Seis Estados de EE UU pretenden continuar con el proceso contra la compañía Microsoft
El rechazo al acuerdo pactado por Gates y el Gobierno dibuja un escenario judicial inédito
De los 18 Estados que se sumaron al Gobierno estadounidense en la demanda contra Microsoft, 12 han aceptado el acuerdo extrajudicial; pero seis se niegan a firmarlo. La agresividad legal de estos fiscales generales deja el caso en una situación incierta; la juez puede imponer provisionalmente las restricciones del acuerdo y permitir al mismo tiempo que la demanda siga su curso, aunque sea ya de forma descafeinada. Con el rechazo se llega a un escenario judicial inédito en la historia de los procesos antimonopolio de EE UU. La falta de precedente puede alargar el proceso.
A última hora de ayer, la juez encargada del caso, Colleen Collar-Kotelly, planeaba celebrar una vista oral con las partes implicadas para determinar el trámite y el calendario inmediato. Los seis Estados que se oponen al acuerdo pueden continuar con el proceso en solitario, pero no dejaría de ser absurdo que ahora tengan en contra al Gobierno, que demandó en el origen a Microsoft, pero que ahora es defensor del acuerdo extrajudicial.
Si la juez aplaza la decisión y acepta finalmente un texto más severo o unas sanciones más duras, el Gobierno quedaría en pésimo lugar porque se habría demostrado su aquiescencia con la compañía de Bill Gates. Si el proceso se extiende pero finalmente el acuerdo se ajusta a lo que la justicia considera oportuno, los seis Gobiernos de los Estados deberán buscar una explicación coherente para justificar el gasto de los millones de dólares que les cuesta alargar el proceso.
La lectura del acuerdo no podía haber provocado mayores divisiones en los fiscales de los Estados, unidos hasta ahora con criterios siempre únicos. Seis Estados se sumaron incondicionalmente al texto acordado entre el Gobierno y Microsoft; otros seis pidieron (y consiguieron) ligeras modificaciones antes de aceptarlo como solución válida al proceso; finalmente, seis fiscales generales dieron la espalda al documento.
De hecho, ni siquiera los abogados de Microsoft creen que seguir negociando vaya a servir para algo. A primera hora de la mañana, cuando la juez citó a las partes para que expresaran su postura, ella misma planteó la posibilidad de extender el plazo para el diálogo si eso podía permitir el apoyo de los fiscales discordantes. El abogado de Microsoft, John Warden, se negó: 'Hemos analizado los detalles del caso hasta la saciedad. Microsoft piensa que el proceso de negociaciones ha terminado'. Entre los Estados que apoyan el pacto está Nueva York, que fue en el origen del caso uno de los que aglutinó más apoyos en la demanda contra el gigante informático.
Es significativo que entre los críticos figuren California, Massachussets y Connecticut, Estados con una enorme concentración de empresas tecnológicas. El fiscal de California, Bill Lockyer, consciente de que en Sillicon Valley está el corazón del sector, explicó que para él habían sido determinantes los consejos de IBM, Sun Microsystems, Novell y America Online/Time Warner.
En general, la mayor parte de la industria informática comparte la tesis de que el acuerdo parece redactado con un exceso de benevolencia para la compañía de Bill Gates. Por ejemplo: aunque se obliga a Microsoft a proporcionar información técnica de sus productos a empresas de la competencia, es la propia empresa de Gates la que puede establecer las excepciones en función del tamaño o la actividad de la compañía que desea la información para desarrollar sus productos.
En el acuerdo, Microsoft sólo está obligada a facilitar los detalles técnicos de sus productos a otras compañías a partir de la llamada 'fase beta', cuando los programas están ya perfectamente desarrollados aunque sometidos a pruebas de funcionamiento; puede ser demasiado tarde para que la competencia pueda desarrollar productos a tiempo. También se ha asegurado una cláusula que puede ser determinante: puede evitar la obligación de compartir su información técnica si estima que puede ir a empresas que pongan en peligro la seguridad de sus productos y la protección de sus datos. Y es Microsoft quien decide esas excepciones, lo que muchos críticos interpretan como una puerta abierta a nuevos delitos monopolistas.
