El cristianismo domina la escuela pública europea

Estabilidad y ausencia de conflictos son las pautas predominantes en las relaciones de los Estados de la Unión Europea con las confesiones religiosas cristianas, con excepción de España y Grecia. No siempre fue así, y los desencuentros tuvieron como escenario la vocación hegemónica de la Iglesia católica en el sector educativo y, más tarde, sus exigencias de enseñanza de la religión en las escuelas públicas, y su costosa financiación. Otras notas distintivas son los recelos que provoca la enseñanza del islam y si la separación del alumnado por motivos de religión -o por las creencias de los padres- no desembocará en divisiones de consecuencias fatales. El caso de Irlanda del Norte está siendo debatido con pasión por los precavidos reformistas británicos.

España se sitúa a medio camino del laicismo de Francia y el intervencionismo intransigente de la Iglesia de Grecia. Destaca, además, porque, a juzgar por los conflictos suscitados en los últimos 20 años, es quizá el único país de la Unión que no ha resuelto de forma definitiva un debate que Francia zanjó muy pronto, tras los radicalismos revolucionarios del siglo XVIII y los muy generosos pactos de Napoleón III con el Pontífice de Roma -'una coalición entre la sala de guardia y la sacristía', según el historiador Paul Johnson-.

El otro núcleo de los países de la UE zanjó la cuestión religiosa poco después de la Segunda Guerra Mundial, unos cambios que Italia y Alemania precipitaron en torno a 1945 para erradicar las condiciones impuestas por Hitler y Mussolini.

La alternativa 'parchís'

Frente a esas reformas moderadas -promovidas en su mayoría por gobiernos democristianos-, España sufrió esos años un nacionalcatolicismo de cruzada impuesto manu militari por la dictadura de Franco, que no se zanjó hasta la derogación del Concordato de 1953, mediante cinco acuerdos bilaterales firmados entre 1976 y 1979.

Pero el nuevo sistema, pese a no ser rupturista, ha generado múltiples tensiones, con decenas de sentencias judiciales, huelgas de profesores de religión, agrias arremetidas de la jerarquía católica contra decisiones legislativas y una cierta alarma social tras el despido de decenas de docentes por motivos como casarse por lo civil, no asistir a misa o salir de copas con los amigos.

El Gobierno y el PP se han quedado solos, junto a los obispos, contra la reclamación parlamentaria para reformar a fondo un sistema que repugna incluso a amplios sectores del catolicismo de base y a numerosos teólogos. Pero el PP tampoco ha concedido todo lo que le exigen los obispos, a pesar de los iniciales compromisos del presidente José María Aznar respecto a que la asignatura alternativa a la religión sería evaluable y curricular, frente al sistema actual, que Aznar llegó a descalificar con una famosa referencia al juego del parchís.