Un plan de choque con efectos retardados

El Congreso inicia esta semana el debate de los Presupuestos del año que viene y de las medidas fiscales contra la crisis que el Gobierno añadió como respuesta a 'la incertidumbre económica internacional'. La definición es del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que no ha convencido a la mayoría de los expertos consultados, para quienes estas medidas -reforma parcial del impuesto de sociedades y nuevos incentivos a los planes de pensiones- no pasan de ser una operación de 'puro maquillaje'.

Argumentan que el impacto económico no se producirá hasta 2003 cuando las empresas declaren el impuesto de sociedades correspondiente al ejercicio de 2002. Añaden que están redactadas de tal manera que una parte importante de sus ventajas queda diluida; que contienen algunos errores técnicos y de formulación; y que algunas de ellas han sido elaboradas y retocadas a la medida de los grandes grupos empresariales, como las petroleras o las compañías eléctricas.

El impacto económico no se producirá hasta 2003, cuando se liquide el impuesto de sociedades

'Estas medidas nos han causado sorpresa e incertidumbre', señala Luis Briones, abogado de Baker y Mackenzie. "Se han presentado como una manera de afrontar la coyuntura, cuando la mayoría de ellas tendrá efecto en el año 2003", añade. Anunque las decisiones empresariales no se juegan tan en el corto plazo, los expertos coinciden en que en los últimos meses de este año y al menos la primera mitad de 2002 se producirá un bajón de actividad en España.

A partir de ahí, los pronósticos más optimistas esperan que la rebaja de tipos de interés, la caída de los precios del petróleo y las medidas de estímulo económico en EE UU empezarán a tener un efecto positivo sobre la actividad. El Gobierno mantiene que este año la economía española crecerá un 3% y sólo una décima menos en 2002. Estas previsiones fueron realizadas antes de la crisis del 11 de septiembre y no han sido modificadas.

Para el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), del Colegio de Economistas de España, por el contrario, las medidas se adoptan como una reacción 'razonable' del Gobierno ante la incertidumbre internacional y, aseguran, suponen un avance de la reforma del impuesto de sociedades que, 'todo indica', se aplicará plenamente en 2003. Esa reforma estaba en marcha a principios de este año, impulsada por Montoro, pero fue abortada por el vicepresidente y ministro de Economía, Rodrigo Rato, por considerar que lo único verdaderamente eficaz era bajar el tipo impositivo (ahora el 35%). Pero Rato no quiso dar esta satisfacción a las empresas -ni a Montoro-, en un momento en que la inflación era la pesadilla.

Ahora ha ganado el criterio del ministro de Hacienda, más partidario de hacer retoques parciales y enfocados a objetivos muy concretos, en un impuesto cuya última reforma es de apenas hace seis años y fue aprobada con el apoyo del PP en el Congreso. La duda es si son las medidas oportunas para encarar la crisis o si se trata de reformas que Montoro tenía en la recámara para disparar en cuanto las circunstancias políticas se lo permitiesen.

También se plantea la duda de si las medidas son coherentes con el cuadro macroeconómico aprobado el pasado mes de julio. Desde entonces se admite que la crisis que ya apuntaba en aquel momento -aunque no con la gravedad actual-, iba a afectar al consumo y no a la inversión. En este caso, lo lógico hubiera sido apostar por las medidas de estímulo a la demanda y no únicamente de oferta, como las adoptadas. O ambas a la vez, como ha sido el caso de Estados Unidos y Francia, los dos únicos países que hasta ahora han reaccionado.

'En la economía española no hacen falta medidas de oferta, porque lo que hay es un problema de confianza', señala un analista de una entidad financiera, para quien en estos momentos hubiera sido más positivo, por ejemplo, adelantar la reforma del impuesto sobre la renta, prevista para su entrada en vigor en 2003. 'Ahora sería el momento de dar un impulso al consumo y no en el año 1999, cuando se hizo la reforma del IRPF en plena ebullición económica', añade.

Para Ángel Laborda, del Servicio de Estudios de las Cajas de Ahorros, lo más conveniente sería ahora reducir las cotizaciones a la Seguridad Social, 'porque el gran riesgo en estos momentos es que entremos en una etapa de destrucción de empleo, con los efectos nefastos que una situación así provoca en todo el sistema económico'.

Al menos, las empresas deberían estar contentas con las reformas, pero, a juzgar por lo que se opina en la CEOE, no es éste el mejor regalo que desde el Gobierno se les podría hacer en estos momentos. 'Son medidas de mucho ruido y pocas nueces', dice Javier Berruguete, responsable del departamento fiscal de la patronal. La redacción es en algunos casos 'tan enrevesada' y tiene tantos vericuetos que su aplicación será todo un estímulo para los que se ganan la vida con la asesoría fiscal. Es el caso, por ejemplo, del nuevo tratamiento de las plusvalías o de las amortizaciones del fondo de comercio y el exótico nuevo régimen fiscal para las navieras.