La policía detiene a 12 personas por desviar más de 300 millones de ayudas a asociaciones gitanas

La policía ha detenido a 12 personas relacionadas con la familia El Querillo, principal rama del clan de Los Charros de Málaga, por presunto tráfico de drogas, blanqueo de dinero y fraude a Hacienda. Entre los detenidos figura el presidente de la Federación de Asociaciones Romaníes de Andalucía (FARA), Vicente Rodríguez Arriba. Fuentes policiales aseguran que desde 1997 la FARA ha recibido más de 1.000 millones de pesetas en subvenciones públicas. La policía sostiene que más de 300 millones de pesetas de estas ayudas han sido desviados en beneficio de la trama familiar.

Más de 1.000 millones de pesetas en ayudas fueron aportados por la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, este último mediante la partida que el impuesto sobre la renta destina a las ONG. La Consejería de Asuntos Sociales destinó fondos, mientras que las subvenciones menores proceden de ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades andaluces. Las indagaciones se han centrado en la Junta y el Gobierno central.

La investigación, iniciada hace año y medio y aún abierta, refleja que los miembros de la familia El Querillo accedieron en 1998 a la dirección de la FARA, desde donde presuntamente blanquearon dinero de la droga, defraudaron a Hacienda y desviaron fondos públicos. Todo bajo unas siglas dedicadas a satisfacer las demandas y problemas de la comunidad gitana. El presidente de la asociación gitana Prodegi, José Maldonado, también fue detenido.

Según las pesquisas, la sociedad Asesoría Torremolinos gestionaba las finanzas del linaje El Querillo y de Los Charros. Su administrador, Valeriano G. G., también detenido, aportaba a los organismos pagadores facturas falsas, gastos no acometidos o nóminas ficticias para justificar las subvenciones. La policía sostiene que la organización pretendía acceder a subvenciones de la Unión Europea.

La investigación patrimonial refleja que los miembros del clan poseen un chalé en Alhaurín de la Torre, una finca en Colmenarejo y una discoteca en Benalmádena. Además, son propietarios de 25 vehículos de lujo (Mercedes, Porsche y BMW, entre otros). Estos bienes han sido intervenidos. También son atribuidas al grupo una serie de 'rentas no declaradas fiscalmente que proceden de negocios de ocio en la Costa del Sol'.

Estas propiedades han sido desglosadas por una nota del Ministerio del Interior sin que conste que ninguno de los investigados ejerza actividad alguna ni tengan negocios declarados. En su lugar siempre aparecen como titulares terceras personas o testaferros. La policía también ha detectado 42 cuentas bancarias en ocho entidades financieras. Los titulares de las cuentas, 'con ingentes movimientos de dinero', son los detenidos y la propia FARA. Los fondos han sido congelados.

Los doce detenidos prestaron ayer declaración y entre hoy y mañana pasarán a disposición del juzgado número 7 de Málaga que, junto a la Fiscalía Antidroga, ha dirigido la operación desde hace un año y medio. Una vez hechas las detenciones el pasado martes, las pesquisas serán conducidas por el juez, Pedro Molero.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Carlos Rubio, explicó ayer que en junio ya se realizó una primera operación contra esta organización, aunque en materia de drogas, informa José Manuel Atencia. Rubio subrayó que el del pasado martes ha sido el golpe 'más importante' a esta organización porque 'se ha llegado a la trama financiera de gente sin apenas actividad y que mueve mucho dinero', precisó.

El defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, criticó ayer la escasa eficiencia de los servicios de inspección, en concreto de la Consejería de Asuntos Sociales, a la hora de controlar las ayudas públicas. Chamizo añadió que 'en futuros arreglos debe haber un mejor seguimiento del dinero público'.

El consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, aseguró ayer tras la presentación de los presupuestos de su departamento que ya tenía sospechas de algunos dirigentes de la FARA. Pérez Saldaña agregó que conocía desde junio las investigaciones abiertas a la federación.

Sobre las críticas de Chamizo, el consejero afirmó que no se trata de un problema de control y que las ayudas concedidas a dicho colectivo se convocan por concurso público. Las actuaciones previstas por la FARA recaerán ahora en la secretaría gitana de Asuntos Sociales.

Instituciones como la Junta, el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación de Málaga anunciaron que congelarán los fondos y la ruptura de relaciones con la FARA. No obstante, todos los cargos públicos implicados aseguraron que están buscando nuevos interlocutores para el apoyo al pueblo gitano.