El juez imputa a dos jefes policiales por la carga de la plaza de Catalunya

Un juez de Barcelona ha admitido a trámite la querella presentada por diversos grupos antiglobalización contra la delegada del Gobierno en Cataluña, Julia García-Valdecasas, y la policía a raíz de la carga que se produjo el pasado 24 de junio en la capital catalana, antes de que finalizara una manifestación en contra del Banco Mundial. En esa misma resolución, notificada ayer, el juez cita a declarar como imputados para el próximo miércoles a los dos jefes policiales que dirigieron la actuación.

El magistrado también asegura que 'en este momento' no precisa llamar a declarar a García-Valdecasas ni al subdelegado del Gobierno en Barcelona, David Bonet. La querella que ahora tramita el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona fue presentada en agosto por la Federación Catalana de ONG y otras 70 entidades, entre asociaciones vecinales, sindicatos y partidos de izquierda. Los querellantes acusaban a la policía y a García-Valdecasas de lesiones, daños, detención ilegal y un delito contra el ejercicio de los derechos cívicos, por disolver sin motivo la manifestación.

Los dos mandos imputados son los comisarios jefe del Cuerpo Nacional de Policía, Silverio Blanco y Ángel Artegui, responsables de la Unidad de Intervención Policial -los agentes antidisturbios- y de la Brigada de Información, respectivamente.

La reunión del Banco Mundial en Barcelona -que fue suspendida ante las protestas de los grupos antiglobalización- fue el origen de la manifestación del 24 de junio, convocada por más de 300 entidades y a la que asistieron 20.000 personas. La Delegación del Gobierno trató de cambiar el itinerario, pero los jueces lo denegaron y los manifestantes mantuvieron el recorrido. La marcha transcurrió con normalidad por el Paseo de Gracia, y a su paso por la Bolsa de Barcelona -el punto más caliente, que fue tomado por una legión de agentes- no se produjo ningún altercado.

Sin embargo, nada más iniciarse el recorrido, un centenar de agitadores se situaron en la cola y arrasaron a su paso todos los escaparates de bancos y tiendas que encontraron. Los encapuchados actuaron con toda libertad y los destrozos se evaluaron en 100 millones de pesetas.

Heridos y detenidosCuando la manifestación aún no se había disuelto y había unas 3.000 personas en la plaza de Catalunya, la policía cargó de manera indiscriminada. Veintinueve personas fueron detenidas y 59 resultaron heridas, casi todas leves. Un manifestante perdió un ojo por el impacto de una pelota de goma. Algunos testigos explicaron que entre esos agitadores había policías de paisano infiltrados -provistos de palos de madera y con la cara tapada con pañuelos independentistas-, que participaron activamente en los destrozos y después efectuaron detenciones. Los detenidos quedaron en libertad con cargos el mismo día, excepto dos extranjeros, liberados días después.

El juez afirma que el primer objetivo es identificar a los policías que participaron en la carga. Por ello cita a declarar a sus mandos y reclama a TVE y TV-3 las imágenes registradas ese día. El magistrado añade que 'puede ofrecer cierta sorpresa' que cite a los jefes policiales como imputados, pero precisa que lo hace así para 'garantizar su derecho de defensa', porque podrían ser incriminados.

La decisión judicial provocó ayer reacciones diversas. Un portavoz de la Delegación del Gobierno aseguró que esperaba que 'judicialmente se pueda cerrar la campaña de desprestigio de la policía que impulsan algunos colectivos'. Del mismo modo, afirmó que 'cuestionar sistemáticamente a la policía hace más fuertes a los grupos violentos'.

Por su parte, los grupos antiglobalización aseguraron que la decisión judicial les llenaba de satisfacción y reclamaron la suspensión de García-Valdecasas mientras dure la instrucción de la causa. En términos similares se expresaron Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya-Verds, firmantes de la querella. El despacho de abogados de Miquel Roca, ex secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya se ha ofrecido, y ha sido aceptado, como defensor de la delegada del Gobierno en caso de que sea llamada a declarar.