Los puntos de la discordia

Cinco puntos del paquete de negociación global, aparentemente muy técnicos pero con repercusiones en intereses de varios países, han provocado el atasco para el acuerdo. Ayer quedaron reducidos a cuatro.

- Cupos de reducción. Se consiente que los cupos de reducción de emisiones de los países desarrollados logrados en el primer periodo de cumplimiento, mediante proyectos conjuntos entre ellos o con otro en vías de desarrollo, se puedan trasladar al segundo periodo de cumplimiento del Protocolo, pero limitados en un 2,5% del total de las emisiones contabilizadas por esas prácticas. Frente a la postura de la UE y del G77+China, que defiende esa limitación, el Grupo Paraguas (Rusia, Japón, Canadá y Australia) se niega a aceptar ese tope.

- Compraventa de emisiones. Se establece que los países que no cumplan con las obligaciones recogidas en el Protocolo de Kioto (lo cual implica sanciones) no podrán utilizar los llamados mecanismos de flexibilidad del mismo, como proyectos conjuntos entre países o la compraventa de emisiones, para cumplir sus objetivos de reducción de emisiones. El Grupo Paraguas rechaza esta conexión entre cumplimiento y derecho de uso de los mecanismos.

- Mínimos efectos adversos. Arabia Saudí y algún otro productor de petróleo considera que la reducción del consumo de este combustible afectará negativamente a su economía, y pretende obtener una reparación a cambio. Esta reclamación de ayuda a Arabia Saudí y a la OPEP (países productores de petróleo) resulta inaceptable para muchos otros Gobiernos. El problema reside en la información y la transparencia acerca del cumplimiento de reducción de efectos adversos.

- Sumideros. Se fija la obligatoriedad de proporcionar información amplia y abierta sobre los sumideros de dióxido de carbono (los bosques y actividades forestales en tanto que absorben y fijan este gas). Algunos países se oponen por considerar que puede ser información confidencial.

- Rusia. El llamado problema ruso deriva del acuerdo político de Bonn, donde se estableció una tabla que fija a cada país desarrollado un máximo de megatoneladas (millones de toneladas) de carbono que podrán descontarse en su saldo final por las actividades de manejo forestal en sus propios bosques. A Rusia se le adjudicaron 17 megatoneladas e inmediatamente protestó ante los cálculos realizados y reclamaba 33 megatoneladas. Para solventar este punto se ha ofrecido a Rusia elevar hasta 25 millones de toneladas su cupo.