Movilizaciones contra la LOU

La envergadura del proyecto de ley que en estos momentos se debate en la Cortes Generales del Estado trasciende cualquier análisis que pretenda poner en primer plano intereses que afecten a colectivos singulares de cualquier ámbito, sean estamentos existentes en las propias universidades, sean instancias sociales y económicas que pretendan considerarse interesados en el resultado del debate que se lleva a cabo ahora en sede parlamentaria pero, ya hace tiempo, en foros y tribunas públicas, y especialmente en el seno de las aulas y seminarios universitarios.

No es exagerado afirmar que en esta lid se juega gran parte del futuro de la docencia e investigación universitarias, de su grado de calidad, de lo apropiado de las prestaciones que han de ofrecer como servicio público. Del acierto de las soluciones dependerá en gran medida, a medio plazo al menos, la orientación de nuestros estudios y de nuestra investigación, en definitiva de la suerte de la institución que ha de ser la vanguardia en la misión de crear, desarrollar y transmitir la ciencia, la técnica y la cultura, preparar para el ejercicio de actividades profesionales o para la creación artística y apoyar científica y técnicamente el desarrollo cultural, social y económico del conjunto del Estado y sus territorios. El fracaso puede ser catastrófico, si bien suelen ser mecanismos de autodefensa inherentes a cualquier complejo social, compuesto de parámetros no exclusivamente administrativos, como son las universidades, los que salvan estas vicisitudes del deterioro definitivo, por malas que sean las condiciones en que se desarrollan: la organización franquista de la universidad no anuló la resolución de tantos y tantos estudiantes, profesores y personal de servicios de avanzar en el establecimiento y desarrollo de una universidad cada vez más universal, racional y adecuada a los intereses de la mayoría.

No es de extrañar, por tanto, que ahora, una vez más, se presente una respuesta contundente ante una ofensiva tal que pretende obviamente, sobre la base de pobrísimos argumentos más bien difusos y a penas sin fundamento aparente, destruir los mecanismos de autogestión de la comunidad universitaria, basados en la participación de todos los estamentos y de las personas que los componen. Ante el compromiso institucional de todos los estamentos universitarios en la toma de decisiones que afectan a los intereses generales de la comunidad, se ofrece como alternativa una supuesta eficacia que no es sino el pretexto para imponer un régimen de corte aristocrático (profesores doctores por encima de todo, escasísima presencia de PAS y de estudiantes), que se proyecta en todos los órganos universitarios (claustro, departamentos, etc.), de sesgo claramente conservador y un gobierno de las universidades presidencialista y tendente al autoritarismo.

Al lado del alcance antidemocrático de la reforma cabe destacar el retroceso a momentos preconstitucionales de muchas de las soluciones que la nueva ley aporta: habilitación nacional como requisito para ser funcionario de los cuerpos docentes, caótica situación de las figuras contractuales del profesorado, relieve de las universidades privadas, la intervención injustificada de instancias extrauniversitarias en la toma de decisiones, la interferencia institucionalizada en la autonomía universitaria, etc. junto a avances en proyectos propios del partido en el poder, como es la progresiva privatización del servicio educativo en cuanto a sus fuentes de financiación y a los beneficiarios finales del propio servicio.

El análisis de la ley y sus nefastas repercusiones ha sido objeto de múltiples comentarios que no se pueden reproducir en estas líneas. Sí se puede insistir, no obstante, en la constatación de que este proyecto no afecta exclusivamente a intereses sindicales o profesionales, estamentales o corporativos. El alcance de la ofensiva abarca a toda la sociedad en sus intereses más íntimos, y a toda la comunidad universitaria en particular. Ello obliga a las diversas entidades que de manera ordinaria funcionan en las universidades, como representantes de legítimos intereses, a pensar su respuesta de manera distinta a como se han enfrentado y se enfrentan a problemas puntuales que les afectan. Es la comunidad universitaria la que debe actuar unitariamente. La constitución de plataformas de base interestamental, que dejan en segundo plano el protagonismo de las organizaciones, o de otras en que destaque el espíritu unitario e igualitario de los participantes, se adecua al carácter de la confrontación que se perfila. No interesa ahora quién protagoniza la lucha sino la real convergencia de todos aquellos que se opongan a la imposición que hace peligrar el sistema universitario participativo y al servicio de la sociedad, y demandan una negociación con un gobierno recalcitrante en sus posiciones, engreído y prepotente. Sólo de esta manera no se frotarán las manos quienes quieren una pronta y casi clandestina aprobación de una ley funesta que pretende instaurar un modelo neoliberal y tecnocrático, frente a todos los que esperan el desarrollo de una universidad democrática y al servicio de la mayoría de la sociedad.

Antoni Viñas es portavoz del STEPV.