Microsoft deberá renunciar a los contratos en exclusiva y desvelar parte de su Windows

El caso Microsoft parece finalmente al borde del fin ahora que los 18 Estados que se sumaron a la acusación han mostrado cierta disposición a sumarse al acuerdo extrajudicial que la compañía ha pactado con el Gobierno de EE UU. De esos 18 fiscales de los Estados depende el archivo final del caso; la juez les ha dado hasta el martes para meditar si aceptan el acuerdo o si siguen con la demanda por su parte. El pacto prohíbe los contratos de exclusividad y obliga a la compañía de Bill Gates a facilitar parte del código del sistema operativo Windows.

El acuerdo entre Microsoft y el Gobierno de EEUU, presentado ayer en un tribunal de Washington, es el principio del fin de la demanda antimonopolio. Para que el documento acabe realmente con el caso requiere todavía dos elementos: el visto bueno de la juez que lleva el proceso -lo que está prácticamente garantizado- y, sobre todo, el apoyo de los 18 Estados que se sumaron a la demanda del Gobierno.

La juez accedió ayer a la petición de los Estados para lograr un aplazamiento y ganar tiempo en la revisión del acuerdo antes de rechazarlo o aprobarlo. Tendrán que decidirlo entre hoy y el martes; si no lo aceptan, su demanda, seguiría adelante y correspondería a la juez determinar las sanción final.

Sin embargo, todo parece indicar que los Estados también quieren acabar pronto con este proceso interminable. El Departamento de Justicia les ha pedido que acepten el acuerdo 'por el bien del interés público'. Da la impresión de que al acuerdo se le concede un carácter simbólico de reconciliación ahora que el país atraviesa por la peor situación financiera de la última década. Incluso la juez pidió a las partes que resolvieran el caso por la vía extrajudicial 'a la luz de los recientes acontecimientos trágicos que han afectado a nuestro país'.

El acuerdo obligará a la compañía a aceptar una supervisión independiente de un 'comité técnico' de tres expertos durante los próximos cinco años, prorrogables si se sospecha que la compañía incumple las restricciones. Los fabricantes de ordenadores y los consumidores podrán desinstalar productos de Microsoft contenidos en Windows con mayor facilidad; la compañía no podrá volver a exigir exclusividad en el software a los grandes fabricantes, ni podrá 'castigarles' si deciden incluir productos de la competencia.

La empresa de Gates también tendrá que facilitar a sus rivales en el software toda la información que necesiten para que otras empresas puedan hacer programas -especialmente de Internet, audio y video- tan compatibles con el sistema operativo como los que fabrica la propia Microsoft.

Los Estados pidieron cuatro días de aplazamiento 'para asegurarnos de que es un buen acuerdo y de que se puede aplicar', dijo su representante legal. Tom Miller, fiscal de Iowa especialmente agresivo en este proceso, no llegó a adelantar su apoyo al pacto pero reconoció que el texto, a primera vista, 'representa un avance'. Otro de los duros en el proceso, el fiscal de Connecticut, Richard Blumenthal, recurrió de nuevo a los atentados del 11 de septiembre y aseguró que el nuevo clima 'proporciona una dinámica que ayuda a resolver las diferencias en este caso'.

Bill Gates también se apuntó a la corriente patriótica al asegurar que el acuerdo 'ayudará a reforzar la economía del país en estos tiempos difíciles, y a garantizar que nuestra industria puede seguir aportando innovación al mercado'.

Por su parte, el presidente del grupo, Steve Ballmer, manifestó su deseo de que el pacto alcanzado con las autoridades estadounidenses sea un preámbulo para llegar a otro acuerdo amistoso con la Comisión Europea, que inició el pasado mes de agosto un nuevo procedimiento contra la firma informática por la integración del programa Media Player en Windows 2000.