Pérez Saldaña subvencionó a la FARA a pesar de que sospechó de los directivos detenidos desde 1998

El consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, defendió ayer de nuevo la actuación de su departamento, que firmó convenios en 2000 y 2001 con la Federación de Asociaciones Romaníes de Andalucía (FARA) a pesar de las sospechas sobre su junta directiva desde 1998 y de que la Consejería nunca 'reconoció' a dicha junta. Tres de sus responsables ingresaron ayer en la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga), acusados de blanqueo de dinero, malversación de fondos públicos, amenazas, coacciones e infidelidad en custodia de documentos por decisión del juez de instrucción del caso.

El titular de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, volvió a defender ayer en Granada la actuación de su departamento en la concesión de ayudas a la FARA, a pesar de que el propio consejero reconoció que la llegada de los detenidos a la directiva en 1998 le despertó sospechas por ser poco democrática. El clan de Los Charros, al que pertenecen los 13 detenidos en Málaga, se hizo con el control de la FARA por un golpe de mano ese año. Pérez Saldaña congeló los convenios con la entidad al año siguiente, mientras el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales abrió un expediente informativo sobre la organización que culminó sin que se detectasen anomalías.

Pérez Saldaña reivindicó la actuación de la Consejería que actuó 'como tenía que actuar, siempre en la línea de no reconocer a la junta directiva [de la FARA]'. A pesar de ello, Asuntos Sociales volvió a firmar convenios de colaboración en 2000 y 2001 para combatir el absentismo escolar, mientras que la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico siguió subvencionando ininterrumpidamente entre 1998 y 2000 la contratación de monitores y los cursos de formación ocupacional que gestionaba la FARA.

El consejero dijo ayer que la apertura del expediente judicial contra la directiva de la entidad coincidió con el momento en el que 'visualizamos anomalías'. Las investigaciones policiales, sin embargo, se remontan más atrás. Fuentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Policía, que no descartan sumar nuevas detenciones a las 13 practicadas, señalaron que han investigado la trama durante casi dos años. Los detenidos, que pertenecen a tres familias del clan de Los Charros, empleaban amenazas, intentos de soborno y otras 'prácticas mafiosas' para convertirse en la única organización receptora de ayudas públicas destinadas a los gitanos en Andalucía, según fuentes policiales. Los investigadores calculan que, de los 1.000 millones en ayudas públicas recibidos por la entidad desde 1998, se han desviado al menos unos 300 millones de pesetas.

Esta operación ha propiciado que la Consejería de Asuntos Sociales modifique las directrices que hasta ahora habían presidido sus programas de apoyo a la integración de la comunidad gitana, que en las futuras convocatorias también serán otorgados a organizaciones que no estén gestionadas por gitanos. Después de asegurar que la detención de directivos de la FARA no repercutirá sobre la comunidad gitana, Pérez Saldaña dijo que la Consejería colaborará con todas las entidades que luchan contra la pobreza y la exclusión. Los programas contra el absentismo escolar que ejecutaba la federación serán asumidos directamente por la Junta de Andalucía mientras no se cierre el proceso judicial.

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Málaga, Pedro Molero, decretó ayer prisión preventiva de tres directivos de la FARA sobre las 6.30 de ayer, después de tomar declaración durante 18 horas a los 13 detenidos. Vicente Rodríguez Arribas, presidente de la FARA; Salvador P. A., secretario, y Valeriano G. G., asesor fiscal, ingresaron en la cárcel de Alhaurín de la Torre acusados de blanqueo de dinero, malversación de fondos públicos, amenazas, coacciones e infidelidad en custodia de documentos.

El juez dejó en libertad bajo fianza de 500.000 pesetas al presidente de la Asociación pro Derechos de los Gitanos (Prodegi), José Maldonado Sandoval, y otros tres trabajadores de la FARA. Los seis detenidos restantes -entre ellos el interventor de la entidad, Andrés Arribas; la esposa de Rodríguez y dos hijos- quedaron en libertad con cargos, aunque sin fianza. El juez mantuvo las imputaciones contra los acusados, pese a que al menos ocho se proclamaron inocentes.

Algunos familiares, concentrados ante los juzgados durante la toma de declaraciones, amenazaron a los fotógrafos. Un reportero gráfico del diario Sur denunció la agresión que sufrió sobre la medianoche por dos individuos que le arrojaron una botella con líquido de frenos que le dejó sin visión por unos momentos.