La UE examina con lupa las ayudas públicas a Swissair, que eleva a 9.000 la reducción de plantilla

La intervención de los poderes públicos para salvar a Swissair inquieta a Bruselas. La Comisión advirtió ayer de que la inyección de 1.000 millones de francos suizos (670 millones de euros) de las arcas de la Confederación Helvética provocará 'importantes distorsiones a la competencia'. El Ejecutivo de la UE estudia pedir a Suiza la modificación del paquete de rescate de Swissair, pese a que Suiza no forma parte de la Unión Europea (UE). El plan de salvamento de la aerolínea supondrá una reducción de plantilla de 9.000 empleos (5.000 en el extranjero), sobre un total de 72.000. Asimismo, la compañía anunció ayer la supresión de 808 empleos (97 pilotos), el 19% del total, en su filial la polaca LOT.

A la Comisión se le suman los frentes una vez abierto el conflicto con EE UU por las ayudas públicas a las aerolíneas estadounidenses. El caso Swissair ha puesto en evidencia los poderes limitados de Bruselas para actuar también en este frente. Por eso exige a Suiza que se anticipe la aplicación de su acuerdo con la UE, todavía en proceso de ratificación, en el apartado relativo al sector aéreo para que se pueda examinar la compatibilidad de estas ayudas con las reglas europeas de competencia.

Los servicios de la Dirección General de Transportes consideran que las decisiones adoptadas a favor de Swissair y Crossair para fundirlas en una nueva compañía nacional 'pueden tener repercusiones directas e inmediatas en el transporte aéreo europeo'. Las ayudas totales para salvar a Swissair y crear una nueva compañía bajo la bandera de su antigua filial regional Crossair suman 4.240 millones de francos de suizos (2.820 millones de euros), en parte financiada por millonarios suizos y las 15 mayores compañías del país. Pero más de la mitad de los fondos proviene de las arcas públicas, entre el Estado, los gobiernos de los cantones y algunas corporaciones.

'Las dos compañías compiten directamente en el mercado con sus homólogos europeos, que tienen que hacer frente a la misma situación de crisis', declaró un portavoz. La Comisión se escuda en las reglas de la diplomacia internacional para pedir a Suiza que no adopte decisiones contrarias a los principios recogidos en su acuerdo bilateral con la UE, aunque no esté en vigor.

Pero desde Zúrich se ha hecho hasta ahora caso omiso. La comisaria de Transportes, Loyola de Palacio, se puso en contacto desde Argentina con el presidente suizo, Moritz Leuenberger, para pedirle que se aplique la letra de ese acuerdo 'para que se pueda verificar la compatibilidad de la ayuda con el derecho comunitario', aunque Francia, Holanda, Irlanda y Bélgica no lo hayan refrendado aún por completo.

'Haremos valer nuestra posición de principio sobre las ayudas de Estado', dijo un portavoz. El presidente suizo aseguró que su voluntad es la de 'permanecer en el marco jurídico' que rige la relación con la UE.