Los dos bandos de la guerra universitaria

El proyecto de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) ha llegado al Congreso. En una sola reunión, los grupos parlamentarios han visto esta semana gran parte de las 800 enmiendas. Pero este ajetreo se ve con recelo en los campus.

Los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT; una parte muy representativa de asociaciones de estudiantes, unidas en la denominada Campaña Estatal contra la LOU; y también los rectores y miles de profesores se quejan de esta ley, aunque no de que se reforme el sistema universitario. Entre otras cosas, porque creen que con ella la Universidad perderá independencia y flexibilidad para adaptarse a nuevos tiempos. Su descontento tiene fechas de expresión: los sindicatos han convocado huelga general en la Universidad para el próximo 7 de noviembre. Y los estudiantes, el jueves siguiente, el 14. Antes, todos movilizarán concentraciones ante el Congreso el próximo 31 de octubre, cuando se debata la LOU en el pleno.

'Ha habido decenas de horas de debate del borrador', dice el secretario de Estado

'Es hipócrita que se tomen medidas como el distrito único sin una política de becas', plantea un alumno

Del otro lado, el Ministerio de Educación defiende su proyecto, sólo públicamente apoyado por un manifiesto encabezado por el catedrático Gabriel Tortella y respaldado por unos 500 profesores. En palabras del secretario de Estado de Universidades, Julio Iglesias de Ussel, esta ley supera la 'prueba del algodón' frente a la anterior y permitirá 'un nuevo salto en la calidad del sistema'. Éstos son los argumentos de ambas partes:

'La ministra no viene aquí, ni habla con nosotros', plantea José Miguel Pérez. 'Ella tiene a un grupo de expertos, entre comillas, que deciden lo que hacer sin pedir opinión a nadie'. Este estudiante de Filosofía de 22 años apunta un sentimiento muy común: que el proyecto de reforma de la Universidad se ha hecho casi a espaldas de quienes deberán regirse por él. Y la LOU va a afectarles en cosas concretas: como, por ejemplo, en si los estudiantes participan en la decisión de las fechas de los exámenes o en si se acaba con la endogamia.

'Se ha dado poco margen a la recogida de sugerencias', sostiene también Fernando Lezcano, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, mayoritaria en representación sindical y con más presencia en cuanto a afiliación entre el personal no docente que entre el profesorado. 'Luego el ministerio ha sido incapaz de asumir las críticas', continúa, 'se han interpretado como una zancadilla. Y aunque han recogido algunas de nuestras observaciones en las enmiendas, lo cierto es que eran de sentido común u omisiones graves como la del acceso de los mayores de 25 años'.

La visión del secretario de Estado de Universidades es completamente opuesta. Iglesias de Ussel asegura que en el procedimiento de discusión de los borradores de la ley ha habido muchos encuentros informales con profesores, representantes de los estudiantes y sindicatos. Pero además se ha seguido el procedimiento formal, a través del Consejo de Universidades. 'Y no hay que olvidar que el procedimiento de discusión establecido para el Consejo se hizo por unanimidad de los rectores', señala. 'Ha habido decenas de horas de debate del borrador en sus aspectos sustanciales'.

Otra de las grandes diferencias está en el dinero con el que se abordará el nuevo sistema. 'Si quieren una ley nueva, que saquen un documento de financiación', apunta Roberto González, de 21 años y estudiante de Derecho. Cierto es que la LOU pasa de puntillas por la cuestión, aunque el Ministerio se escuda en que la financiación es competencia autonómica. 'A las comunidades les corresponden los recursos, pero hay una política de igualdad de oportunidades que pertenece a la Administración', matiza un portavoz de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que reúne a 66.

Iglesias pide tiempo. Argumenta que se ha incluido en el proyecto que el Consejo de Universidades elabore un modelo de financiación, que marque criterios básicos a las autonomías. 'Es conveniente que se nos dé un tiempo mínimo'.

Un modelo no es un plan de financiación. Y en la opinión de muchos de los consultados, la Universidad requiere de inversiones concretas para que la reforma se lleve a cabo. 'No se consigue más calidad en la enseñanza, sin poner un duro más', añade el portavoz de los rectores.

