Los peligros del exceso de virtud

Desde hace unas semanas España tiene una rareza más que añadir a su ya abundante muestrario: somos el único país -hasta donde conozco- que tiene prohibido por ley el déficit público. No sólo este año, no, sino de por vida. El ministro Cristobal Montoro quiere prevenirnos contra los excesos en el uso de los recursos públicos y hacer que las administraciones y los políticos estén animados por el temor al déficit. Quizá en esta su guerra santa Montoro se siente animado por las palabras de nuestro primer premio Nobel de literatura y ministro de Economía de la Revolución liberal de 1868, José Echegaray, cuando afirmaba que si para todo creyente la salvación está en el santo temor de Dios, para todo ministro de Hacienda la salvación está en el santo temor al déficit. Pero, si es así, Echegaray no alcanzó la salvación, porque vaya déficit dejó a la Hacienda liberal. Esperemos que a Montoro no acabe ocurriéndole lo mismo.

La estabilidad presupuestaria -como ocurre con cualquier otra virtud- practicada sin moderación encierra peligros. Entre ellos, conflictos entre el Gobierno central y las administraciones autonómicas

El problema con la estabilidad presupuestaria es que -como ocurre con cualquier otra virtud- si se practica sin moderación tiene peligros. La idea de que no se debe gastar más de lo que se ingresa y que el endeudamiento debe mantenerse en límites que no alimenten la inflación es una buena receta para la política económica. Ése fue, además, el compromiso que adquirimos al firmar el Tratado de la Unión y los compromisos para el euro. El déficit público y el endeudamiento se deben mantener dentro de los límites del 3% y del 60% del PIB, respectivamente. Pero el ministro Montoro no ha podido resistirse a ese impulso de ser los primeros que en ocasiones guía al Gobierno de Aznar y ha querido ir más allá de lo que la prudencia aconseja y los demás gobiernos europeos practican.

¿Qué es lo que le ha llevado a querer imponer el déficit cero de por vida? ¿Existía un comportamiento de las administraciones autonómicas y locales que hubiese que cortar por lo sano? ¿No será que el déficit cero es un atajo para lograr, con menor coste político, el recorte de determinados gastos sociales? Pienso que se trata más bien de lo segundo que de lo primero. El déficit y el endeudamiento de las administraciones territoriales se han comportando razonablemente bien en los últimos años, como consecuencia de los llamados marcos de estabilidad presupuestaria que se han venido pactando entre el Gobierno central y las administraciones territoriales dentro de Consejo de Política Fiscal para cumplir los objetivos de Maastricht. Es verdad que las comunidades autónomas han encontrado un agujero por donde romper esa disciplina. Como el endeudamiento de las empresas públicas no se incluyó inicialmente en esos acuerdos de estabilidad, los gobiernos autónomos y locales se han dedicado con fruición a crear empresas públicas. Pero esto se ha corregido. Ése era, en mi opinión, el buen camino: la persuasión y el compromiso político, y no el palo que quiere utilizar Montoro.

El ir más allá de lo que aconseja la prudencia en la búsqueda de la virtud de la estabilidad tiene sus peligros. En primer lugar, la ley va a traer conflictos políticos continuos entre las instituciones autonómicas -a las que se les reduce o condiciona su soberanía presupuestaria- y el Gobierno central. Por otro lado, la ley no elimina el pecado, sino que lo anticipa. Puede ocurrir como con esa norma británica que impide beber a partir de determinada hora y que lo que único que hace es incentivar a beber antes para acopiar reservas. De hecho, se observa ya un efecto anticipo, en la medida en que algunos gobiernos han adelantando sus programas de gasto, dado que además la ley les permite consolidar los niveles de endeudamiento alcanzados. Por último, esa norma será un corsé demasiado rígido para la economía cuando, como ocurre ahora, la caída de la inversión y del consumo privado aconsejen un mayor activismo del gasto público y de los impuestos. Como no se pueden poner puertas al campo, la realidad obligará al Gobierno a 'decir digo donde dije Diego'. De hecho, ya ha ocurrido así con el anuncio por parte de algunos ministros de que el Gobierno será flexible con el déficit cero en las actuales circunstancias. Pero para este viaje no se necesitaban alforjas.

Antón Costas es catedrático de Política Económica de la UB