Los centros concertados escolarizan sólo al 28% de los 38.000 inmigrantes

Entre 170 y 200 inmigrantes menores de 16 años se matriculan cada semana en la región. Y lo hacen 'mayoritariamente' en colegios e institutos públicos. Así lo reconoció ayer el nuevo consejero de Educación, Carlos Mayor Oreja, quien aseguró que los centros concertados escolarizaban tan sólo al 28% de los más de 38.000 inmigrantes que había a finales del curso pasado. Mayor adelantó que está tramitando una normativa autonómica que permita distribuir a los 53.000 inmigrantes previstos para este curso de forma más equitativa entre los centros públicos y los concertados.

'Estamos en el camino correcto porque hemos logrado invertir una tendencia', dijo Mayor en su primera comparecencia en la comisión parlamentaria de Educación de la Asamblea para exponer su programa. Según sus datos, los centros concertados (de titularidad privada pero subvencionados con dinero público) escolarizan cada vez a más inmigrantes: si en 1999 atendían al 20% (la escuela concertada tiene al 40% del alumnado de la región), el pasado curso llegaron al 28% de los más de 38.000 extranjeros escolarizados. Aún así, Mayor calificó este incremento de 'insuficiente' y reconoció la necesidad de que la escolarización sea más equilibrada en las dos redes sostenidas con fondos públicos.

El consejero afirmó además que se está produciendo un 'goteo continuo' de inmigrantes: entre 170 y 200 llegan cada semana a las comisiones de escolarización bucando un colegio. 'En una semana somos capaces de escolarizarlos a todos. Y tenemos que seguir siéndolo, con independencia de que se produzca una avalancha', apuntó Mayor, quien cifró en 53.000 los escolares extranjeros previstos para este curso. El director general de Centros Docentes, Pedro Irastorza, reconoció que la 'mayoría' de este alumnado, que llega cuando el curso ya ha empezado, acaba en un centro público.

Mayor anunció que está tramitando un nuevo decreto de escolarización para que la distribución de este alumnado se produzca de forma más equilibrada. Irastorza aclaró que esa normativa prevé un cupo para los inmigrantes, tanto en centros públicos como concertados, de tres vacantes por aula para el segundo ciclo de infantil y primaria (de tres a 12 años) y cuatro por aula para los de secundaria (de 13 a 16), frente a las cinco que contemplaban las instrucciones del presente curso.

La reserva caducará una vez que finalice el periodo ordinario de matriculación, tal y como ha ocurrido este curso, el segundo que se introdujo la reserva para los alumnos con necesidades educativas especiales. Para compensar la caducidad de plaza y para evitar que los centros concertados aleguen que están llenos cuando lleguen los inmigrantes a mitad de curso, Irastorza pretende autorizar hasta un 10% de aumento de ratio [número de alumnos por aula].

Lo que el nuevo equipo de Educación no ha querido modificar es uno de los aspectos que más reacciones adversas levanta entre los sindicatos y la oposición, dentro del Real Decreto elaborado por la entonces ministra Esperanza Aguirre en 1997 para la admisión de alumnos: el punto que los centros pueden otorgar, según su propio criterio, a la hora de valorar las solicitudes. Un punto que, según estos sectores, posibilita que los centros concertados 'seleccionen de forma encubierta a su alumnado'. Los concertados consideran este punto 'indispensable' para que puedan continuar en sus colegios los alumnos que han estudiado infantil cuando este nivel educativo no está subvencionado.

'Discriminación'

'En estos momentos ese punto es más discriminatorio que nunca, porque el tipo de alumnado ha cambiado de forma vertiginosa', señala Adolfo Navarro, portavoz socialista de Educación. 'Mantenerlo supone favorecer el desequilibrio de inmigrantes entre la escuela pública y la concertada', dijo el portavoz, quien también criticó con dureza que la reserva de plaza para inmigrantes caduque con el plazo ordinario de escolarización y no en diciembre. 'Al final, los inmigrantes llegan a mitad de curso y los concertados alegan que ya están llenos y que por eso han de irse a la pública', manifestó.

Su homólogo en IU, Franco González, también denunció que 'no todos los centros concertados quieren hacerse cargo de la población inmigrante'. 'A pesar de haber reserva de plaza luego andan regateando las vacantes que tienen que destinar y nunca les pasa nada', dijo.

La Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE), la asociación que representa mayoritariamente a los centros concertados, criticó que no ha recibido el borrador del futuro decreto. 'Esperamos que la normativa sea lo más rigurosa posible con el derecho de libre elección de centros que asiste a los padres', afirmó su secretario técnico, Emilio Díaz, quien aseguró que ese punto apenas tiene peso frente a los cuatro que premian tener hermanos en el centro o la proximidad del aspirante al colegio.

Por otra parte, Mayor anunció que destinará, en los presupuestos de 2002, unos 350 millones de pesetas para el plan experimental de apertura de los colegios los fines de semana y en vacaciones. Ha recibido 'propuestas en firme' tanto del Ayuntamiento de Madrid como de San Fernando de Henares, Coslada y Mejorada. La cantidad presupuestada serviría para abrir 116 centros, según Mayor, quien estimó en tres millones el coste por colegio que quiera acogerse al plan. Además, Educación destinará otros 700 millones de pesetas para que 347 centros de 56 municipios puedan programar actividades extraescolares por la tarde, dentro de un programa que lleva ya dos años.