Un ejemplo son las becas y ayudas al estudio. Toda la comunidad universitaria coincide en que son insuficientes. Incluido el ministerio: 'Nunca diré que es un sistema óptimo', dice Iglesias. 'Pero hay un compromiso real de mejorar'. Y aporta datos: 'Entre el 2000 y el 2001 creció en un 12% el porcentaje en becas. Y entre el 2001 y el 2002 el presupuesto aumenta un 7,4%. Además, en años de descenso del número de estudiantes'.

Cifras poco tangibles para los principales afectados, los estudiantes. 'Es hipócrita que se tomen medidas como el distrito único [el libre acceso a todas las universidades] sin una política de becas. ¿Cuántos se pueden permitir estudiar fuera de su ciudad?', se pregunta Miguel Jiménez, del Sindicato de Estudiantes.

Entre los cambios específicos que propone la ley preocupa la supresión de la selectividad. El ministerio ha pasado de anunciar a los cuatro vientos que ésta desaparecerá a cambio de que se establezca un examen por Universidad, a afirmar que sólo se ha querido crear un marco jurídico para los exámenes específicos que ya existían -los de ingreso a carreras como Bellas Artes o INEF-. 'La Universidad tomará la decisión de establecer una prueba en los casos específicos en los que crea que es necesaria', explica el secretario de Estado. Pero el ministerio no ha aclarado si definitivamente se establecerá una prueba de reválida al final del Bachillerato.

'El modelo tiene trampas', sostiene Nerea Fernández, estudiante de Biológicas de 21 años. 'Crea universidades de primera con pruebas de difícil acceso y otras de segunda, que para atraerse estudiantes dejan el libre acceso'.

Otros alumnos se quejan de que el sistema favorece el nepotismo ('¿Cómo se controla que no haya enchufe? Ahora la nota de corte es meridiana, pero ¿cuáles serán los criterios para valorar los conocimientos?'); es irrealizable en la práctica ('Si ya cuesta que no coincidan exámenes de dos cursos, ¿cómo se va a evitar que todos tengan al menos la posibilidad de presentarse a los exámenes de las universidades de toda España?) y favorece un modelo elitista ('Las universidades jugarán a ser Harvard en un sistema público').

El ministerio no esconde que la LOU favorece la competencia entre universidades. De hecho introduce una Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, que servirá para medir la oferta universitaria: permitirá establecer un ranking de facultades.

Un sistema que no gusta a muchos por el carácter público de la enseñanza superior española. 'Eso fomenta una minoría con título de calidad y vulnera el la igualdad de oportunidades', dice un representante de los estudiantes en el Foro Estatal de Representantes de Universidades Públicas. En su opinión, el proyecto de ley se conforma con crear una élite para determinados sectores. 'No les interesa una formación universitaria para la sociedad, que ésta tenga capacidad de análisis, capacidad de debate o espíritu democrático'.

Pero la evaluación de universidades sí le parece bien a los rectores, como ha manifestado su presidente, Saturnino de la Plaza.

Lo que es polémica es la remodelación de los órganos de gobierno. Como el método de elección del rector, por sufragio universal ponderado. Los propios rectores se quejan de que el debate se ha presentado como si se resistieran a nuevas fórmulas. Y lo que piden es que la LOU abarque proyectos eficientes, pero diferentes. Es decir, se dé más libertad a cada universidad para elegir su modelo de gobierno en sus estatutos, sin imponer uno solo desde arriba.

Como argumento, el hecho de que las universidades son muy diferentes: no es lo mismo un campus repartido por diversas ciudades de toda una comunidad autónoma, como la Universidad de Castilla-La Mancha, que uno donde todas las facultades están en edificios próximos, como el de la Carlos III de Getafe (Madrid).

'Parece más democrático poder elegir directamente al rector', sostiene Santos Bolado, bibliotecario en la Universidad Complutense de Madrid. 'Pero el sistema anterior lo era más, porque había control del trabajo de cada representante. Éste tenía que dar explicaciones directas a los trabajadores. Ahora no hay posibilidad de pedir cuentas, porque muchas veces ni siquiera conoces al rector'. En una universidad pequeña al rector se le ve en la cafetería; en una grande puede ser un desconocido.

