Adiós a la fabricación de zapatos

Hace ya seis meses que comenzó a extenderse el rumor de cierre entre los 142 trabajadores de Calseg, fabricante de calzado de seguridad en Artajona (Navarra). Los negros presagios tenían su base; Calseg es una de las cinco fábricas que tiene el Grupo Jallatte en Francia y que en 1999 pasaron a ser propiedad del grupo financiero británico CVC Partners, un devorador de empresas, que a finales de 2000 compró también Alcar, otro fabricante europeo de calzado con una planta en Túnez y competidor directo de Calseg.

Poniéndose en lo peor, el comité de empresa, que integran UGT, LAB y la Confederación de Cuadros y Mandos, comenzó a moverse para evitar 'el cierre con portazo' de la única planta industrial que hay en esta localidad navarra. 'Desde el principio hemos exigido a la empresa salidas laborales, más allá de las indemnizaciones, para los 142 trabajadores de Calseg y un plan para reindustrializar la zona', explica José Carlos Ruiz, secretario general del sector del calzado de UGT-Navarra.

Los trabajadores que no hayan sido recolocados en el plazo de un año serán recompensados económicamente por la empresa Calseg

Confirmado el cierre de la empresa, que dejó de producir el miércoles pasado, el acuerdo alcanzado entre dirección y comité ofrece dos alternativas a la plantilla: optar a una indemnización de 60 días por año trabajado, con un tope de 36 mensualidades, o acceder a un Plan Social, que establece menores cantidades económicas a cambio de entrar en un proceso de recolocación y un plan para reindustrializar la zona. A finales de septiembre se constituyó una fundación integrada por el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Artajona, la empresa Calseg y el comité de trabajadores, a la que la empresa cederá la propiedad de la planta y los terrenos donde se asienta. El objetivo de la fundación es atraer nuevos proyectos empresariales, con la ayuda de la consultora especializada en recolocación MOA.

Para evitar sobresaltos, el comité de empresa no se ha olvidado de ningún detalle. MOA tiene un año de plazo para ofertar nuevos empleos con tres condiciones: contrato indefinido, un salario mínimo bruto anual de 2,2 millones de pesetas y estar ubicado a menos de 35 kilómetros del domicilio del trabajador. La Fundación Artajona supervisará los proyectos empresariales que MOA ofrezca para la planta de Calseg, que ha puesto como condición tener opción preferente de decisión si algún fabricante de calzado se muestra interesada en instalarse.

Pasados seis meses, que empezaron a contar el 31 de octubre, los trabajadores que no estén recolocados recibirán de Calseg una compensación al subsidio de desempleo hasta el 100% de su salario durante un año (el subsidio de paro es del 70% del sueldo en los seis primeros meses y del 60% en los seis siguientes). Además, si transcurrido un año los trabajadores que se han acogido al plan de recolocación siguen sin un nuevo empleo, Calseg se ha comprometido a pagarles la misma indemnización que han cobrado los trabajadores que optaron por mayores indemnizaciones sin recolocación. El Grupo Jallatte, propietario de Calseg y que preside Jean Paul Poilet, pagará, además de los honorarios de MOA, 300.000 pesetas a la Fundación Artajona por cada nuevo puesto de trabajo que se cree en la comarca dentro del proceso de reindustrialización que lleva la consultoría MOA, explican desde UGT.

Pese a estas condiciones, sólo 55 de los 142 trabajadores de Calseg han elegido el plan de recolocación, una medida que, aunque es obligatoria por ley en Francia para las empresas que cierran con beneficios -Calseg Navarra cerró 2000 con unos beneficios de casi 100 millones de pesetas-, en España está poco extendida y suscita, de entrada, recelo e incredulidad.

'La reacción más normal es el escepticismo de trabajadores y empresarios porque éste es un enfoque que rompe moldes, pero que funciona', asegura Juan Luis Goujon, consejero delegado de MOA, que consiguió el año pasado un plazo medio de recolocación de cuatro meses. La de Artajona es la segunda intervención importante de esta consultora en Navarra, ya que se encargó de ejecutar un plan de recolocación de los trabajadores afectados por el cierre de la fábrica de Danone en La Ulzama, donde ha conseguido crear 420 puestos de trabajo, más del doble de los que empleaba el gigante de la alimentación en este valle navarro.