Las enmiendas aceptadas por el Gobierno

Algunas de las enmiendas presentadas por CiU y el Grupo Popular han modificado parte del proyecto de Ley de Universidades. A petición del PP se ha cambiado, por ejemplo, la habilitación nacional prevista para los profesores de las universidades privadas. El texto original exigía que un 25% de dicho profesorado debería pasar esa prueba. Ahora no tendrán que someterse a ella. Sus compañeros de la pública sí.

Los profesores de las universidades privadas tan sólo tendrán que obtener una evaluación positiva de su currículo, que certificará la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o bien las agencias similares que existan en las comunidades. Cataluña y Andalucía tienen organismos de calidad propios. Y CiU se ha encargado de que se admita una enmienda por la que se equiparan las competencias de ambos órganos, el nacional y el autonómico, cuando éste exista, de tal forma que las funciones de la Agencia Nacional pueden verse reducidas.

El Partido Popular le presentó a la ministra Pilar del Castillo otra enmienda que el Ministerio de Educación dio por aceptada al momento. Gracias a esta enmienda popular, los rectores podrán permanecer en sus puestos hasta que cada universidad apruebe los estatutos adaptados a la nueva ley. En el texto del Gobierno estaba previsto que los rectores, al igual que ocurre todavía con los claustros, tendrían que dimitir en un plazo de seis meses desde que se aprobara la ley y convocar elecciones para que un nuevo equipo se hiciera cargo de poner en marcha la reforma universitaria. Esta medida se criticó porque no contaba con los actuales claustros, democráticamente elegidos y perfectamente capaces de llevar a buen fin el nuevo proyecto, según explicaron los rectores y la oposición al Gobierno.

Algunas de las enmiendas aceptadas son más ruido que nueces y no modifican sustancialmente el texto aprobado el 27 de julio por el Gobierno, cuyas reformas fundamentales son:

La nueva ley elimina la selectividad y propugna un sistema de acceso por universidad. El claustro universitario se reduce a 300 miembros como máximo y estará formado por un 70% de profesores. El consejo social, sin embargo, sólo lo formarán miembros no universitarios. Los rectores serán elegidos por sufragio universal ponderado previa campaña electoral. Se introduce la posibilidad de tener hasta un 48% de profesores contratados, no funcionarios.