También preocupa que las campañas de los rectores atraigan intereses externos. Iglesias barre de un plumazo estos argumentos: 'Incluso en el actual sistema no hay ningún candidato a rector que no haga campaña en todos los sectores y centros'. Pero, además, rechaza injerencias externas: 'El sistema actual posibilita que esas injerencias queden clandestinas. Ahora cualquier intervención va a tener que ser manifiesta. Y se pagarán las consecuencias porque se apostará por otras candidaturas'.

Estudiantes y personal no docente también se quejan de que pierden presencia en los órganos de gobierno y que algunos de éstos tienen menos competencias. 'Por ejemplo, ahora la Junta de facultad pasa a ser consultiva', apunta un estudiante de Económicas. Esto supone que decisiones del día a día, como las fechas de exámenes, la apertura de las bibliotecas o la reforma de los planes de estudio ya no se deciden en estos órganos. No imponen su criterio, que queda en manos del decano. 'Pero es que además en la nueva ley se da la posibilidad de que éste sea designado por el rector', añade el portavoz de la CRUE.

Una de las novedades que más defiende el secretario de Estado es el sistema de ingreso de los docentes contratados. 'Ahora el profesor joven, para su promoción, depende de quien tiene al lado al 100%. La ley lo que le garantiza es que si no tiene armonía con su superior, su trabajo y su prestigio y su esfuerzo le lleven a los niveles que espera', argumenta. Se hará a través de un sistema de habilitación igual para todo el Estado que, según Iglesias, es como el que siguen el resto de funcionarios.

Pero no está claro que el sistema ayude a reducir la endogamia. 'La habilitación conlleva la trampa de que ni siquiera garantiza una plaza, porque tienes que volver a pasar una prueba en la Universidad donde quieras trabajar', afirma Jesús Esquinas, profesor de Matemáticas de la Complutense.

Será difícil que estas dos posturas lleguen a un acuerdo, aunque el Ministerio tiene las de ganar, porque su ley contará con el apoyo de la mayoría del PP en el Congreso. Los detractores de la ley consideran que, al menos, dejan constancia de que la LOU no les gusta.El proyecto de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) ha llegado al Congreso. En una sola reunión, los grupos parlamentarios han visto esta semana gran parte de las 800 enmiendas. Pero este ajetreo se ve con recelo en los campus.

Los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT; una parte muy representativa de asociaciones de estudiantes, unidas en la denominada Campaña Estatal contra la LOU; y también los rectores y miles de profesores se quejan de esta ley, aunque no de que se reforme el sistema universitario. Entre otras cosas, porque creen que con ella la Universidad perderá independencia y flexibilidad para adaptarse a nuevos tiempos. Su descontento tiene fechas de expresión: los sindicatos han convocado huelga general en la Universidad para el próximo 7 de noviembre. Y los estudiantes, el jueves siguiente, el 14. Antes, todos movilizarán concentraciones ante el Congreso el próximo 31 de octubre, cuando se debata la LOU en el pleno.

Del otro lado, el Ministerio de Educación defiende su proyecto, sólo públicamente apoyado por un manifiesto encabezado por el catedrático Gabriel Tortella y respaldado por unos 500 profesores. En palabras del secretario de Estado de Universidades, Julio Iglesias de Ussel, esta ley supera la 'prueba del algodón' frente a la anterior y permitirá 'un nuevo salto en la calidad del sistema'. Éstos son los argumentos de ambas partes:

Falta de debate'La ministra no viene aquí, ni habla con nosotros', plantea José Miguel Pérez. 'Ella tiene a un grupo de expertos, entre comillas, que deciden lo que hacer sin pedir opinión a nadie'. Este estudiante de Filosofía de 22 años apunta un sentimiento muy común: que el proyecto de reforma de la Universidad se ha hecho casi a espaldas de quienes deberán regirse por él. Y la LOU va a afectarles en cosas concretas: como, por ejemplo, en si los estudiantes participan en la decisión de las fechas de los exámenes o en si se acaba con la endogamia.

