Rato y el 'tocamacho' del PP

Siendo pragmáticos hasta se le pueden encontrar ventajas a uno de los programas bodrios que la televisión pública emite, porque gracias a Cine de barrio no es preciso explicar a nuestros retoños en qué consisten el timo de la estampita o el tocomocho. Tienen frescas en sus retinas al siempre magnífico Toni Leblanc y sus adláteres ejecutando simpáticamente sus estafas. Estafas en las que siempre se ha considerado que tan estafador es el que pica, queriendo lucrarse a costa del tonto que exhibe billetes o del que le urge cobrar por anticipado el premio de la lotería, como el que estafa realmente.

Lo que resulta insólito es escuchar en esta España euromonetaria a todo un señor gobernador del Banco de España parecidos argumentos y atribuir, durante su comparecencia en la pantomima de comisión de investigación que el PP ha montado sobre Gescartera, a quienes han perdido sus ahorros en este tocamacho bursátil parte de la culpa por su codicia al intentar obtener unas rentabilidades que, según deberían de saber, son impensables en el nivel actual de los mercados. Culpa suya es no dominar el análisis de tendencias, no moverse con agilidad en los mercados de derivados financieros o confundirse con los depósitos estructurados. Sería pues conveniente que en las asociaciones de jubilados y pensionistas abandonasen las partidas de chamelo y truc para suplirlas por clases de 'charterismo' y las actividades de macramé o alfarería por cursos sobre las opciones de futuros.

En otras palabras, el Sr. Caruana ha resucitado la vieja concepción del derecho romano sobre el caveat emptor o sea, que tenga cuidado el comprador con lo que hace. Posición obsoleta do las haya puesto que a tenor de ella huelgan los derechos del consumidor o la doctrina sobre la responsabilidad del fabricante y que, en nuestro caso bursátil concreto, ha sido arrumbada desde el crack de 1929 en los Estados Unidos y, posteriormente, en todo el mundo civilizado -también en España hasta 1996- por las security regulations. Los Estados directamente o, preferentemente, a través de agencias, autoridades o comisiones independientes, se encargan de garantizar los derechos de inversores, accionistas o partícipes, en un mundo financiero cada vez más complejo y donde los mercados distan mucho de funcionar adecuadamente porque están plagados de asimetrías: la información que posee el comprador nunca es perfecta, ni siquiera suficiente .

Todos conocemos ya la doctrina oficial que el PP con su mayoría ha impuesto sobre el caso Gescartera, tan válida como si hubiesen votado que la fórmula del agua es H3O: se trata sólo de una estafa, monumental pero sólo una estafa. Pues para esto sobran las instituciones reguladoras en España. Si lo que ocurra en un mercado de tanta importancia social como el bursátil sólo limita con el Código Penal, sobra la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) puesto que todavía hay jueces y tribunales en España.

Aunque en realidad la CNMV -como también el Tribunal de Defensa de la Competencia, aliviado de gran parte de sus funciones en favor de un ministro que no gusta de controles- ya había pasado a mejor vida desde que Rodrigo de Rato y Figaredo ejercitó la facultad que le otorga la Ley del Mercado de Valores en su artículo 17 para proponer al Gobierno el nombramiento como 'personas de reconocida competencia en materias relacionadas con el mercado de valores' a Pilar Valiente, la cual, en palabras de un consejero de la Comisión recogidas por Jesús Mota, jefe de la sección de Economía de este diario, en su recomendable obra Aves de RaPPiña, tenía tan baja capacitación técnica que no distinguía entre una obligación y una acción cuando llegó a la CNMV. O para el cargo de vicepresidente -que lleva anejo nada menos que el puesto de consejero nato del Banco de España- a un personaje tan burdo, corrompido e impresentable como Luis Ramallo.

Pensar que esto sólo es una estafa, cuando hay connivencias del número dos del Ministerio de Hacienda, imputado en el sumario junto con su hermana, cuyo impagable diario los ha puesto a todos contra las cuerdas. Cuando la Agencia Tributaria mira para otro lado sin detectar la afluencia multimillonaria de dinero negro. Cuando las inspecciones se paralizan antes de tiempo. Cuando fallan todos los controles y se evaporan inexplicablemente miles de millones. Cuando un banco extranjero implicado en el caso concede un crédito a una empresa poseída en un tercio por el Vicepresidente segundo y Ministro de Economía del Reino de España, siendo que en normal práctica bancaria a esa empresa jamás se le hubiese concedido un préstamo de esa cuantía, dados sus activos y su cuenta de resultados, a no ser que la prenda fuese el cargo de Rato. O cuando Rato asciende a sociedad de valores a Gescartera, cliente de ese mismo banco, pese a la sanción ya recaída. Pensar, insisto, que eso es una simple estafa pese a todas las connivencias públicas necesarias para perpetrarla, sería de una estulticia digna del Guinness.

Pero que, encima, frente a estos hechos acreditados, el ministro Rato se permita amenazar con querellas a un diputado en ejercicio de su actividad, en claro menosprecio del privilegio constitucional de inviolabilidad parlamentaria, es barbaridad tan tamaña que, pese a la sorprendente catatonia que invadió al susodicho diputado -cualquiera puede tener una mala tarde- sólo merece alguna, o todas, de las siguientes respuestas. A saber: 1º Reírse en sus barbas y espetarle, con toda lealtad constitucional por supuesto, que aquí te espero friendo un huevo. 2º Enviarlo cortésmente a darse un paseo al tiempo que aconsejarle que sus habilidades como macquereau gubernamental las puede ejercer en cualquier casa de lenocinio pero no en sede parlamentaria. Y, por último y sobre todo, ratificarse en todo lo dicho -como por la presente quien suscribe lo hace- y volver a manifestar que no sólo sus actuaciones y nombramientos en el caso Gescartera lo implican políticamente de pleno en el mismo sino que el resto de sus actividades empresariales, con amplios intereses en sectores como banca o seguros, por ejemplo, cuya regulación y actividad dependen directamente de su ministerio, exigen su higiénico alejamiento de las responsabilidades políticas. Lo público y lo privado no pueden estar en una tan íntima conexión como en Europa jamás se ha visto excepto en la Italia, en la Sicilia, de Andreotti y ahora, de nuevo, en la Italia del amigo de Aznar, Berlusconi. La España de las oportunidades del PP no es más que la oportunidad de hacer negocios desde el Estado y sus aledaños. Esto no es ya un patio de Monipodio. Esto es, directamente, la cueva de Alí Babá.

Segundo Bru es catedrático de Economía Política y senador socialista por Valencia.