El comité de disciplina del PP cita a Ramallo por su relación con Gescartera

Luis Ramallo, notario, militante del PP, ex diputado nacional y ex vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), va a ser citado en los próximos días a declarar ante el comité de disciplina de su partido (denominado comité de derechos y garantías) para que explique sus relaciones con Gescartera. El comité, presidido por José Manuel Romay Beccaría, escuchará las explicaciones de Ramallo y decidirá si ha incumplido el código ético del PP. La dirección popular mantiene que si esas explicaciones no son convincentes es posible, incluso, la expulsión de Ramallo. En todo caso, las mismas fuentes verían mejor que fuese el propio Ramallo quien ofrezca su suspensión temporal de militancia.

El código ético del PP obliga a los cargos públicos de ese partido a 'no dedicarse, por sí ni por persona interpuesta, a actividad de gestión o mediación' que tenga 'la más mínima relación' con su cargo. La CNMV acreditó en un informe que Ramallo había tomado decisiones como vicepresidente que afectaban a 12 sociedades con las que, cuando dejó el organismo regulador y montó la notaría, trabajó intensamente.

El secretario general del PP, Javier Arenas, mantuvo varias conversaciones con Luis Ramallo a principios de agosto, nada más estallar el escándalo de Gescartera. En ese momento, la dirección del PP interpretó que las explicaciones del ex diputado eran suficientes y que su veteranía como cargo público hacían 'impensable' un comportamiento irregular. Y, desde ese momento, todos los cargos del PP respaldaron la honorabilidad de Ramallo.

La evolución del escándalo y el goteo de nuevos datos que apuntan a una posible actuación irregular de Ramallo han llevado a esta decisión. Según la explicación oficial, fue el propio Ramallo quien, a finales de la semana pasada, telefoneó a Javier Arenas y pidió dar explicaciones. En ese momento, Arenas le dijo que estaba enfrascado en la recta final de las elecciones gallegas y le emplazó para hablarlo esta semana.

Nuevos datos

Así lo hizo el lunes. En esa conversación, Arenas hizo ver al ex diputado que en agosto no le comentó la mayor parte de las informaciones que se van acumulando sobre su posible implicación en Gescartera. Por ejemplo, en las explicaciones ofrecidas en verano, Ramallo no dijo nada de los regalos de Antonio Camacho, ni de que su hija participe en una empresa del dueño de Gescartera, ni de su visita al despacho de Enrique Giménez-Reyna el 15 de abril de 1999, ni de su mediación, acompañado por Jaime García Morey, para buscar un comprador a Gescartera, ni de que, entre sus trabajos como notario, haya firmado poderes a Camacho y José María Ruiz de la Sena, pese a que sabía que la CNMV les había sancionado durante su mandato, ni que Gescartera ya tuviera decidido que él iba a ser su notario antes incluso de que fuera aprobada la ley que elevaba el cuerpo de corredores a la categoría de notaría...

Ramallo pidió dar explicaciones de todo esto al partido. Y él y Arenas concluyeron, según fuentes de la dirección del PP, que la mejor solución es que esas explicaciones se ofrezcan al comité de derechos y garantías. Será Romay quien decida la fecha para citarle.

El anuncio de este examen a Ramallo se ha producido antes del final de la comisión parlamentaria de investigación, pese a que el PP, hasta ahora, mantenía que antes de pedir ningún tipo de responsabilidades era necesario esperar a su conclusión. La velocidad a la que se desarrollan los acontecimientos en la Audiencia Nacional ha sido clave para este acelerón. El examen del comité de disciplina se circunscribe únicamente al posible incumplimiento del código de ética del PP como cargo público. A esta investigación se une la que puede abrirle el colegio de notarios y a la que corresponde al Gobierno. El Ministerio de Administraciones Públicas cerró la investigación hace una semana con la conclusión de que Ramallo no vulneró la Ley de Incompatibilidades en su actividad como notario tras abandonar su cargo en la CNMV ya que se trataba de una actividad pública.