El Tribunal de Estrasburgo pide al Gobierno que aclare el cierre de una farmacia

Nada menos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dependiente del Consejo de Europa y con sede en Estrasburgo, ha pedido explicaciones al Gobierno español en relación con el cierre de una farmacia. El motivo ha sido la demanda presentada por la farmacéutica María Isabel Gallego Zafra, que alega la vulneración del derecho a la propiedad. El Tribunal pidió al Gobierno que contestara antes del 25 de septiembre, pero el agente español en Estrasburgo, Javier Borrego, ha logrado que se amplíe el plazo hasta el 31 de octubre.

El origen de este caso fue la apertura de una oficina de farmacia en Murcia, en 1990, con autorización de la Consejería de Sanidad murciana, para atender a un núcleo de población superior a los 2.000 habitantes.

Las dos titulares de farmacias próximas a la abierta por Gallego impugnaron la resolución, que fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en aplicación de una ley de 1944. La farmacia hubo de cerrarse en 2000. Tanto el Supremo como el Constitucional rechazaron los recursos, por lo que Gallego demandó a España ante Estrasburgo, con argumentos como el de que había perdido su clientela de farmacia, por aplicación de una normativa 'auténtica reliquia del sistema de gremios del medievo [que] limita la apertura de negocios de farmacia en función de criterios de población y distancias que no existen en las restantes actividades profesionales'.

Protección a la clientela

La demandante razona que el derecho a la no discriminación en el disfrute de los bienes 'protege en este caso a la clientela farmacéutica frente a injerencias arbitrarias, injustas, desequilibradas o discriminatorias'.

Gallego revela que en los 10 años que tuvo abierta su farmacia conquistó una clientela, que perdió por aplicación de la obsoleta legislación española de farmacias, limitadora de las mismas en función de unas distancias determinadas y la instalación en ciertos núcleos de población.

La demanda, elaborada por el abogado José Luis Mazón, asegura que 'la verdadera razón de la pervivencia de estas limitaciones radica en la acción del poderoso lobby que han constituido en España los farmacéuticos instalados, esencialmente en defensa del lucro que genera el oligopolio de farmacias', frente a las decenas de miles de farmacéuticos sin farmacia que invocan en su favor 'el derecho a la no discriminación'.

Entre las preguntas que el Tribunal de Estrasburgo formula al Gobierno español figuran las siguientes: '¿La demandante ha sido privada de sus bienes por causa de utilidad pública? (...) Y si tal es el caso, ¿la injerencia era necesaria para reglamentar el uso de los bienes conforme al interés general?'; '¿Dispone la demandante de vías de recursos no ejercidos por ella, tendentes, en particular, a obtener una indemnización por la privación de sus bienes?'.