Destituir al policía

El Partido Popular impuso ayer el peso de su mayoría en la comisión de investigación sobre el caso Gescartera para cerrar el capítulo de comparecencias y convocar el 7 de noviembre una sesión plenaria para que cada grupo parlamentario presente sus conclusiones. No hay que tener dotes proféticas para anticipar que el PP se reafirmará en su tesis de que Gescartera es un caso aislado de estafa, en el que ha habido un engaño a los supervisores -sobre todo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)-, y cuyas responsabilidades políticas ya están pagadas con la dimisión del secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, y la presidenta de la CNMV, Pilar Valiente. En definitiva, la tesis que sostuvieron el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el vicepresidente segundo, Rodrigo Rato, durante sus sonadas comparecencias del lunes. Es más que probable también que el PSOE sostenga que las responsabilidades políticas se extienden a los ministros que nombraron a los dimisionarios y que el fraude de 18.000 millones hubiera sido evitable en gran parte si la CNMV hubiera intervenido como propuso el supervisor en 1999.

Muchos ciudadanos -la mayoría absoluta, según el Pulsómetro de la SER- consideran que las responsabilidades políticas del caso alcanzan a los ministros que nombraron a los dos dimisionarios. Resulta difícil establecer una doctrina nítida de responsabilidades políticas; entre otras cosas, porque no hay dos casos iguales. El ministro del Interior socialista Antoni Asunción dimitió de manera fulgurante cuando Luis Roldán se esfumó ante los policías que lo vigilaban.

Las actuaciones irregulares de Giménez-Reyna abarcan, según la principal prueba de cargo -que no es otra que la agenda de su hermana-, a su etapa de director general de Tributos y a la de secretario de Estado de Hacienda. En la primera dependía de Rato, y en la segunda, de Montoro. Un ministro difícilmente puede escabullir su responsabilidad política cuando alguien tan cercano como un secretario de Estado, que es su hombre de máxima confianza en la definición y ejecución de su política fiscal, ha incurrido en actuaciones no ya sólo irregulares, sino presuntamente delictivas.

El caso de Rato y la CNMV es más complejo. La Comisión Nacional del Mercado de Valores es un organismo independiente que no informa de los detalles de su actividad al ministro. Pero, siendo esto cierto, no lo es menos que existen fundados indicios de que el departamento de Economía practicó una política de nombramientos nada respetuosa hacia la supuesta independencia de la CNMV. Las designaciones de Pilar Valiente y José María Roldán tuvieron como efecto la neutralización del presidente de la CNMV, Juan Fernández-Armesto, al que Rato ya le había impuesto la sombra de Luis Ramallo. Hoy resulta obvio que tales nombramientos debilitaron la capacidad de decisión del consejo del órgano regulador hasta su parálisis.

La mayoría parlamentaria del PP impondrá la tesis de que las dimisiones de Valiente y Giménez-Reyna agotan el saldo de responsabilidades políticas. Pero esta conclusión no conseguirá borrar la grave pérdida de credibilidad que han sufrido la CNMV y la Agencia Tributaria tras saberse la cadena de errores, irregularidades, incompetencias y favores que han rodeado la estafa de Gescartera. Según la doctrina vigente del PP, al ministro Asunción le hubiera bastado con destituir al jefe de policía.