21 entidades financieras niegan datos sobre morosos al Consistorio sevillano

El Ayuntamiento de Sevilla busca cualquier posible ingreso para paliar su difícil situación financiera. Una de las líneas de actuación prioritarias de la delegación municipal de Hacienda es la lucha contra los contribuyentes morosos, que deben 30.000 millones de pesetas a las arcas locales. Para localizarles y embargarles, el Consistorio solicitó en septiembre de 2000 sus datos bancarios a 26 entidades financieras. Sólo cinco han colaborado y sólo una de estas lo ha hecho por propia iniciativa. Hacienda prepara una multa de 8 millones contra Caja San Fernando y planea abrir expedientes a otros 20 bancos y cajas de ahorros.

La delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla que dirige el socialista Carmelo Gómez recuperó el año pasado la gestión pública del cobro de tributos municipales. Para ello creó la Agencia Municipal de Recaudación, destinada a mejorar la gestión de los impuestos locales y, sobre todo, a aclarar el listado de 141.000 contribuyentes morosos con los que cuenta el municipio, algunos con deudas pendientes desde 1985, e ingresar tantos millones como fuera posible de los 30.000 que, a priori, sumaba la lista de pendientes de cobro. Fuentes de la Agencia Municipal de Recaudación reconocen que se conformarían con salvar de esa cantidad entre 10.000 y 12.000 millones.

Con el objetivo de aclarar ese listado de morosos, localizarles y proceder al embargo de sus cuentas y bienes para satisfacer las deudas acumuladas, la Agencia Municipal de Recaudación se dirigió en septiembre de 2000 a 26 entidades financieras solicitándoles que cruzaran la relación de contribuyentes deudores con la de su clientela para localizar cuentas corrientes, fondos de inversión o jubilación, u otros activos financieros pertenecientes a los morosos.

De los bancos y cajas a los que se solicitó información, sólo Banco Pastor colaboró por propia iniciativa con el Ayuntamiento de Sevilla. Ante la pasividad de las entidades, la agencia de recaudación decidió abrir expediente en mayo de este año a cinco de ellas (Caja San Fernando, El Monte, Caja Madrid, Banesto y Banco de Andalucía), que habían mostrado una mejor disposición a colaborar en contactos previos pero que no se decidían a facilitar la información.

Tras la apertura del expediente, todas esas entidades accedieron a ofrecer la información solicitada a excepción de Caja San Fernando. Las reticencias de la caja de ahorros sevillana extrañó en la Agencia Municipal de Recaudación ya que un informe de los servicios jurídicos de la propia entidad reconocía la obligación de acceder a los requerimientos del Ayuntamiento.

Hartos de que Caja San Fernando les diese largas argumentando dificultades para la obtención de los datos requeridos y que los iría aportando poco a poco, los responsables de la agencia de recaudación proponen a finales de septiembre a Carmelo Gómez la imposición a la entidad financiera de una multa de ocho millones de pesetas por su falta de colaboración, una posibilidad que la Ley General Tributaria permite en caso de datos falseados u omitidos a la Administración.

La decisión final sobre la aplicación de la sanción propuesta se tomará a finales de este mismo mes, una vez agotado el plazo que Caja San Fernando tiene para presentar alegaciones, un derecho del que aún no ha hecho uso.

Tras la resolución del expediente abierto a la caja sevillana, fuentes de la Agencia Municipal de Recaudación confirmaron ayer que pronto pueden ser abiertos otros a las 20 entidades financieras que aún no han dicho palabra alguna en respuesta a la solicitud de colaboración de la Delegación de Hacienda.

Mientras, la Agencia Municipal de Recaudación continúa con su propósito de recuperar la mayor parte posible de los 30.000 millones de pesetas que se les adeudan. En lo que va de año ya han ordenado embargos por valor de 448 millones.