Barcelona ha recalificado el 27% del suelo en 25 años de vigencia del plan metropolitano

Desde 1977, primer año de vigencia del Plan General Metropolitano de Barcelona y su área de influencia, se han producido casi dos centenares de modificaciones que afectan a 2.627 hectáreas del total de la superficie del municipio barcelonés, que es de 9.800 hectáreas. Esto supone que el 27% del suelo tenía una calificación inicial y hoy tiene otra, sobre todo en el sector industrial, que ha perdido más de 2.300.000 metros cuadrados. La oposición reclama un nuevo plan que ponga orden en el conjunto. El equipo de gobierno lo rechaza y asegura que el marco legal es más que suficiente.

La Barcelona de 1976, año de la aprobación del Plan General Metropolitano (PGM), no es la de ahora, ni social ni laboralmente. La ciudad ya no tiene industria pesada y el equipo de gobierno ha recalificado diversos terrenos que en su día fueron calificados como de uso industrial para convertirlos en terciario unas veces, en equipamientos otras, y en algunos casos, en vivienda. El total de hectáreas afectadas por las modificaciones del PGM hechas durante los últimos 25 años es de 2.627, sin tener en cuenta la modificación que pueda hacer en la zona del 22@, en el viejo tejido de Poblenou, donde convivirán la vivienda y la industria de nueva creación con áreas dedicadas a servicios.

Tantos cambios suponen, en opinión de la oposición convergente, una alteración del mapa global previsto por el plan y hacen recomendable un alto en el camino, una reflexión general que dé paso a una nueva planificación. Así lo cree, por ejemplo, el presidente del grupo municipal de Convergència, Joan Puigdollers.

En opinión del dirigente nacionalista catalán, hay dos motivos para acometer la revisión del plan general metropolitano: los cambios hechos y los que no se han hecho. Como ejemplo de los segundos, cita tres casos en los que terrenos ocupados por viviendas ya en 1976 pasaron a ser calificados de otra forma. 'Veinticinco años después no hemos acometido los cambios, será porque la ciudad no los necesita', dice Puigdollers. Se refiere a unos terrenos situados en la zona de Diagonal, en el distrito de Sant Martí; a un conjunto de casitas en la zona de la Font d'en Fargas, en el Turó de la Rovira, y a otro conjunto de casas unifamiliares en la Font de la Guatlla.

'No actuar es una injusticia. Los residentes de estas casas sólo pueden hacer las modificaciones imprescindibles para mantener la habitabilidad y no pueden vender ni reestructurar ni nada que se le parezca', asegura Joan Puigdollers.

Pero el problema principal, dice Puigdollers, es que Barcelona ha perdido una gran cantidad de suelo industrial. En su opinión, las modificaciones para dar cabida a nueva industria, ni siquiera imaginada en el momento de establecer la tipología del suelo, pueden acabar un día en los tribunales, con todo lo que ello tiene de imprevisible. 'Se hacen modificaciones que no está claro que se ajusten a la letra de la ley'. Pero además, añade, se ha modificado tanto el plan que el todo resulta irreconocible y conviene pensarlo de nuevo.

Joan Puigdollers cita las principales modificaciones del Plan General Metropolitano. 'Todas han supuesto pérdida de suelo industrial, sin que se haya ganado un metro de zona verde', asegura.

Entre estas operaciones están la conversión de la vieja fábrica de Olivetti en centro comercial, la recalificación de los terrenos de la Villa Olímpica y del sector industrial de Sant Andreu, y las actuaciones en Diagonal-Poblenou y en el triángulo de Diagonal mar.

El equipo de gobierno cree que se trata de una propuesta con trampa. Para empezar, afirma el primer teniente de alcalde, Xavier Casas, no hay una autoridad que pueda acometer la revisión del Plan General Metropolitano porque el Gobierno catalán se encargó en su día de suprimir la corporación metropolitana. Así que, sigue diciendo Casas, esta modificación o la acomete cada localidad por su cuenta o se le encomienda al Gobierno catalán, que, opina Casas, 'está deseando quedarse con estas competencias'.

La posibilidad de que cada población elabore su propio plan le parece al primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona un puro despropósito. 'La planificación debe establecer los espacios idóneos para servicios comunes e infraestructuras. ¿Cómo va una población a decidir que se instale en la vecina un vertedero o un aeropuerto?'. La solución sería que hubiera un plan territorial, pero Casas ironiza con el hecho de que el Gobierno catalán lleva 10 años y 3.000 millones de pesetas (unos 18 millones de euros) invertidos en elaborar uno sin que de momento se sepa nada al respecto.

Xavier Casas señala que hay una objeción aún más grave: la elaboración de un nuevo plan comportaría automáticamente la suspensión de licencias, y el proceso podría durar hasta cinco años. 'La ciudad no puede permitirse paralizar las licencias durante este tiempo'.

Puigdollers responde que no hace falta que el plan se haga en toda el área metropolitana. Él habla de Barcelona y, en la medida en que hubiera un pacto sobre zonas que no quedarían afectadas, la suspensión de licencias se aplicaría a una parte mínima de la ciudad.

También ahí discrepa Casas. En Barcelona, explica, no hay suelo urbano que recalificar porque ya no hay suelo no ocupado. Se pueden hacer pequeños ajustes y para eso la normativa actual ya vale. Lo que hay, dice, detrás de la pretensión de CiU es la voluntad de convertir parte del entorno cercano a Barcelona en edificable.

El arquitecto jefe de Barcelona, Josep Anton Acebillo, coincide con Casas: el plan se ha mostrado capaz de asumir las transformaciones necesarias en Barcelona, asegura. Y añade que uno nuevo sólo serviría para que los especuladores se lanzaran sobre terrenos libres en el área metropolitana de Barcelona