El Gobierno creará para los menores más conflictivos un reformatorio "de seguridad"

La situación de los reformatorios, en especial El Pinar (Fuencarral), que lleva unos meses de alta conflictividad, acapararon ayer buena parte del pleno de la Asamblea. La consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez, adelantó la creación de tres nuevos centros de internamiento para menores autores de delitos, con un total de 84 plazas, y anunció que la Comunidad ha nombrado un director propio en El Pinar (gestionado por una entidad privada). Los cuatro reformatorios que ya existen, con 75 plazas, están al 90% de su capacidad. Uno de los nuevos recintos, que empezará a construirse en 2002 aunque no está fijada la fecha de finalización, está considerado 'de seguridad' y costará 2.000 millones de pesetas.

Martínez no quiere ni oír hablar de que este futuro 'centro de seguridad', con 50 plazas ampliables a 100, vaya a ser una 'cárcel de adolescentes', ya que la Ley Penal del Menor (que entró en vigor el pasado 13 de enero y eleva a los 18 años la edad mínima para entrar en prisión) establece taxativamente el carácter educativo que deben tener las medidas en ella contempladas. La consejera definió el futuro reformatorio como un 'edificio fuerte, con una estructura contenedora y medidas de seguridad suficientes'. Estará destinado a los internos de mayor edad y de comportamiento más difícil.

'Lo que queremos evitar es que ocurra lo que está sucediendo en El Pinar. Allí ingresaron jóvenes que fueron excarcelados en enero y que, tras su experiencia penitenciaria, tienen un comportamiento muy difícil. Queremos un centro en el que no se puedan romper las paredes con una patada ni destrozar el mobiliario continuamente', ilustró Martínez. En los nueve meses de funcionamiento de El Pinar, el único de los cuatro reformatorios de la región regentado por una entidad privada (la asociación Cicerón), se han producido ya cuatro motines (el último, el pasado domingo), cinco fugas y otros tantos intentos.

Coger el timón

Los educadores de este centro han denunciado la 'falta de medios [infraestructura, material y proyecto educativo]' con la que trabajan, y tanto el Defensor del Pueblo como el del Menor han criticado, tras visitar el recinto, sus instalaciones y su gestión. Ayer mismo, el Gobierno regional decidió implantar una dirección propia en el centro para intentar coger su timón. Esta tarea correrá a cargo de Víctor García, que fue nombrado hace seis meses coordinador de todos los reformatorios madrileños (El Pinar; Renasco y El Madroño, en Carabanchel, y Altamira, de régimen semiabierto, en San Blas).

Desde la pasada primavera, en El Pinar, además de 40 educadores, trabajadores sociales y sanitarios contratados por Cicerón, hay tres técnicos del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF), dependiente del Ejecutivo regional.

Los otros dos centros de internamiento que serán abiertos son uno en régimen semiabierto en Carabanchel, con 10 plazas, que estará listo en junio de 2002, y otro cerrado, con 24 plazas, en diciembre de ese mismo año. Ambos se ubicarán en edificios de la Comunidad, que serán reformados para su nueva función, y se prevé que los gestionen también asociaciones privadas. El establecimiento cerrado tendrá un módulo dedicado a menores autores de delitos con problemas de salud mental. 'Estos centros permitirán la distribución de los menores según criterios de edad, características personales y conflictividad', detalló la consejera.

Además, en cumplimiento de la Ley, el Gobierno regional debe abrir antes de fin de año cuatro nuevos centros de día para menores autores de delitos (algo que ya anunció hace seis meses). En la actualidad existe uno, con 15 plazas, en la carretera de El Pardo, gestionado por la asociación Niño Jesús del Remedio. Estos centros, a los que los jóvenes acuden durante el día, se incluyen dentro de las medidas alternativas al internamiento que prevé la Ley Penal del Menor. La directora del IMMF, Esperanza García, explica que, en lo que va de año, 'los jueces apenas han ordenado estancias en centros de día, por lo que no ha habido problemas, pese a disponer sólo de 15 plazas'.

'Las medidas de internamiento aplicadas por los jueces han crecido un 31% en este año, pese a que todavía hay muchos expedientes sin resolver por el atasco de la Fiscalía de Menores', dice García. Para fin de año serán 115 las plazas en centros de día, todos ellos gestionados por asociaciones y empresas que trabajan en la educación de menores conflictivos.

La intervención parlamentaria de Martínez respondía a una interpelación de la diputada del PSOE, Elena Vázquez, sobre los convenios suscritos por la consejería para la aplicación de la Ley del Menor y, en concreto, el firmado con la asociación Cicerón para El Pinar. Vázquez relató los repetidos motines y fugas ocurridos en dicho centro y criticó su concesión a una entidad de reciente creación que, pese a estar obligada por ley a carecer de ánimo de lucro, se anunció en la prensa como 'empresa en expansión' y estaba sin registrar cuando el Gobierno regional le concedió la batuta del centro. 'La gestión de El Pinar es un desastre sin paliativos y usted, consejera, es la única responsable', afirmó la socialista.

María Luisa Sánchez Peral, de IU, pidió la dimisión de Pilar Martínez: 'En este tema tiene usted en contra a los defensores del Menor y del Pueblo, a la fiscalía y a los educadores del centro', le recordó la diputada.