuro. Está por ver, y apuesto por que lo vamos a ver, que lo quiera el sistema institucional vasco y que esté dispuesto a apostar por ello el CGPJ.

P. ¿Qué medidas de seguridad cree necesarias ahora?

R. Hemos tenido malos tiempos con la seguridad, pero ahora no lo son. Las relaciones entre el Departamento del Interior, las fuerzas de seguridad y la judicatura son buenas. El Departamento y el Ministerio del Interior son absolutamentes sensibles a los problemas de seguridad de los jueces. En este momento, es un problema sin más de hacer el diagnóstico más certero que se pueda y que las cosas funcionen. Hay que tratar con los jueces concretos. Lo que no puede ser es que te tengas que enterar por la prensa de que hay 78 jueces en las listas de un comando.

P. ¿Cree preciso que todos los jueces lleven escolta?

R. El uso de escoltas desplaza los riesgos. Los que llevamos escolta estamos protegidos y nuestros compañeros están un poco más desprotegidos. Ése es un dilema moral muy serio que requiere criterios absolutamente objetivos. No puede ser el criterio que se ha seguido una época, que era 'si os sentís amenazados'. Esta expresión nos resulta inaguantable y lo han dicho las más altas instituciones de este país. El problema no es que nos sintamos amenazados, sino que quien es responsable de nuestra seguridad establezca unos criterios objetivos que no somos los jueces quienes tenemos que dar. Lo que sí exigimos es que los haya y sean objetivables. ¿Cuál es la actitud del departamento [de Interior] ante esto? Creo que no es mala.

P. ¿Sigue pensando como dijo una vez que quiere jubilarse como juez en Euskadi?

R. Sí. Verme de juez jubilado en Euskadi es una imagen que me resulta grata. Sin embargo, mi hijo, que tiene ya 26 años, me ha dado una alegría cuando me ha dicho que se iba a trabajar a Madrid. Ésa es la contradicción de este país.