'Se ha dado poco margen a la recogida de sugerencias', sostiene también Fernando Lezcano, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, mayoritaria en representación sindical y con más presencia en cuanto a afiliación entre el personal no docente que entre el profesorado. 'Luego el ministerio ha sido incapaz de asumir las críticas', continúa, 'se han interpretado como una zancadilla. Y aunque han recogido algunas de nuestras observaciones en las enmiendas, lo cierto es que eran de sentido común u omisiones graves como la del acceso de los mayores de 25 años'.

La visión del secretario de Estado de Universidades es completamente opuesta. Iglesias de Ussel asegura que en el procedimiento de discusión de los borradores de la ley ha habido muchos encuentros informales con profesores, representantes de los estudiantes y sindicatos. Pero además se ha seguido el procedimiento formal, a través del Consejo de Universidades. 'Y no hay que olvidar que el procedimiento de discusión establecido para el Consejo se hizo por unanimidad de los rectores', señala. 'Ha habido decenas de horas de debate del borrador en sus aspectos sustanciales'.

Otra de las grandes diferencias está en el dinero con el que se abordará el nuevo sistema. 'Si quieren una ley nueva, que saquen un documento de financiación', apunta Roberto González, de 21 años y estudiante de Derecho. Cierto es que la LOU pasa de puntillas por la cuestión, aunque el Ministerio se escuda en que la financiación es competencia autonómica. 'A las comunidades les corresponden los recursos, pero hay una política de igualdad de oportunidades que pertenece a la Administración', matiza un portavoz de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que reúne a 66.

Iglesias pide tiempo. Argumenta que se ha incluido en el proyecto que el Consejo de Universidades elabore un modelo de financiación, que marque criterios básicos a las autonomías. 'Es conveniente que se nos dé un tiempo mínimo'.

Un modelo no es un plan de financiación. Y en la opinión de muchos de los consultados, la Universidad requiere de inversiones concretas para que la reforma se lleve a cabo. 'No se consigue más calidad en la enseñanza, sin poner un duro más', añade el portavoz de los rectores.

Un ejemplo son las becas y ayudas al estudio. Toda la comunidad universitaria coincide en que son insuficientes. Incluido el ministerio: 'Nunca diré que es un sistema óptimo', dice Iglesias. 'Pero hay un compromiso real de mejorar'. Y aporta datos: 'Entre el 2000 y el 2001 creció en un 12% el porcentaje en becas. Y entre el 2001 y el 2002 el presupuesto aumenta un 7,4%. Además, en años de descenso del número de estudiantes'.

Cifras poco tangibles para los principales afectados, los estudiantes. 'Es hipócrita que se tomen medidas como el distrito único [el libre acceso a todas las universidades] sin una política de becas. ¿Cuántos se pueden permitir estudiar fuera de su ciudad?', se pregunta Miguel Jiménez, del Sindicato de Estudiantes.

Entre los cambios específicos que propone la ley preocupa la supresión de la selectividad. El ministerio ha pasado de anunciar a los cuatro vientos que ésta desaparecerá a cambio de que se establezca un examen por Universidad, a afirmar que sólo se ha querido crear un marco jurídico para los exámenes específicos que ya existían -los de ingreso a carreras como Bellas Artes o INEF-. 'La Universidad tomará la decisión de establecer una prueba en los casos específicos en los que crea que es necesaria', explica el secretario de Estado. Pero el ministerio no ha aclarado si definitivamente se establecerá una prueba de reválida al final del Bachillerato.

'El modelo tiene trampas', sostiene Nerea Fernández, estudiante de Biológicas de 21 años. 'Crea universidades de primera con pruebas de difícil acceso y otras de segunda, que para atraerse estudiantes dejan el libre acceso'.

Otros alumnos se quejan de que el sistema favorece el nepotismo ('¿Cómo se controla que no haya enchufe? Ahora la nota de corte es meridiana, pero ¿cuáles serán los criterios para valorar los conocimientos?'); es irrealizable en la práctica ('Si ya cuesta que no coincidan exámenes de dos cursos, ¿cómo se va a evitar que todos tengan al menos la posibilidad de presentarse a los exámenes de las universidades de toda España?) y favorece un modelo elitista ('Las universidades jugarán a ser Harvard en un sistema público').

