Espejismo UMTS

Los Gobiernos y las empresas depositaron grandes esperanzas económicas y tecnológicas en la telefonía móvil UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), considerada como la tercera generación de la telefonía celular. Algunos Gobiernos como el británico o el alemán organizaron subastas billonarias para conceder las licencias de explotación, y otros menos avispados como el español prefirieron la fórmula más anticuada del concurso, que generó ingresos más bien escasos para las arcas públicas, corregido después con la imposición de una tasa por utilización del espacio radioeléctrico que tan sólo consiguió provocar la irritación entre las empresas ganadoras del concurso.

Pero ahora el espejismo de la UMTS se ha desvanecido. Primero, porque la nueva tecnología no está disponible, en parte porque la anterior, GSM, y la intermedia, GPRS, todavía no están amortizadas, y después, porque la demanda para cubrir las multibillonarias inversiones ni está clara ni se espera que lo esté a medio plazo. Empresas como la española Xfera o su socio internacional, la finlandesa Sonera, se han visto obligadas a paralizar las inversiones previstas en España, y esta última hará lo propio en el resto de Europa. Si era necesario un aldabonazo público que confirmara este fracaso, los Gobiernos de España y Francia han rebajado las tasas públicas para insuflar algo de vida empresarial a las cuentas de resultados de las compañías con licencia.

En el caso español, la crisis de las empresas de UMTS encubre la extrema confusión de la política tecnológica española -incapaz de dar cobertura legal sostenida a un negocio de futuro- y un inadecuado proceso de liberalización de la telefonía móvil, equivocado en cuanto que concedió licencias para actividades excesivamente fragmentadas (cable, acceso por radio) que están impidiendo el desarrollo de las empresas encargadas de gestionar las concesiones. No es éste el momento para perder los nervios, pero sí para reflexionar sobre las condiciones que debe garantizar cualquier Gobierno a las empresas: seguridad jurídica y estabilidad en sus exigencias económicas. En el caso de España, tales garantías son, simplemente, inexistentes.