El lento camino valenciano en investigación y desarrollo

Es la gran asignatura pendiente del Gobierno valenciano. La edificación de un moderno sistema que coordine la política científica, el desarrollo de la investigación y la tranferencia tecnológica al tejido empresarial y productivo de la Comunidad. Todo ello, antes de que la Unión Europea revise el actual modelo subsidiario de financiación a través de los fondos de desarrollo regional en 2006. Sin embargo, la realidad, constatada en los propios informes del Consell y de las patronales sobre el Sistema Valenciano de I+D+i ponen sobre la mesa la 'debilidad' del gasto público 'estancado' en el 5% del PIB, la escasa inversión privada y la profunda descoordinación, que hacen más difícil el reto de la convergencia europea en tiempo y forma.

La cesta de iniciativas de la Generalitat en política científica y tecnológica está prácticamente vaciada en el ecuador de la segunda legislatura con el reciente y ultimísimo anuncio de Eduardo Zaplana de crear una macroconsejería dedicada a la Innovación. Pero la cosecha, después de casi seis años de gestión popular, no parece haber dado los frutos deseados a tenor de las conclusiones del Alto Consejo Consultivo en Investigación y Desarrollo en un informe (que aún no se ha hecho público) donde se confirma 'la lenta evolución de la Comunidad Valenciana': que ha pasado del undécimo lugar en el ranking autonómico de participación del gasto en I+D en el PIB que ocupaba en 1987, a un no menos modesto noveno puesto en 1999; escalón que comparte ex aequo con Castilla-León que destina el mismo 0,62% de su producto interno a Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i).

En segundo lugar, la posición valenciana en número de personal empleado con dedicación plena (EDP) a la investigación es la duodécima. Una circunstancia que resulta aún 'más preocupante' para el Alto Consejo ya que esta posición se remonta a 1987. De los 102.238 empleados en actividades de I+D+i durante 1999 (último dato actualizado) su estructura se distribuye de la siguiente manera: 61.467 investigadores, 23.593 técnicos y 17.076 auxiliares, de los cuales el 53% son absorbidos por las universidades públicas valencianas y el 30% por la empresa. Este último dato representa un cierto avance respecto de 1995, momento en que la Universidad absorbía el 63% del capital humano en investigación mientras que la industria sólo contrataba el 24% de personal. Esto permite aventurar un ligero avance en la transferencia de conocimiento científico y tecnológico al tejido productivo valenciano, aunque a mucha distancia de los tres polos tecnológicos que conforman Madrid, Barcelona y País Vasco.

La tercera pata que cierra este primer triángulo de la I+D+i es la 'debilidad' de la inversión extranjera en el terreno industrial: realidad que es aún mayor respecto a la implantación de unidades empresariales de investigación propias. En pocas palabras: la escasa inversión privada en investigación aplicada, que en 2000 representó sólo el 27% del gasto total en I+D+i generado en la Comunidad Valenciana, que fue de 60.050 millones de pesetas.

El escaso impulso privado contribuye a distanciar aún más la Comunidad Valenciana de otras regiones industrializadas como Madrid, Navarra, Cataluña, País Vasco o Aragón. Es ahí, en esta valoración, donde los técnicos del Alto Consejo se preguntan, '¿qué incidencia tiene la industria del automóvil instalada en el territorio valenciano [monopolizada por la multinacional Ford] en la actividad investigadora?'. Poca o muy poca, al parecer. El Alto Consejo concluye, pues, que 'puede hablarse de un estancamiento'.

Puede y, por tanto, debe hablarse de estancamiento. Aunque, el informe de julio elaborado al alimón por la patronal CEV y Bancaja, hablen de 'proyección' y del 'potencial' de la Comunidad Valenciana. El análisis detenido de los citados informes coinciden en que, en la práctica, la ratio de gasto interno por personal EDP se ha 'inmovilizado' e, incluso, ha descendido en la Comunidad Valenciana desde 1987, cuando se destinaban 4,8 millones por investigador, mientras que la cifra actual es hoy por hoy de 4,6 millones. Atrás quedó el quinquenio entre 1988 y 1992 en que la ratio estaba en 5 y 5,3 millones.

A este escenario más bien gris, se añaden los nubarrones que se ciernen sobre el método para evaluar y contabilizar el estado real de la financiación de la I+D+i bastante 'opaco'. Esto ha sido subrayado oportunamente por el Alto Consejo, que se ha visto obligado a 'depurar' la información proporcionada desde las distintas consejerías, la procedente de Hacienda y la fijada en los Presupuestos, para evitar 'duplicidades', antes de poder sistematizarla, para evitar que la Función 54 o el denominado Fondo General de Universidades [que engloba el gasto corriente de las universidades -con sus respetivos pagos de nóminas a docentes e investigadores- y los planes de inversiones para infraestructuras] se computen dos veces como inversión del Consell en enseñanza superior y, a la vez, en financiación de I+D.

En realidad, a punto de completarse un sexenio de gestión popular al frente de la Generalitat, los balances hablan de 'un apreciable inmovilismo en el Sistema Valenciano de Sociedad-Ciencia-Tecnología-Empresa', sobre todo en lo que a la estructura se refiere: el 57% del volumen total de gasto en I+D+i sigue siendo público, el 7% procede de la empresa privada, el 29% de fondos propios (incluye subvenciones públicas) y el 6% de proyectos extranjeros. Así las cosas, la mitad de los 30.043 millones computados por el Consell como 'apoyo a la innovación' son ayudas y subvenciones agrarias e industriales, con que la financiación pura y dura se reduce al 5%, el mismo que en 1999.

La publicitada Ley de Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y del Desarrollo Tecnológico de la Comunidad Valenciana, de diciembre de 1997, que sirvió para decretar varias comisiones gestoras, consejos asesores y de marco de creación del Organismo Público Valenciano de Investigación (OPVI) se han convertido cuatro años después en un espejismo en el que es difícil mirarse y reconocerse. Más cuando, al menos para los técnicos del Alto Consejo, no hay sospechas de cambios estructurales o más profundos en el sistema valenciano: 'Los indicios de cambio aportados por las estimaciones realizadas para 1998 no parecen confirmarse y, en consecuencia, la estructura del gasto interno de I+D en la Comunidad Valenciana, permanece anclada'.