El ministerio no esconde que la LOU favorece la competencia entre universidades. De hecho introduce una Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, que servirá para medir la oferta universitaria: permitirá establecer un ranking de facultades.

Un sistema que no gusta a muchos por el carácter público de la enseñanza superior española. 'Eso fomenta una minoría con título de calidad y vulnera el la igualdad de oportunidades', dice un representante de los estudiantes en el Foro Estatal de Representantes de Universidades Públicas. En su opinión, el proyecto de ley se conforma con crear una élite para determinados sectores. 'No les interesa una formación universitaria para la sociedad, que ésta tenga capacidad de análisis, capacidad de debate o espíritu democrático'.

Pero la evaluación de universidades sí le parece bien a los rectores, como ha manifestado su presidente, Saturnino de la Plaza.

Lo que es polémica es la remodelación de los órganos de gobierno. Como el método de elección del rector, por sufragio universal ponderado. Los propios rectores se quejan de que el debate se ha presentado como si se resistieran a nuevas fórmulas. Y lo que piden es que la LOU abarque proyectos eficientes, pero diferentes. Es decir, se dé más libertad a cada universidad para elegir su modelo de gobierno en sus estatutos, sin imponer uno solo desde arriba.

Como argumento, el hecho de que las universidades son muy diferentes: no es lo mismo un campus repartido por diversas ciudades de toda una comunidad autónoma, como la Universidad de Castilla-La Mancha, que uno donde todas las facultades están en edificios próximos, como el de la Carlos III de Getafe (Madrid).

'Parece más democrático poder elegir directamente al rector', sostiene Santos Bolado, bibliotecario en la Universidad Complutense de Madrid. 'Pero el sistema anterior lo era más, porque había control del trabajo de cada representante. Éste tenía que dar explicaciones directas a los trabajadores. Ahora no hay posibilidad de pedir cuentas, porque muchas veces ni siquiera conoces al rector'. En una universidad pequeña al rector se le ve en la cafetería; en una grande puede ser un desconocido.

También preocupa que las campañas de los rectores atraigan intereses externos. Iglesias barre de un plumazo estos argumentos: 'Incluso en el actual sistema no hay ningún candidato a rector que no haga campaña en todos los sectores y centros'. Pero, además, rechaza injerencias externas: 'El sistema actual posibilita que esas injerencias queden clandestinas. Ahora cualquier intervención va a tener que ser manifiesta. Y se pagarán las consecuencias porque se apostará por otras candidaturas'.

Estudiantes y personal no docente también se quejan de que pierden presencia en los órganos de gobierno y que algunos de éstos tienen menos competencias. 'Por ejemplo, ahora la Junta de facultad pasa a ser consultiva', apunta un estudiante de Económicas. Esto supone que decisiones del día a día, como las fechas de exámenes, la apertura de las bibliotecas o la reforma de los planes de estudio ya no se deciden en estos órganos. No imponen su criterio, que queda en manos del decano. 'Pero es que además en la nueva ley se da la posibilidad de que éste sea designado por el rector', añade el portavoz de la CRUE.

Una de las novedades que más defiende el secretario de Estado es el sistema de ingreso de los docentes contratados. 'Ahora el profesor joven, para su promoción, depende de quien tiene al lado al 100%. La ley lo que le garantiza es que si no tiene armonía con su superior, su trabajo y su prestigio y su esfuerzo le lleven a los niveles que espera', argumenta. Se hará a través de un sistema de habilitación igual para todo el Estado que, según Iglesias, es como el que siguen el resto de funcionarios.

Pero no está claro que el sistema ayude a reducir la endogamia. 'La habilitación conlleva la trampa de que ni siquiera garantiza una plaza, porque tienes que volver a pasar una prueba en la Universidad donde quieras trabajar', afirma Jesús Esquinas, profesor de Matemáticas de la Complutense.

Será difícil que estas dos posturas lleguen a un acuerdo, aunque el Ministerio tiene las de ganar, porque su ley contará con el apoyo de la mayoría del PP en el Congreso. Los detractores de la ley consideran que, al menos, dejan constancia de que la LOU no les gusta.